ISMAEL Y MANUELITA: LAS PRIMERAS AGUAS

Por: Víctor M. Quintana S.

Nadie se imaginó que el año posterior al asesinato de Ismael Solorio y de su esposa Manuelita Solís iba a ser tan llovedor. Como si el sepultar a esta pareja de luchadores fuera sembrar lluvias en estas sierras sufrientes y resecas.

Nunca imaginaron quienes desearon o planearon la artera muerte de ellos,  que estaban cavando la tumba de procesos de despojo; que depositaban la semilla de la lucha en gente que antes tenía miedo de luchar, que fertilizaban las ganas de combatir de quienes llevan años combatiendo, que abrirían dos huecos muy difíciles de llenar, pero de ahí saldría, adolorida, pero incansable, la rabia justiciera y actuante de toda una familia: hijos, hermanos, hermanas, madres, padres.

Pocas muertes tan fecundas como las de Ismael y Manuelita, pero, por desgracia, también tan impunes.  Porque de los autores intelectuales del doble asesinato de aquel lunes 22 de octubre de 2012 siguen por ahí conspirando, socavando sin castigo. Ninguno ha sido detenido, siquiera señalado. En enero pasado se anunció el abatimiento “casual” del fabricado como villano favorito y autor material del crimen, “el chorrias”, en un supuesto enfrentamiento con la policía, pero el mismo gobernador reconoció que esto no constituía un acto de justicia.

A pesar de la impunidad persistente,  el sacrificio de Ismael y de Manuelita ha reforzado un movimiento que en menos de un año ha tenido muy importantes logros:

El ejido Benito Juárez, Buenaventura, ante el asesinato de sus hermanos superó sus diferencias: un solo llanto, un solo homenaje el día del funeral, una sola indignación. Tres semanas después, la asamblea ejidal rechazó por unanimidad el establecimiento y la operación de la minera El Cascabel  en las tierras ejidales y le ordenó retirar el equipo de la comunidad.

La unidad lograda se refrendó al elegir a la nueva directiva del ejido: en primera convocatoria se decidió por una comisariado y un consejo de vigilancia de gente integrante del movimiento en defensa del agua y del territorio. Y se avanzó más: en el proceso electoral local de este año,  el ejido propuso como candidato a alcalde a uno de los suyos, comprometido con la lucha. Tomaron el registro partidario que pudieron y tuvieron tanto arrastre en todo el municipio de Buenaventura, que el PRI tuvo que acudir a lo más granado de sus acarreos y compra de votos para poder derrotarlos en los números finales, no en la presencia entre la ciudadanía. También  se logró que algunos integrantes del movimiento por la defensa del agua, fueran elegidos como  autoridades del módulo de riego de la región.

Punto de quiebre en la correlación de fuerzas políticas fue la cabalgata emprendida a principios de febrero de este año desde Benito Juárez que, conjuntamente con las marchas desde Cuauhtémoc a la capital del estado por varias comunidades serranas constituyeron “Las Jornadas por la Justicia”.  La presencia de los campesinos barzonistas y de las comunidades indígenas, reivindicando sus territorios, sus aguas, sus recursos naturales, denunciando la impunidad fue un gancho al hígado para un gobernador que se aprestaba al carro completo en las elecciones. El Palacio de Gobierno que el propio r Duarte había definido como “el búnker de los campesinos” se convirtió en “búnker del gobernador” cuando aquellos tuvieron que entrar en él a caballo ante la cerrazón del Ejecutivo. Tal vez ahí comenzó el desbarrancamiento de la precaria popularidad de éste ante los chihuahuenses: de ahí a los cuestionamientos abiertos, a los abucheos, a la bunkerización de todo acto público.

Los poderes de gobierno del estado, de la empresa minera Mag Silver, de los agricultores depredadores de agua no se cruzaron de brazos: ´ primero impugnaron la decisión del ejido ante el Tribunal Agrario pero ahí también fueron derrotados. Siempre  han buscado criminalizar la lucha de la comunidad de Benito Juárez. Incluso la minera presentó una injustificada y desproporcionada demanda por daños que asciende a 40 millones de dólares porque se le sacó su equipo del ejido. Por otro lado, los nuevos delegados de las dependencias federales, han establecido un veto de hecho contra los productores de Benito Juárez al excluirlos de los diversos programas de apoyo al campo.

Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 12 dirigentes barzonistas para garantizar su seguridad en el contexto de la lucha en defensa del río del Carmen y por la salida de la minera de sus tierra. No hay que olvidar que Chihuahua sigue siendo uno de los tres estados más peligrosos para las y los defensores de derechos humanos.

A pesar de todo, la lucha de los compañeros y compañeras de Ismael y Manuelita ha rendido frutos ya muy  significativos: en marzo pasado, en el marco del Día Mundial del Agua, el titular del Ejecutivo Federal firmó el acuerdo que, a través de una veda provisional suspende y prohíbe la perforación de pozos en las zonas denominadas como “de libre alumbramiento”, es decir, aquellas en que los usuarios no tenían que pedir permiso para perforar, sino sólo informar a las autoridades. Ahora se requiere la autorización, expresa, legal, sustentada y documental por parte de la Comisión Nacional del Agua. Además, el  acuerdo obliga a Conagua a reglamentar el vital líquido  que se extrae cada año de los acuíferos para que no sobrepase la disponibilidad de recarga anual de éstos.

También el movimiento logró terminar con los aprovechamientos ilegales del agua del río del Carmen para riego. Se iniciaron procedimientos contra los pozos ilegales, aunque no ha habido ejecución de muchos de ellos. Y la PGR desmanteló la infraestructura de riego en los predios más representativos y simbólicos de los agricultores piratas de las aguas subterráneas.

El movimiento de las y los campesinos de Benito Juárez ha empezado a contagiar, a inspirar. Primero a otras regiones de Chihuahua: El Sauz, Jiménez, Camargo; muy recientemente a las ciudadanas y ciudadanos que defienden el río Casas Grandes. Sus ecos resuenan en las movilizaciones norteñas en defensa del agua, como  la orgullosa batalla de los yaquis para impedir que les quiten su agua para llevársela a Hermosillo.

En el sacrificio de Ismael y Manuelita se condensaron como en las semillas, el presente y el futuro de dos de las principales vertientes de los movimientos sociales  indígenas y rurales de  México y América Latina: el movimiento de defensa de los territorios contra la minería a cielo abierto, y el movimiento por la defensa del agua. Por eso, la muerte de ellos hace un año fue como las primeras aguas que caen en el desierto:   de inmediato hizo aparecer renuevos, brotes de lucha, floraciones de acciones colectivas de las comunidades que combaten con y por su dignidad.