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NUESTRA SOCIEDAD ANTE LA VIOLENCIA Por Víctor Quintana

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La misma acuciante pregunta se expresaba en diversas bocas: ¿qué más espera esta sociedad para reaccionar?  La interrogante se difundió por todos los corrillos durante las honras fúnebres de Javier Moya y Javier Salinas, el pasado viernes 20. ¿De verdad no ha reaccionado la sociedad civil chihuahuense y mexicana ante la violencia? Si lo ha hecho, ¿cómo ha sido su reacción?
No ha habido en este sexenio no hay una respuesta de la sociedad en bloque, multitudinaria a la violencia. Tal vez la acción mayoritaria sea la no respuesta: el  aguantar la violencia encogiéndose de hombros, no vaya a ser que le toque a uno. El miedo ambiente bloquea la libre manifestación.
Ahora bien, en los sectores y en los grupos que sí han articulado acciones lo primero que se echa de ver es la heterogeneidad, la atomización  y la falta de coordinación de las mismas. En segundo lugar, se observa  que casi todas las acciones de los diversos grupos de la sociedad civil tienen una orientación simbólico-expresiva: manifiestan un deseo profundo de paz, y un claro rechazo de la violencia, más general en unos grupos, más específicamente en otros.
Sin embargo, hay grupos que se quedan en lo meramente simbólico-expresivo: marchas por la paz, desfiles de niños, jornadas de oración, llevar símbolos en la ropa o en el vehículo, etc. Aquí las demandas son muy generales: la paz, el fin del baño de sangre. No se identifica con claridad al interlocutor a quien se hacen llegar dichas demandas. A pesar de que estas manifestaciones no van más allá de eso, que no exigen una acción o un compromiso continuados, no han logrado masificarse, sintonizarse en muy diversos lugares del país y convertirse en una expresión que obligue al Estado a cambiar su estrategia de guerra.
Hay otros grupos y segmentos sociales que, sin menoscabo de la orientación simbólico-expresiva de su acción, le asignan también un carácter funcional-instrumental. Es decir, con sus manifestaciones, además de hacer patente su rechazo a la violencia, buscan propósitos muy específicos. Aquí se abre una interesante variedad de acciones y objetivos: algunas y algunos periodistas y líderes de opinión han hecho excelentes denuncias, fundamentadas de los hechos de violencia criminal, de violencia de Estado, para sacudir y hacer pensar a la opinión pública. No pocos académicos han rastreado los orígenes sociales, económicos y culturales de las múltiples violencias que sufrimos y han hecho públicos sus hallazgos para proponer políticas públicas al respecto.
Organizaciones no gubernamentales, sobre todo de derechos humanos y de derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los niños, han desplegado una intensa actividad para atender a víctimas de las violencias. Las han acompañado a ellas y a sus deudos, han fungido como coadyuvantes en la administración de la justicia, han brindado apoyo psicológico, les han encontrado refugio, han emprendido programas de educación para la paz, han acudido a instancias de justicia locales, nacionales e internacionales. Son, sin duda, el sector de la sociedad civil con un compromiso más sistemático y más  continuo para atender a quienes sufren la violencia y prevenirla.
También emergen movimientos, algunos se dispersan como surgen, otros se convierten en coordinaciones u organizaciones más permanentes como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Las circunstancia, el contexto, los han hecho que a la dimensión simbólico-expresiva le agreguen demandas muy concretas de fin de la impunidad, de presentación de desaparecidos, de reformas legales, como la recién aprobada Ley de Víctimas, logro indudable del MPJD y de las organizaciones derechohumanistas.
Otra forma de respuesta civil a la violencia es la organización comunitaria para la autodefensa. Se da sobre todo en comunidades indígenas y rurales, un tanto apartadas o compactas, casi siempre en respuesta a agresiones externas. Es el caso de las policías comunitarias de Guerrero, o de Ostula y Cherán, en Michoacán. Esta forma de acción es tan amenazante para los agresores, que responden con el asesinato de dirigentes comunitarios, como acaba de suceder en Cherán y a fines de 2011 en Ostula.
Hay, pues, importantes sectores de la sociedad que responden efectivamente a las múltiples violencias que vivimos. Lo  hacen con mística, con valentía, con sabiduría, con técnica, incluso. Sin embargo, es hora que a nivel nacional o si quiera, en una región o ciudad de considerable tamaño, surja y se articule un movimiento u acción ciudadana masiva, contundente, certera en sus demandas y objetivos que haga que los diversos niveles de gobierno den el golpe de timón que urge dentro del mar de sangre que ahoga al país, sobre todo en algunas regiones.
¿Por qué es así? Porque los mismos factores que facilitan la violencia son los que impiden que la sociedad se manifieste unitaria, eficaz, contra ella. Como sociedad se nos ha atemorizado, se nos ha hecho creer que la única solución es la violencia legitimada del ejército o la policía. Porque se nos ha hecho descreer de nosotros mismos, de las organizaciones y de los dirigentes que nos damos. Seguimos esperando que caiga del cielo o de kryptón el caudillo impecable y perfecto que nos conduzca. La organización que esté por encima de toda sospecha de politización. Porque la mayor parte de nuestras concepciones sobre las acciones de resistencia o de protesta de otros son construidas por lo que los medios de comunicación dominantes quieren que pensemos.
Ante esto, no hay más que como sociedad creamos en nosotros mismos, que reconozcamos a los sectores y grupos que con valentía se han organizado y actuado ante la violencia, que emprendamos un gran esfuerzo conjunto por llevar a cabo el «desarme cultural» que legitima la violencia y por educarnos en la resistencia no violenta, que rehagamos los lazos entre nosotros, debatamos sin fracturarnos y privilegiemos lo que nos une.  La gran reacción ciudadana no se va a dar por más que la esperemos si no nos involucramos en construirla.  Los cómos los iremos viendo.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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