Opinión
POLITICA (JUSTICIA) SOCIAL por FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ
Si bien los Indicadores de Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentados y analizados durante la semana, arrojan algunos avances, resultados y hasta sugieren que se transita por buen camino, aún falta mucho para lograr las metas y superar los desafíos que implica esa injusticia social que significan la pobreza y la miseria.
Los datos son todavía inquietantes: en el país siguen en pobreza más de 53 millones de personas, de los cuales más de 11 y medio millones, casi el 10 por ciento de la población, sobrevive en condiciones de pobreza extrema.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto plantea, sin embargo, algunos cambios esperanzadores. En el contexto de la presentación de los datos del Coneval, los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, señalaron que programas como Progresa, del sexenio de Ernesto Zedillo, y Oportunidades, de la docena panista, sólo han sido “paliativos”.
En el caso específico de Chihuahua se han destacado, nacional y localmente, las cifras de la disminución de la pobreza, con una importante reducción de la pobreza extrema, aunque con la carencia alimentaria a la alza.
No es despreciable el avance, no son menores los resultados. Como lo dijo el Gobernador, César Duarte, en el evento oficial de presentación de los Indicadores de Pobreza, se marca un referente que motiva y se da un acicate para redoblar esfuerzos.
Ciertamente el pesimismo no es ni la solución, ni el camino o la vía para salir del atolladero, pero tampoco se trata de optimismos infundados o simulaciones basadas solamente en la estadística.
La pobreza sigue aquí, se enseñorea por todos lados. La miseria sigue dando cachetadas a los juarenses, a los chihuahuenses y a los mexicanos, no sólo a los pobres, sus víctimas, sino a todos.
Junto con las cifras y los indicadores técnicos debemos asumir los criterios humanos que exigen JUSTICIA SOCIAL, aún más que POLÍTICA SOCIAL sobre todo cuando se trata de la miseria entre nosotros, una miseria que tenemos que rechazar y abatir entre todos, como una labor permanente, diaria, constante y comprometida.
La pobreza extrema constituye una situación intolerable, que priva de las condiciones para una vida en dignidad y seguridad a cientos de miles de chihuahuenses, a millones de mexicanos y a más de mil millones de seres humanos en el mundo.
La pobreza es un problema fundamental, complejo y muchas veces mal comprendido, sobre todo cuando se lo reduce a una cuestión de ingresos o carencias materiales. Esta concepción generalizada respecto a la pobreza, determina que algunas de las acciones para combatirla tengan un sesgo sólo conduce a la reducción del problema, cuya supuesta solución se ubicaría únicamente en el crecimiento económico o en una mejor distribución de la riqueza.
Si bien las carencias materiales pueden ser el aspecto más expresivo de la pobreza extrema, la discriminación y la exclusión, es un error pensar que los pobres son sólo personas con carencias. El asunto tiene mucho más fondo: la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, constituyen una situación que destruye al ser humano, que mina sus capacidades para desarrollarse plenamente y en dignidad.
Así lo plantea el padre Joseph Wresinski: “Los más pobres nos la han señalado miles de veces: lo peor para el ser humano no es tener hambre o no saber leer, ni tampoco la falta de trabajo. La peor de las desgracias es tener conciencia de que no son tenidos en cuenta hasta tal punto que sus sufrimientos son ignorados. Lo peor es el desprecio de sus conciudadanos. Porque es el desprecio que los aparta de todo derecho, haciendo que el mundo abomine de su modo de vida y les impida ser reconocidos como seres dignos y capaces de tener responsabilidades. La mayor desgracia de la peor de las pobrezas, es ser un muerto en vida a lo largo de toda su existencia”.
El problema de la pobreza, visto como una cuestión de carencias, hace que los ciudadanos lo sintamos y lo veamos ajeno a nuestra responsabilidad. Peor aún, este esquema de pensamiento, lleva a culpabilizar a los pobres por su situación, a verlos como personas que no realizan los esfuerzos suficientes para salir de la pobreza. Y más grave, todavía, es criminalizar la pobreza y la miseria.
