Opinión
POLITICA (JUSTICIA) SOCIAL por FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
Si bien los Indicadores de Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentados y analizados durante la semana, arrojan algunos avances, resultados y hasta sugieren que se transita por buen camino, aún falta mucho para lograr las metas y superar los desafíos que implica esa injusticia social que significan la pobreza y la miseria.
Los datos son todavía inquietantes: en el país siguen en pobreza más de 53 millones de personas, de los cuales más de 11 y medio millones, casi el 10 por ciento de la población, sobrevive en condiciones de pobreza extrema.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto plantea, sin embargo, algunos cambios esperanzadores. En el contexto de la presentación de los datos del Coneval, los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, señalaron que programas como Progresa, del sexenio de Ernesto Zedillo, y Oportunidades, de la docena panista, sólo han sido “paliativos”.
En el caso específico de Chihuahua se han destacado, nacional y localmente, las cifras de la disminución de la pobreza, con una importante reducción de la pobreza extrema, aunque con la carencia alimentaria a la alza.
No es despreciable el avance, no son menores los resultados. Como lo dijo el Gobernador, César Duarte, en el evento oficial de presentación de los Indicadores de Pobreza, se marca un referente que motiva y se da un acicate para redoblar esfuerzos.
Ciertamente el pesimismo no es ni la solución, ni el camino o la vía para salir del atolladero, pero tampoco se trata de optimismos infundados o simulaciones basadas solamente en la estadística.
La pobreza sigue aquí, se enseñorea por todos lados. La miseria sigue dando cachetadas a los juarenses, a los chihuahuenses y a los mexicanos, no sólo a los pobres, sus víctimas, sino a todos.
Junto con las cifras y los indicadores técnicos debemos asumir los criterios humanos que exigen JUSTICIA SOCIAL, aún más que POLÍTICA SOCIAL sobre todo cuando se trata de la miseria entre nosotros, una miseria que tenemos que rechazar y abatir entre todos, como una labor permanente, diaria, constante y comprometida.
La pobreza extrema constituye una situación intolerable, que priva de las condiciones para una vida en dignidad y seguridad a cientos de miles de chihuahuenses, a millones de mexicanos y a más de mil millones de seres humanos en el mundo.
La pobreza es un problema fundamental, complejo y muchas veces mal comprendido, sobre todo cuando se lo reduce a una cuestión de ingresos o carencias materiales. Esta concepción generalizada respecto a la pobreza, determina que algunas de las acciones para combatirla tengan un sesgo sólo conduce a la reducción del problema, cuya supuesta solución se ubicaría únicamente en el crecimiento económico o en una mejor distribución de la riqueza.
Si bien las carencias materiales pueden ser el aspecto más expresivo de la pobreza extrema, la discriminación y la exclusión, es un error pensar que los pobres son sólo personas con carencias. El asunto tiene mucho más fondo: la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, constituyen una situación que destruye al ser humano, que mina sus capacidades para desarrollarse plenamente y en dignidad.
Así lo plantea el padre Joseph Wresinski: “Los más pobres nos la han señalado miles de veces: lo peor para el ser humano no es tener hambre o no saber leer, ni tampoco la falta de trabajo. La peor de las desgracias es tener conciencia de que no son tenidos en cuenta hasta tal punto que sus sufrimientos son ignorados. Lo peor es el desprecio de sus conciudadanos. Porque es el desprecio que los aparta de todo derecho, haciendo que el mundo abomine de su modo de vida y les impida ser reconocidos como seres dignos y capaces de tener responsabilidades. La mayor desgracia de la peor de las pobrezas, es ser un muerto en vida a lo largo de toda su existencia”.
El problema de la pobreza, visto como una cuestión de carencias, hace que los ciudadanos lo sintamos y lo veamos ajeno a nuestra responsabilidad. Peor aún, este esquema de pensamiento, lleva a culpabilizar a los pobres por su situación, a verlos como personas que no realizan los esfuerzos suficientes para salir de la pobreza. Y más grave, todavía, es criminalizar la pobreza y la miseria.
