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POLITICA (JUSTICIA) SOCIAL por FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ

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Si bien los Indicadores de Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentados y analizados durante la semana, arrojan algunos avances, resultados y hasta sugieren que se transita por buen camino, aún falta mucho para lograr las metas y superar los desafíos que implica esa injusticia social que significan la pobreza y la miseria.

Los datos son todavía inquietantes: en el país siguen en pobreza más de 53 millones de personas, de los cuales más de 11 y medio millones, casi el 10 por ciento de la población, sobrevive en condiciones de pobreza extrema.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto plantea, sin embargo, algunos cambios esperanzadores. En el contexto de la presentación de los datos del Coneval, los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, señalaron que programas como Progresa, del sexenio de Ernesto Zedillo, y Oportunidades, de la docena panista, sólo han sido “paliativos”.

En el caso específico de Chihuahua se han destacado, nacional y localmente, las cifras de la disminución de la pobreza, con una importante reducción de la pobreza extrema, aunque con la carencia alimentaria a la alza.

No es despreciable el avance, no son menores los resultados. Como lo dijo el Gobernador, César Duarte, en el evento oficial de presentación de los Indicadores de Pobreza, se marca un referente que motiva y se da un acicate para redoblar esfuerzos.

Ciertamente el pesimismo no es ni la solución, ni el camino o la vía para salir del atolladero, pero tampoco se trata de optimismos infundados o simulaciones basadas solamente en la estadística.

La pobreza sigue aquí, se enseñorea por todos lados. La miseria sigue dando cachetadas a los juarenses, a los chihuahuenses y a los mexicanos, no sólo a los pobres, sus víctimas, sino a todos.

Junto con las cifras y los indicadores técnicos debemos asumir los criterios humanos que exigen JUSTICIA SOCIAL, aún más que POLÍTICA SOCIAL sobre todo cuando se trata de la miseria entre nosotros, una miseria que tenemos que rechazar y abatir entre todos, como una labor permanente, diaria, constante y comprometida.

La pobreza extrema constituye una situación intolerable, que priva de las condiciones para una vida en dignidad y seguridad a cientos de miles de chihuahuenses, a millones de mexicanos y a más de mil millones de seres humanos en el mundo.

La pobreza es un problema fundamental, complejo y muchas veces mal comprendido, sobre todo cuando se lo reduce a una cuestión de ingresos o carencias materiales. Esta concepción generalizada respecto a la pobreza, determina que algunas de las acciones para combatirla tengan un sesgo sólo conduce a la reducción del problema, cuya supuesta solución se ubicaría únicamente en el crecimiento económico o en una mejor distribución de la riqueza.

Si bien las carencias materiales pueden ser el aspecto más expresivo de la pobreza extrema, la discriminación y la exclusión, es un error pensar que los pobres son sólo personas con carencias. El asunto tiene mucho más fondo: la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, constituyen una situación que destruye al ser humano, que mina sus capacidades para desarrollarse plenamente y en dignidad.

Así lo plantea el padre Joseph Wresinski: “Los más pobres nos la han señalado miles de veces: lo peor para el ser humano no es tener hambre o no saber leer, ni tampoco la falta de trabajo. La peor de las desgracias es tener conciencia de que no son tenidos en cuenta hasta tal punto que sus sufrimientos son ignorados. Lo peor es el desprecio de sus conciudadanos. Porque es el desprecio que los aparta de todo derecho, haciendo que el mundo abomine de su modo de vida y les impida ser reconocidos como seres dignos y capaces de tener responsabilidades. La mayor desgracia de la peor de las pobrezas, es ser un muerto en vida a lo largo de toda su existencia”.

El problema de la pobreza, visto como una cuestión de carencias, hace que los ciudadanos lo sintamos y lo veamos ajeno a nuestra responsabilidad. Peor aún, este esquema de pensamiento, lleva a culpabilizar a los pobres por su situación, a verlos como personas que no realizan los esfuerzos suficientes para salir de la pobreza. Y más grave, todavía, es criminalizar la pobreza y la miseria.

