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Sobornan a Walmart México por 24 millones de dólares, revela NYT

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril.- Walmart habría ocultado un caso de corrupción vinculado a su filial mexicana, luego de que en 2005 se conociera el posible otorgamiento de sobornos para ayudar a impulsar la expansión de la compañía.

De acuerdo con el periódico The New York Times un abogado de Walmart de México habría alertado en 2005 a altos ejecutivos de la empresa en Estados Unidos acerca de los sobornos que estaría dando la cadena de tiendas a funcionarios de todo el país con la finalidad de obtener permisos para la construcción de sus nuevas unidades.

Desde las oficinas centrales de Walmart ubicadas en Bentonville, Arkansas, comenzaron una investigación interna que encontró que se habrían otorgado sobornos por 24 millones de dólares y que altos ejecutivos de la compañía en México hicieron esfuerzos para ocultar la información de las auditorias realizadas de manera regular por las oficinas centrales.

Una de las fuentes del periódico estadunidense es Sergio Cicero Zapata quien describió cómo organizó el pago de sobornos a funcionarios mexicanos siendo abogado de Walmart de México y antes de que renunciara a la compañía en 2004.

En una investigación interna detonada por las denuncias del propio Cicero Zapata se encontró que la realización de dichos pagos se efectuaba a través de dos abogados que fungían como gestores, Pablo Alegría Con Alonso y José Manuel Aguirre Juárez.

La investigación también mostró que uno de los gestores era socio en un despacho de la esposa del mismo Cicero Zapata.

No obstante, los pagos habrían sido siempre aprobados por altos ejecutivos de la compañía como el director jurídico de Walmart de México y Centroamérica, José Luis Rodríguez Macedo, quien la semana pasada se retiró del cargo.

En ese entonces la directora jurídica de Walmart a nivel internacional, Maritza Munich, lanzó una investigación independiente que encontró que los sobornos de Walmart de México se dispararon a partir de que en 2002 asumiera la dirección de la empresa Eduardo Castro-Wright, quien llegó a ser considerado para asumir la presidencial global de la compañía en 2009.

Castro Wright fue promovido a vicepresidente global y posteriormente ascendió a presidente de Walmart Stores en Estados Unidos.

La investigación se realizó de manera interna con un equipo de abogados de la empresa provenientes de Estados Unidos lo que generó una reacción adversa de Eduardo Solórzano que en ese entonces fungía como presidente ejecutivo y director general para Walmart de México.

Posteriormente se reporta que, el en ese entonces CEO de Walmart, Scott Lee, cambió los protocolos de las investigaciones internas lo que le daba más prerrogativas a los ejecutivos locales para supervisar las investigación.

El cambio en los lineamientos permitió que el control de la investigación pasara a manos del propio José Luis Rodríguez Macedo, director jurídico de Walmart de México, quien cerró la investigación en dos semanas concluyendo que no se dio el otorgamiento de sobornos y determinando que las donaciones que hizo la cadena de tiendas pudieron haber sido un fraude cometido por Sergio Cicero Zapata.

La dinámica y progreso de la investigación fue del conocimiento de Mike Duke, el actual presidente ejecutivo y director de Walmart a nivel global que en ese entonces se desempeñaba como presidente de las operaciones internacionales de la compañía.

Excélsior buscó a la cadena de tiendas en México y refirieron a un comunicado en inglés en el que expresan que: “Ante las acusaciones deThe New York Times, la cadena de autoservicios respondió que de ser ciertas no reflejan la actual cultura  corporativa de Walmart de México y Centroamérica”.

En el documento también se expresa que: “Wal-Mart Stores se defendió diciendo que el año pasado inició una revisión de las prácticas anticorrupción de todos los países en donde tiene operaciones”.

Afirmó que su filial Walmart de México y Centroamérica  está colaborando en la investigación y que la empresa se ha comprometido a cumplir con las leyes de todos los países en donde participa.

La compañía reconoce que desafortunadamente en este momento hay preguntas sin respuesta pero no desean decir más debido a que pondrían en riesgo la integridad de la investigación. 

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México

Senado prohíbe definitivamente las terapias de conversión en México

El pleno Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar de forma definitiva y a nivel nacional los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), también conocidas como terapias de conversión, las cuales han sido consideradas por organismos internacionales como un acto de tortura en contra de la comunidad LGBTQ+, ya que consisten en someter a las víctimas a abusos sexuales, electrochoques y hasta supuestos exorcismos, para que se se identifiquen como personas cisgénero heterosexuales.

Los senadores aprobaron prohibir los ECOSIG en México con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones durante una sesión que duró casi 12 horas, a un mes de que fue aprobada en la Cámara de Diputados y a seis años de que se presentó la iniciativa.

“Para prohibir y sancionar las llamadas terapias de conversión, conocidas como ECOSIG, se aprueba reformar, con 77 votos a favor, cuatro en contra y 15 abstenciones, el Código Penal Federal y la Ley General de Salud.

“Los ECOSIG son prácticas que han incentivado la violación de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+.”, escribió en redes sociales el Senado.

Tras la aprobación de las reformas, el Senado envió el documento al Ejecutivo Federal para que se realice el trámite correspondiente y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

¿Cómo se sancionarán las terapias de conversión en México?

De acuerdo con el Senado, quien realice las denominadas terapias de conversión o ECOSIG podrá ser sancionado con dos a seis años de prisión y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente sería una suma de entre 108 mil y 216 mil pesos.

Las reformas que adicionan un artículo 209 Quintus al Código Penal Federal y un artículo 465 Ter a la Ley General de Salud precisan que dichas sanciones se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.

No obstante, la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.

En el proyecto de decreto se establece que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere.

¿Los padres de familia podrán ser sancionados?

 

Sí, pero no de la misma forma. En el caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez.

De igual forma, cuando la persona autora tuviere para con la víctima una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; o se valga de la función pública para cometer el delito, también será castigada con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

¿Cómo se sancionará a profesionales de la salud?

 

Subrayó que las personas profesionales, técnicas, auxiliares de las disciplinas para la salud y relacionadas con las prácticas médicas que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona, serán sancionadas de acuerdo con el Código Penal Federal, y suspendidas en el ejercicio profesional, de uno a tres años.

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