El decir “los pobres son pobres porque quieren”, una expresión más común de lo que se cree o espera, ha sido una de las más grandes injusticias que los más pobres han sufrido, porque con eso se niega la injusticia misma de la pobreza. Nadie es pobre porque quiere, sino porque se le han negado las condiciones básicas para desarrollar sus capacidades y para construir su propia existencia.
Continuamente la pobreza no se trata de una situación coyuntural, sino de personas y familias atadas a una situación de pobreza, miseria, explotación, discriminación y exclusión que trasciende su vida misma y se remonta incluso a generaciones anteriores. Este círculo vicioso de la miseria es sumamente difícil de romper.
La miseria, antes que las propias carencias materiales, es una VIOLACIÓN INTEGRAL A LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, una injusticia que como sociedad sustentada sobre el respeto a la persona humana no se puede tolerar, y si acaso trata de justificarse, entonces la miseria y la pobreza cuestionan los fundamentos mismos de la vida en sociedad.
Los datos técnicos, como los “indicadores de pobreza” del Coneval, y las investigaciones recientes en la materia han puesto en claro la necesidad de conceptuar adecuadamente el tema de la pobreza, desde la falta misma de posibilidades y de oportunidades que permitan a las personas tener una vida digna. Así, la pobreza se sitúa en el plano de la JUSTICIA SOCIAL.
Medir la pobreza, como lo hace el Coneval, resulta un ejercicio difícil. Sin embargo, calcularla desde un punto de vista cuantitativo, con indicadores definidos y criterios internacionalmente validados, es importante porque permite establecer un criterio de referencia lo que, a su vez, hace posible comparar las condiciones de diferentes grupos sociales y áreas, incluso en periodos diferentes.
Pero más allá de la posibilidad o imposibilidad de comparaciones, con cualquier indicador, el problema es que la pobreza tiene una multiplicidad de aspectos.
Eso implica que se pueden encontrar distintas definiciones de pobreza y, sobre todo, que tiene que ser definida basándose en la percepción de los pobres.
Se necesita, entonces, un cambio de perspectiva, para basar el diseño de políticas y programas en las prioridades identificadas por los «beneficiarios» mismos, con el «apoyo de», pero no «por» los profesionales y técnicos. Solamente de este modo es realmente posible reconocer las múltiples caras de la pobreza sin caer en el inevitable reductivismo, la estandarización y la consecuente simplificación que normalmente caracterizan los enfoques técnicos.
Desde ese punto de vista se debe fortalecer la capacidad de identificar las necesidades de los pobres, lo que significa darles espacios e instrumentos de expresión, apoyar mecanismos de autodeterminación, favorecer procesos orientados a reafirmar su autoestima y a convencerlos de su capacidad para guiar las intervenciones que los afectan.
Esto implica que las instituciones a las cuales corresponde el diseño y la realización de los programas para la superación de la pobreza, tienen que contar con profesionales con capacidad de involucrar directamente a los pobres en la producción de la información necesaria y en la búsqueda de las soluciones.
Así, la Declaración los Objetivos del Milenio de la ONU insiste: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1,000 millones de seres humanos”.
Los derechos humanos y la justicia social pueden parecer ideales remotos cuando individuos y familias están, en este momento, pasando hambre, o sin poder protegerse o proteger a sus familiares contra enfermedades evitables o asegurar a sus hijos una enseñanza básica.
Pero es necesario pensar la pobreza desde el enfoque de los derechos humanos y la justicia social, para actuar en consecuencia y resolver ese flagelo. Datos, cifras, avances, resultados, como los del Coneval, son sólo fases en la solución de un problema que si lo justificamos, toleramos o esquivamos, terminará por negarnos como seres humanos y como sociedad. ¡Hasta siem
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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