El decir “los pobres son pobres porque quieren”, una expresión más común de lo que se cree o espera, ha sido una de las más grandes injusticias que los más pobres han sufrido, porque con eso se niega la injusticia misma de la pobreza. Nadie es pobre porque quiere, sino porque se le han negado las condiciones básicas para desarrollar sus capacidades y para construir su propia existencia.

Continuamente la pobreza no se trata de una situación coyuntural, sino de personas y familias atadas a una situación de pobreza, miseria, explotación, discriminación y exclusión que trasciende su vida misma y se remonta incluso a generaciones anteriores. Este círculo vicioso de la miseria es sumamente difícil de romper.

La miseria, antes que las propias carencias materiales, es una VIOLACIÓN INTEGRAL A LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, una injusticia que como sociedad sustentada sobre el respeto a la persona humana no se puede tolerar, y si acaso trata de justificarse, entonces la miseria y la pobreza cuestionan los fundamentos mismos de la vida en sociedad.

Los datos técnicos, como los “indicadores de pobreza” del Coneval, y las investigaciones recientes en la materia han puesto en claro la necesidad de conceptuar adecuadamente el tema de la pobreza, desde la falta misma de posibilidades y de oportunidades que permitan a las personas tener una vida digna. Así, la pobreza se sitúa en el plano de la JUSTICIA SOCIAL.

Medir la pobreza, como lo hace el Coneval, resulta un ejercicio difícil. Sin embargo, calcularla desde un punto de vista cuantitativo, con indicadores definidos y criterios internacionalmente validados, es importante porque permite establecer un criterio de referencia lo que, a su vez, hace posible comparar las condiciones de diferentes grupos sociales y áreas, incluso en periodos diferentes.

Pero más allá de la posibilidad o imposibilidad de comparaciones, con cualquier indicador, el problema es que la pobreza tiene una multiplicidad de aspectos.

Eso implica que se pueden encontrar distintas definiciones de pobreza y, sobre todo, que tiene que ser definida basándose en la percepción de los pobres.

Se necesita, entonces, un cambio de perspectiva, para basar el diseño de políticas y programas en las prioridades identificadas por los «beneficiarios» mismos, con el «apoyo de», pero no «por» los profesionales y técnicos. Solamente de este modo es realmente posible reconocer las múltiples caras de la pobreza sin caer en el inevitable reductivismo, la estandarización y la consecuente simplificación que normalmente caracterizan los enfoques técnicos.

Desde ese punto de vista se debe fortalecer la capacidad de identificar las necesidades de los pobres, lo que significa darles espacios e instrumentos de expresión, apoyar mecanismos de autodeterminación, favorecer procesos orientados a reafirmar su autoestima y a convencerlos de su capacidad para guiar las intervenciones que los afectan.

Esto implica que las instituciones a las cuales corresponde el diseño y la realización de los programas para la superación de la pobreza, tienen que contar con profesionales con capacidad de involucrar directamente a los pobres en la producción de la información necesaria y en la búsqueda de las soluciones.

Así, la Declaración los Objetivos del Milenio de la ONU insiste: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1,000 millones de seres humanos”.

Los derechos humanos y la justicia social pueden parecer ideales remotos cuando individuos y familias están, en este momento, pasando hambre, o sin poder protegerse o proteger a sus familiares contra enfermedades evitables o asegurar a sus hijos una enseñanza básica.

Pero es necesario pensar la pobreza desde el enfoque de los derechos humanos y la justicia social, para actuar en consecuencia y resolver ese flagelo. Datos, cifras, avances, resultados, como los del Coneval, son sólo fases en la solución de un problema que si lo justificamos, toleramos o esquivamos, terminará por negarnos como seres humanos y como sociedad. ¡Hasta siem

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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