El decir “los pobres son pobres porque quieren”, una expresión más común de lo que se cree o espera, ha sido una de las más grandes injusticias que los más pobres han sufrido, porque con eso se niega la injusticia misma de la pobreza. Nadie es pobre porque quiere, sino porque se le han negado las condiciones básicas para desarrollar sus capacidades y para construir su propia existencia.
Continuamente la pobreza no se trata de una situación coyuntural, sino de personas y familias atadas a una situación de pobreza, miseria, explotación, discriminación y exclusión que trasciende su vida misma y se remonta incluso a generaciones anteriores. Este círculo vicioso de la miseria es sumamente difícil de romper.
La miseria, antes que las propias carencias materiales, es una VIOLACIÓN INTEGRAL A LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, una injusticia que como sociedad sustentada sobre el respeto a la persona humana no se puede tolerar, y si acaso trata de justificarse, entonces la miseria y la pobreza cuestionan los fundamentos mismos de la vida en sociedad.
Los datos técnicos, como los “indicadores de pobreza” del Coneval, y las investigaciones recientes en la materia han puesto en claro la necesidad de conceptuar adecuadamente el tema de la pobreza, desde la falta misma de posibilidades y de oportunidades que permitan a las personas tener una vida digna. Así, la pobreza se sitúa en el plano de la JUSTICIA SOCIAL.
Medir la pobreza, como lo hace el Coneval, resulta un ejercicio difícil. Sin embargo, calcularla desde un punto de vista cuantitativo, con indicadores definidos y criterios internacionalmente validados, es importante porque permite establecer un criterio de referencia lo que, a su vez, hace posible comparar las condiciones de diferentes grupos sociales y áreas, incluso en periodos diferentes.
Pero más allá de la posibilidad o imposibilidad de comparaciones, con cualquier indicador, el problema es que la pobreza tiene una multiplicidad de aspectos.
Eso implica que se pueden encontrar distintas definiciones de pobreza y, sobre todo, que tiene que ser definida basándose en la percepción de los pobres.
Se necesita, entonces, un cambio de perspectiva, para basar el diseño de políticas y programas en las prioridades identificadas por los «beneficiarios» mismos, con el «apoyo de», pero no «por» los profesionales y técnicos. Solamente de este modo es realmente posible reconocer las múltiples caras de la pobreza sin caer en el inevitable reductivismo, la estandarización y la consecuente simplificación que normalmente caracterizan los enfoques técnicos.
Desde ese punto de vista se debe fortalecer la capacidad de identificar las necesidades de los pobres, lo que significa darles espacios e instrumentos de expresión, apoyar mecanismos de autodeterminación, favorecer procesos orientados a reafirmar su autoestima y a convencerlos de su capacidad para guiar las intervenciones que los afectan.
Esto implica que las instituciones a las cuales corresponde el diseño y la realización de los programas para la superación de la pobreza, tienen que contar con profesionales con capacidad de involucrar directamente a los pobres en la producción de la información necesaria y en la búsqueda de las soluciones.
Así, la Declaración los Objetivos del Milenio de la ONU insiste: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1,000 millones de seres humanos”.
Los derechos humanos y la justicia social pueden parecer ideales remotos cuando individuos y familias están, en este momento, pasando hambre, o sin poder protegerse o proteger a sus familiares contra enfermedades evitables o asegurar a sus hijos una enseñanza básica.
Pero es necesario pensar la pobreza desde el enfoque de los derechos humanos y la justicia social, para actuar en consecuencia y resolver ese flagelo. Datos, cifras, avances, resultados, como los del Coneval, son sólo fases en la solución de un problema que si lo justificamos, toleramos o esquivamos, terminará por negarnos como seres humanos y como sociedad. ¡Hasta siem
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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