A pesar de que a los medios de comunicación se les dice que en el estado han desaparecido sólo 43 mujeres, la Fiscalía General del Estado contradice su misma información en su propia página digital, al dar cuenta de más de 200 mujeres desaparecidas.
Así lo señala la activista Beatriz Verduzco, “con datos de la propia Fiscalía en su sitio http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/ hasta el 17 de mayo según informan ellos, hay 210 mujeres y niñas desaparecidas”, contra las 43 que de acuerdo con la edición de hoy del diario La Jornada, dio a conocer la Fiscalía de manera oficial.
Verduzco detalla que, con todas las respuestas de la Fiscalía en la mano, “el movimiento de mujeres realizó solicitudes de información, al amparo de la Ley de Transparencia y en cuanto a desaparecidas, informaron que de enero al 24 de febrero de 2012 se habían reportado 134 mujeres y 21 niñas desaparecidas en todo el estado de Chihuahua”.
Incluso “ya interpusimos recursos ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública”, para que se informe por qué se cambian las cifras de desaparición de mujeres.
En cuanto al Protocolo Alba, recordó que “la sentencia del Campo Algodonero ordena al Estado Mexicano activarlo cada vez que se reporte una mujer o niña desaparecida”, y sin embargo, “las autoridades lo están activando de manera discrecional, pues tienen un candado de ALTO RIESGO, que les fue criticado desde la Sentencia”.
Explica que es tal la discrecionalidad con que lo están aplicando que “durante 2010 lo activaron seis veces, según se establece en el Primer Informe del Estado Mexicano en cumplimiento de la Sentencia del Campo Algodonero y en el 2011, según el Segundo Informe lo activaron 10 veces; información que se contradice con la que nos acaban de entregar en donde nos dicen que en 2011 se activó 19 veces. Y es que en la región Centro no lo están activando, por lo que se entiende en la respuesta confusa que nos dieron”.
Además, en 2010, según su información, “hubo reporte de desaparición de 813 mujeres y niñas; y durante 2011 fueron 841”, lo que, dice, “contradice por completo la información que da el fiscal a La Jornada”.
La información fue contrastada por el Gobierno del Estado y las organizaciones civiles, al dar un dato menor uno y presentar una cifra mucho mayor las otras.
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