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Denuncian Antorchistas protección al «pulpo camionero»

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México, DF.- El Movimiento Antorchista (Antorcha Campesina) a nivel nacional denunció en conferencias de prensa en todo el país que el Gobierno del Estado de México protege al pulpo camionero que encabeza Áxel García Aguilera; esto luego de que en días pasados, un grupo de vándalos y de gente armada agredió a transportistas independientes, destruyó y quemó sus unidades y amenazó de muerte trabajadores del volante.

El vocero nacional antorchista, Homero Aguirre Enríquez, señaló que la respuesta del gobierno mexiquense que encabeza el doctor Eruviel Ávila, es de oídos sordos y nula intervención ante las agresiones del zar del transporte. Como muestra puso de ejemplo la protesta de 30 mil personas que se realizó el martes 24 de abril en la ciudad de Toluca, en donde la única reacción que tuvo el gobierno estatal fue una ola de ataques mediáticos contra la organización social y contra los transportistas independientes.

Ante esto el Movimiento Antorchista comienza una campaña nacional para denunciar que el Secretario de Gobierno, Ernesto Némer Álvarez y Efrén Rojas Dávila, Subsecretario, así como Jaime Barrera Velázquez, Secretario estatal del Transporte y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aprueban y solapan las acciones gansteriles de Axel García; además exigen que el gobierno dé su posición, pero sobre todo ponga un freno a la arbitrariedad y al crimen protagonizados por el violento grupo que monopoliza el transporte mexiquense.

Asimismo la organización social, con presencia en toda el país, ha denunciado que las lesiones y amenazas de muerte a choferes y pasajeros; los robos, destrucción e incendio de unidades provocadas por el pulpo camionero a los trabajadores que pretenden laborar por su cuenta; las invasiones de ruta toleradas por el gobierno; las concesiones dadas a manos llenas a Áxel y su grupo (cuyo fabuloso número presume él, cada que puede) y negadas sin razón alguna a trabajadores independientes, han sido ignoradas por la autoridad judicial y política, a pesar existir pruebas contundentes que prueban la destrucción de unidades de transporte.

“La inconformidad que hay en el gremio transportista contra quienes los han regenteado abusivamente llegó a un límite como fruto necesario de la descomposición y caducidad de esa estructura corrompida del transporte público, que ya no funciona ni en lo económico ni en lo político. nuestra organización se ha a solidarizado con los trabajadores inconformes y ha decidido encabezarlos para que puedan trabajar como transportistas independientes”

El Movimiento Antorchista cree que hay un respaldo total del Gobierno del Estado de

México hacia el monopolio mexiquense del transporte, que se ha traducido en los oídos sordos que prestan los funcionarios a cualquier queja o demanda que altere su relación con ese grupo mafioso, que de inmediato acusa de recibido esa protección, se envalentona y arrecia sus ataques, como ocurrió menos de 24 horas después de la manifestación del martes 24 de abril, en donde unos tipos dispararon contra cuatro vehículos de trasportistas agrupados en la empresa Autotransportes México-Zumpango S.A de C.V., robaron a los pasajeros e hirieron de bala a uno de ellos y amenazaron a los choferes, al grito de “bájenle de h… porque si no, van a valer madres”, todo lo cual fue denunciado y consta en las carpetas de investigación 493500210098112 y 4935108338712, iniciadas respectivamente en los municipios de Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli”; de esto, no hay ningún detenido.

Finalmente, la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista, a través de su vocero, señaló que no abandonarán a su suerte a los transportistas que han buscado la solidaridad, “vamos a redoblar las acciones hasta que haya una respuesta justiciera a sus peticiones, y como primer paso será la realización de una marcha con 50 mil antorchistas para el día 8 de mayo, en la capital del Estado de México.

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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