Durante los últimos meses, la Reforma Educativa propuesta e impulsada por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, ha sido motivo de profundo análisis y ha generado reacciones diversas, que van desde el beneplácito de amplios sectores hasta los desacuerdo de algún segmento del magisterio.
Sin embargo, un consenso generalizado se da en torno a la urgente necesidad de mejorar la calidad del servicio educativo y de ampliar las oportunidades de acceso, de inclusión y permanencia de las niñas, niños y jóvenes a todos los niveles educativos; como lo hemos hecho desde el Gobierno del Estado llevando a todas las regiones más y mejores oportunidades y espacios educativos.
Por ello, manifestando en primer término un profundo respeto a la vida interna de la organización sindical de los trabajadores de la educación y al derecho que como trabajadores tienen de manifestar sus ideas y a luchar por sus causas, se les hace un llamado a quienes están en desacuerdo con algunos aspectos de la mencionada Reforma Educativa, a que sus formas de expresar tal situación no interfieran con la prestación del servicio educativo.
Como toda reforma, la actual va a motivar algunos cambios, se trata de romper con algunas inercias, pero de ninguna forma se busca perjudicar a uno de los sectores más comprometidos con el bienestar y el desarrollo del Estado y del País, como son nuestros Maestros y Maestras.
Las leyes aprobadas garantizan el respeto a los derechos constitucionales adquiridos por los trabajadores de la educación, se premia, se promueve y se estimula a los mejores y en contraparte se sanciona a quien no cumple, esto de ninguna manera es nuevo, ni tiene porque entenderse como una pérdida de derechos; en todo caso, puede verse como una forma de acabar con privilegios de una ínfima minoría que no respondan a sus alumnos y alumnas, ni honren la confianza de las y los chihuahuenses.
El magisterio de Chihuahua, como el resto de sus habitantes, se caracteriza por su espíritu de lucha; lo adverso de nuestro medio geográfico así nos ha forjado, esa misma adversidad nos ha enseñado a cuidar y querer lo que tenemos.
Y nuestro patrimonio más valioso es el presente y el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes.
Para garantizarles a ellos el disfrute del derecho a una educación de calidad, todos estamos obligados a cumplir con nuestra responsabilidad: las familias a enviar a sus hijos a la escuela y apoyarlos; los maestros a atenderlos con calidez y calidad y el gobierno a garantizar la prestación del servicio en las mejores condiciones. Cumplamos con ellos.
Redacción: Corina Muruato
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