Conecta con nosotros

Opinión

ismael y manuelita: las primeras victimas por VICTOR M. QUINTANA

Published

on

ISMAEL Y MANUELITA: LAS PRIMERAS AGUAS

Por: Víctor M. Quintana S.

Nadie se imaginó que el año posterior al asesinato de Ismael Solorio y de su esposa Manuelita Solís iba a ser tan llovedor. Como si el sepultar a esta pareja de luchadores fuera sembrar lluvias en estas sierras sufrientes y resecas.

Nunca imaginaron quienes desearon o planearon la artera muerte de ellos,  que estaban cavando la tumba de procesos de despojo; que depositaban la semilla de la lucha en gente que antes tenía miedo de luchar, que fertilizaban las ganas de combatir de quienes llevan años combatiendo, que abrirían dos huecos muy difíciles de llenar, pero de ahí saldría, adolorida, pero incansable, la rabia justiciera y actuante de toda una familia: hijos, hermanos, hermanas, madres, padres.

Pocas muertes tan fecundas como las de Ismael y Manuelita, pero, por desgracia, también tan impunes.  Porque de los autores intelectuales del doble asesinato de aquel lunes 22 de octubre de 2012 siguen por ahí conspirando, socavando sin castigo. Ninguno ha sido detenido, siquiera señalado. En enero pasado se anunció el abatimiento “casual” del fabricado como villano favorito y autor material del crimen, “el chorrias”, en un supuesto enfrentamiento con la policía, pero el mismo gobernador reconoció que esto no constituía un acto de justicia.

A pesar de la impunidad persistente,  el sacrificio de Ismael y de Manuelita ha reforzado un movimiento que en menos de un año ha tenido muy importantes logros:

El ejido Benito Juárez, Buenaventura, ante el asesinato de sus hermanos superó sus diferencias: un solo llanto, un solo homenaje el día del funeral, una sola indignación. Tres semanas después, la asamblea ejidal rechazó por unanimidad el establecimiento y la operación de la minera El Cascabel  en las tierras ejidales y le ordenó retirar el equipo de la comunidad.

La unidad lograda se refrendó al elegir a la nueva directiva del ejido: en primera convocatoria se decidió por una comisariado y un consejo de vigilancia de gente integrante del movimiento en defensa del agua y del territorio. Y se avanzó más: en el proceso electoral local de este año,  el ejido propuso como candidato a alcalde a uno de los suyos, comprometido con la lucha. Tomaron el registro partidario que pudieron y tuvieron tanto arrastre en todo el municipio de Buenaventura, que el PRI tuvo que acudir a lo más granado de sus acarreos y compra de votos para poder derrotarlos en los números finales, no en la presencia entre la ciudadanía. También  se logró que algunos integrantes del movimiento por la defensa del agua, fueran elegidos como  autoridades del módulo de riego de la región.

Punto de quiebre en la correlación de fuerzas políticas fue la cabalgata emprendida a principios de febrero de este año desde Benito Juárez que, conjuntamente con las marchas desde Cuauhtémoc a la capital del estado por varias comunidades serranas constituyeron “Las Jornadas por la Justicia”.  La presencia de los campesinos barzonistas y de las comunidades indígenas, reivindicando sus territorios, sus aguas, sus recursos naturales, denunciando la impunidad fue un gancho al hígado para un gobernador que se aprestaba al carro completo en las elecciones. El Palacio de Gobierno que el propio r Duarte había definido como “el búnker de los campesinos” se convirtió en “búnker del gobernador” cuando aquellos tuvieron que entrar en él a caballo ante la cerrazón del Ejecutivo. Tal vez ahí comenzó el desbarrancamiento de la precaria popularidad de éste ante los chihuahuenses: de ahí a los cuestionamientos abiertos, a los abucheos, a la bunkerización de todo acto público.

Los poderes de gobierno del estado, de la empresa minera Mag Silver, de los agricultores depredadores de agua no se cruzaron de brazos: ´ primero impugnaron la decisión del ejido ante el Tribunal Agrario pero ahí también fueron derrotados. Siempre  han buscado criminalizar la lucha de la comunidad de Benito Juárez. Incluso la minera presentó una injustificada y desproporcionada demanda por daños que asciende a 40 millones de dólares porque se le sacó su equipo del ejido. Por otro lado, los nuevos delegados de las dependencias federales, han establecido un veto de hecho contra los productores de Benito Juárez al excluirlos de los diversos programas de apoyo al campo.

Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 12 dirigentes barzonistas para garantizar su seguridad en el contexto de la lucha en defensa del río del Carmen y por la salida de la minera de sus tierra. No hay que olvidar que Chihuahua sigue siendo uno de los tres estados más peligrosos para las y los defensores de derechos humanos.

A pesar de todo, la lucha de los compañeros y compañeras de Ismael y Manuelita ha rendido frutos ya muy  significativos: en marzo pasado, en el marco del Día Mundial del Agua, el titular del Ejecutivo Federal firmó el acuerdo que, a través de una veda provisional suspende y prohíbe la perforación de pozos en las zonas denominadas como “de libre alumbramiento”, es decir, aquellas en que los usuarios no tenían que pedir permiso para perforar, sino sólo informar a las autoridades. Ahora se requiere la autorización, expresa, legal, sustentada y documental por parte de la Comisión Nacional del Agua. Además, el  acuerdo obliga a Conagua a reglamentar el vital líquido  que se extrae cada año de los acuíferos para que no sobrepase la disponibilidad de recarga anual de éstos.

También el movimiento logró terminar con los aprovechamientos ilegales del agua del río del Carmen para riego. Se iniciaron procedimientos contra los pozos ilegales, aunque no ha habido ejecución de muchos de ellos. Y la PGR desmanteló la infraestructura de riego en los predios más representativos y simbólicos de los agricultores piratas de las aguas subterráneas.

El movimiento de las y los campesinos de Benito Juárez ha empezado a contagiar, a inspirar. Primero a otras regiones de Chihuahua: El Sauz, Jiménez, Camargo; muy recientemente a las ciudadanas y ciudadanos que defienden el río Casas Grandes. Sus ecos resuenan en las movilizaciones norteñas en defensa del agua, como  la orgullosa batalla de los yaquis para impedir que les quiten su agua para llevársela a Hermosillo.

En el sacrificio de Ismael y Manuelita se condensaron como en las semillas, el presente y el futuro de dos de las principales vertientes de los movimientos sociales  indígenas y rurales de  México y América Latina: el movimiento de defensa de los territorios contra la minería a cielo abierto, y el movimiento por la defensa del agua. Por eso, la muerte de ellos hace un año fue como las primeras aguas que caen en el desierto:   de inmediato hizo aparecer renuevos, brotes de lucha, floraciones de acciones colectivas de las comunidades que combaten con y por su dignidad.

 

 

Clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

Published

on

By

Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto