Opinión
ismael y manuelita: las primeras victimas por VICTOR M. QUINTANA
ISMAEL Y MANUELITA: LAS PRIMERAS AGUAS
Por: Víctor M. Quintana S.
Nadie se imaginó que el año posterior al asesinato de Ismael Solorio y de su esposa Manuelita Solís iba a ser tan llovedor. Como si el sepultar a esta pareja de luchadores fuera sembrar lluvias en estas sierras sufrientes y resecas.
Nunca imaginaron quienes desearon o planearon la artera muerte de ellos, que estaban cavando la tumba de procesos de despojo; que depositaban la semilla de la lucha en gente que antes tenía miedo de luchar, que fertilizaban las ganas de combatir de quienes llevan años combatiendo, que abrirían dos huecos muy difíciles de llenar, pero de ahí saldría, adolorida, pero incansable, la rabia justiciera y actuante de toda una familia: hijos, hermanos, hermanas, madres, padres.
Pocas muertes tan fecundas como las de Ismael y Manuelita, pero, por desgracia, también tan impunes. Porque de los autores intelectuales del doble asesinato de aquel lunes 22 de octubre de 2012 siguen por ahí conspirando, socavando sin castigo. Ninguno ha sido detenido, siquiera señalado. En enero pasado se anunció el abatimiento “casual” del fabricado como villano favorito y autor material del crimen, “el chorrias”, en un supuesto enfrentamiento con la policía, pero el mismo gobernador reconoció que esto no constituía un acto de justicia.
A pesar de la impunidad persistente, el sacrificio de Ismael y de Manuelita ha reforzado un movimiento que en menos de un año ha tenido muy importantes logros:
El ejido Benito Juárez, Buenaventura, ante el asesinato de sus hermanos superó sus diferencias: un solo llanto, un solo homenaje el día del funeral, una sola indignación. Tres semanas después, la asamblea ejidal rechazó por unanimidad el establecimiento y la operación de la minera El Cascabel en las tierras ejidales y le ordenó retirar el equipo de la comunidad.
La unidad lograda se refrendó al elegir a la nueva directiva del ejido: en primera convocatoria se decidió por una comisariado y un consejo de vigilancia de gente integrante del movimiento en defensa del agua y del territorio. Y se avanzó más: en el proceso electoral local de este año, el ejido propuso como candidato a alcalde a uno de los suyos, comprometido con la lucha. Tomaron el registro partidario que pudieron y tuvieron tanto arrastre en todo el municipio de Buenaventura, que el PRI tuvo que acudir a lo más granado de sus acarreos y compra de votos para poder derrotarlos en los números finales, no en la presencia entre la ciudadanía. También se logró que algunos integrantes del movimiento por la defensa del agua, fueran elegidos como autoridades del módulo de riego de la región.
Punto de quiebre en la correlación de fuerzas políticas fue la cabalgata emprendida a principios de febrero de este año desde Benito Juárez que, conjuntamente con las marchas desde Cuauhtémoc a la capital del estado por varias comunidades serranas constituyeron “Las Jornadas por la Justicia”. La presencia de los campesinos barzonistas y de las comunidades indígenas, reivindicando sus territorios, sus aguas, sus recursos naturales, denunciando la impunidad fue un gancho al hígado para un gobernador que se aprestaba al carro completo en las elecciones. El Palacio de Gobierno que el propio r Duarte había definido como “el búnker de los campesinos” se convirtió en “búnker del gobernador” cuando aquellos tuvieron que entrar en él a caballo ante la cerrazón del Ejecutivo. Tal vez ahí comenzó el desbarrancamiento de la precaria popularidad de éste ante los chihuahuenses: de ahí a los cuestionamientos abiertos, a los abucheos, a la bunkerización de todo acto público.
Los poderes de gobierno del estado, de la empresa minera Mag Silver, de los agricultores depredadores de agua no se cruzaron de brazos: ´ primero impugnaron la decisión del ejido ante el Tribunal Agrario pero ahí también fueron derrotados. Siempre han buscado criminalizar la lucha de la comunidad de Benito Juárez. Incluso la minera presentó una injustificada y desproporcionada demanda por daños que asciende a 40 millones de dólares porque se le sacó su equipo del ejido. Por otro lado, los nuevos delegados de las dependencias federales, han establecido un veto de hecho contra los productores de Benito Juárez al excluirlos de los diversos programas de apoyo al campo.
Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 12 dirigentes barzonistas para garantizar su seguridad en el contexto de la lucha en defensa del río del Carmen y por la salida de la minera de sus tierra. No hay que olvidar que Chihuahua sigue siendo uno de los tres estados más peligrosos para las y los defensores de derechos humanos.
A pesar de todo, la lucha de los compañeros y compañeras de Ismael y Manuelita ha rendido frutos ya muy significativos: en marzo pasado, en el marco del Día Mundial del Agua, el titular del Ejecutivo Federal firmó el acuerdo que, a través de una veda provisional suspende y prohíbe la perforación de pozos en las zonas denominadas como “de libre alumbramiento”, es decir, aquellas en que los usuarios no tenían que pedir permiso para perforar, sino sólo informar a las autoridades. Ahora se requiere la autorización, expresa, legal, sustentada y documental por parte de la Comisión Nacional del Agua. Además, el acuerdo obliga a Conagua a reglamentar el vital líquido que se extrae cada año de los acuíferos para que no sobrepase la disponibilidad de recarga anual de éstos.
También el movimiento logró terminar con los aprovechamientos ilegales del agua del río del Carmen para riego. Se iniciaron procedimientos contra los pozos ilegales, aunque no ha habido ejecución de muchos de ellos. Y la PGR desmanteló la infraestructura de riego en los predios más representativos y simbólicos de los agricultores piratas de las aguas subterráneas.
El movimiento de las y los campesinos de Benito Juárez ha empezado a contagiar, a inspirar. Primero a otras regiones de Chihuahua: El Sauz, Jiménez, Camargo; muy recientemente a las ciudadanas y ciudadanos que defienden el río Casas Grandes. Sus ecos resuenan en las movilizaciones norteñas en defensa del agua, como la orgullosa batalla de los yaquis para impedir que les quiten su agua para llevársela a Hermosillo.
En el sacrificio de Ismael y Manuelita se condensaron como en las semillas, el presente y el futuro de dos de las principales vertientes de los movimientos sociales indígenas y rurales de México y América Latina: el movimiento de defensa de los territorios contra la minería a cielo abierto, y el movimiento por la defensa del agua. Por eso, la muerte de ellos hace un año fue como las primeras aguas que caen en el desierto: de inmediato hizo aparecer renuevos, brotes de lucha, floraciones de acciones colectivas de las comunidades que combaten con y por su dignidad.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
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