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Opinión

NUESTRA SOCIEDAD ANTE LA VIOLENCIA Por Víctor Quintana

La misma acuciante pregunta se expresaba en diversas bocas: ¿qué más espera esta sociedad para reaccionar?  La interrogante se difundió por todos los corrillos durante las honras fúnebres de Javier Moya y Javier Salinas, el pasado viernes 20. ¿De verdad no ha reaccionado la sociedad civil chihuahuense y mexicana ante la violencia? Si lo ha hecho, ¿cómo ha sido su reacción?
No ha habido en este sexenio no hay una respuesta de la sociedad en bloque, multitudinaria a la violencia. Tal vez la acción mayoritaria sea la no respuesta: el  aguantar la violencia encogiéndose de hombros, no vaya a ser que le toque a uno. El miedo ambiente bloquea la libre manifestación.
Ahora bien, en los sectores y en los grupos que sí han articulado acciones lo primero que se echa de ver es la heterogeneidad, la atomización  y la falta de coordinación de las mismas. En segundo lugar, se observa  que casi todas las acciones de los diversos grupos de la sociedad civil tienen una orientación simbólico-expresiva: manifiestan un deseo profundo de paz, y un claro rechazo de la violencia, más general en unos grupos, más específicamente en otros.
Sin embargo, hay grupos que se quedan en lo meramente simbólico-expresivo: marchas por la paz, desfiles de niños, jornadas de oración, llevar símbolos en la ropa o en el vehículo, etc. Aquí las demandas son muy generales: la paz, el fin del baño de sangre. No se identifica con claridad al interlocutor a quien se hacen llegar dichas demandas. A pesar de que estas manifestaciones no van más allá de eso, que no exigen una acción o un compromiso continuados, no han logrado masificarse, sintonizarse en muy diversos lugares del país y convertirse en una expresión que obligue al Estado a cambiar su estrategia de guerra.
Hay otros grupos y segmentos sociales que, sin menoscabo de la orientación simbólico-expresiva de su acción, le asignan también un carácter funcional-instrumental. Es decir, con sus manifestaciones, además de hacer patente su rechazo a la violencia, buscan propósitos muy específicos. Aquí se abre una interesante variedad de acciones y objetivos: algunas y algunos periodistas y líderes de opinión han hecho excelentes denuncias, fundamentadas de los hechos de violencia criminal, de violencia de Estado, para sacudir y hacer pensar a la opinión pública. No pocos académicos han rastreado los orígenes sociales, económicos y culturales de las múltiples violencias que sufrimos y han hecho públicos sus hallazgos para proponer políticas públicas al respecto.
Organizaciones no gubernamentales, sobre todo de derechos humanos y de derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los niños, han desplegado una intensa actividad para atender a víctimas de las violencias. Las han acompañado a ellas y a sus deudos, han fungido como coadyuvantes en la administración de la justicia, han brindado apoyo psicológico, les han encontrado refugio, han emprendido programas de educación para la paz, han acudido a instancias de justicia locales, nacionales e internacionales. Son, sin duda, el sector de la sociedad civil con un compromiso más sistemático y más  continuo para atender a quienes sufren la violencia y prevenirla.
También emergen movimientos, algunos se dispersan como surgen, otros se convierten en coordinaciones u organizaciones más permanentes como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Las circunstancia, el contexto, los han hecho que a la dimensión simbólico-expresiva le agreguen demandas muy concretas de fin de la impunidad, de presentación de desaparecidos, de reformas legales, como la recién aprobada Ley de Víctimas, logro indudable del MPJD y de las organizaciones derechohumanistas.
Otra forma de respuesta civil a la violencia es la organización comunitaria para la autodefensa. Se da sobre todo en comunidades indígenas y rurales, un tanto apartadas o compactas, casi siempre en respuesta a agresiones externas. Es el caso de las policías comunitarias de Guerrero, o de Ostula y Cherán, en Michoacán. Esta forma de acción es tan amenazante para los agresores, que responden con el asesinato de dirigentes comunitarios, como acaba de suceder en Cherán y a fines de 2011 en Ostula.
Hay, pues, importantes sectores de la sociedad que responden efectivamente a las múltiples violencias que vivimos. Lo  hacen con mística, con valentía, con sabiduría, con técnica, incluso. Sin embargo, es hora que a nivel nacional o si quiera, en una región o ciudad de considerable tamaño, surja y se articule un movimiento u acción ciudadana masiva, contundente, certera en sus demandas y objetivos que haga que los diversos niveles de gobierno den el golpe de timón que urge dentro del mar de sangre que ahoga al país, sobre todo en algunas regiones.
¿Por qué es así? Porque los mismos factores que facilitan la violencia son los que impiden que la sociedad se manifieste unitaria, eficaz, contra ella. Como sociedad se nos ha atemorizado, se nos ha hecho creer que la única solución es la violencia legitimada del ejército o la policía. Porque se nos ha hecho descreer de nosotros mismos, de las organizaciones y de los dirigentes que nos damos. Seguimos esperando que caiga del cielo o de kryptón el caudillo impecable y perfecto que nos conduzca. La organización que esté por encima de toda sospecha de politización. Porque la mayor parte de nuestras concepciones sobre las acciones de resistencia o de protesta de otros son construidas por lo que los medios de comunicación dominantes quieren que pensemos.
Ante esto, no hay más que como sociedad creamos en nosotros mismos, que reconozcamos a los sectores y grupos que con valentía se han organizado y actuado ante la violencia, que emprendamos un gran esfuerzo conjunto por llevar a cabo el «desarme cultural» que legitima la violencia y por educarnos en la resistencia no violenta, que rehagamos los lazos entre nosotros, debatamos sin fracturarnos y privilegiemos lo que nos une.  La gran reacción ciudadana no se va a dar por más que la esperemos si no nos involucramos en construirla.  Los cómos los iremos viendo.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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