Luego de haber negado en dos ocasiones la ratificación al magistrado José Carlos Flores Silva, ayer fue ratificado y declarado inamovible por el Congreso del Estado, tras la presentación de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte del abogado, quien deberá ser reinstalado en la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pese a que su lugar ya es ocupado por la magistrada Delia Holguín López.

Además, el magistrado deberá recibir los sueldos y prestaciones que se le suspendieron desde junio de 2011, cuando el Legislativo negó la ratificación sin argumentar las razones de su decisión, suma que a decir del jurista alcanza cerca de 3 millones de pesos.

En la sesión extraordinaria del Congreso, los diputados aprobaron por mayoría la ratificación de Flores Silva, luego de que el caso llegara hasta la SCJN, por el reclamo del magistrado, quien obtuvo el amparo de la justicia desde octubre de 2012, pero aún así en una segunda votación se le negó ese beneficio, que lo convierte en inamovible, de acuerdo con las leyes vigentes.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, integrada por los coordinadores de cada fracción del Congreso del Estado, emitió un dictamen con el fin de derogar los decretos que con anterioridad había emitido el Legislativo, mediante los cuales rechazaba la ratificación de Flores Silva, propuesta que fue aprobada por mayoría de 27 votos contra 3.

El 16 de junio de 2011, el Legislativo, constituido en Colegio Electoral, realizó la votación por cédula del dictamen presentado por la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, que proponía la ratificación del magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; el resultado de la votación fue la no aprobación del dictamen votado y por ende la no ratificación, para lo cual se expidió el Decreto 340/2011.

Flores Silva promovió un juicio de amparo que fue resuelto a su favor en la sentencia 433/2012, emitida por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó al Congreso dejara insubsistente esa decisión y emitiera una nueva sobre la ratificación o no ratificación del peticionario de garantías debidamente fundada y motivada.

En cumplimiento de dicha ejecutoria, el pleno en la sesión de fecha cinco de marzo del 2013, decretó la derogación de su primera decisión y pidió a la Comisión Primera de Gobernación para que analizara y formulara una propuesta de reforma al artículo 185-e de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De nueva cuenta, el Legislativo rechazó la ratificación mediante el decreto 1230/2013, por lo que de nuevo Flores Silva recurrió a la justicia federal, con una inconformidad y un incidente de inejecución de sentencia, al considerar que el Legislativo no había cumplido a cabalidad en los términos señalados por la Segunda Sala de la SCJN.

«Esta soberanía recibió requerimientos de fechas 15 y 22 de marzo del año en curso, emitidos por el Juzgado Segundo de Distrito y 8 de abril del mismo año, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, ambos del Decimoséptimo Circuito, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio de Amparo promovido por el Magistrado no ratificado», señala el dictamen emitido por la JCP en la exposición de motivos.

Debido a esos requerimientos y a unos días de que el incumplimiento reclamado se analizara en el pleno de la corte suprema, los legisladores determinaron derogar el último decreto mediante el cual no se ratificaba al magistrado y emitir uno «debidamente fundado y motivado», para ahora sí ratificar al juzgador, quien deberá presentarse a sus labores en el Supremo Tribunal de Justicia.

Sin embargo, la Cuarta Sala Penal del STJ, de la cual era titular hasta junio de 2011, ya es ocupada por la magistrada Delia Holguín, quien asumió el cargo el 9 de agosto, luego de ser electa de una terna, en la que participaron Rogelio Guzmán Holguín y Norma Araceli Velasco Carrasco.

Fuentes extraoficiales del Supremo Tribunal de Justicia aseguraron que para resolver esta situación, Flores Silva presentará su renuncia hoy mismo, para retirarse de la judicatura, con sus derechos a salvo y la reposición de los salarios caídos, dado que confirmaron un acuerdo político entre el magistrado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para resolver el problema y a la vez se suspenda la queja que actualmente se encuentra en la Suprema Corte de Justicia.

Fuente: Heraldo de Chihuahua.