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A 20 años del TLCAN, el campo mexicano es el más perjudicado

La Confederación Nacional Campesina manifestó hoy que a 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es necesario realizar una reingeniería, sobre todo en lo que respecta al campo mexicano, ya que ha sido el sector más perjudicado como lo prueba una dependencia alimentaria, principalmente con Estados Unidos, de casi el 50% de los alimentos que demanda la población mexicana, una balanza agropecuaria que en la mayor parte de este lapso ha sido deficitaria para el país; y alrededor de dos millones de empleos perdidos.

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La Confederación Nacional Campesina manifestó hoy que a 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es necesario realizar una reingeniería, sobre todo en lo que respecta al campo mexicano, ya que ha sido el sector más perjudicado como lo prueba una dependencia alimentaria, principalmente con Estados Unidos, de casi el 50% de los alimentos que demanda la población mexicana, una balanza agropecuaria que en la mayor parte de este lapso ha sido deficitaria para el país; y alrededor de dos millones de empleos perdidos.

De acuerdo con un análisis de la CNC, organismo que preside el senador Gerardo Sánchez García, en dos décadas del TLCAN agropecuario ha crecido la migración hacia los Estados Unidos y a las ciudades más grandes de México; lo que ha traído en consecuencia que el agro nacional se encuentre cada vez más sin productores; el aumento de la pobreza en el área rural y que las actividades del campo, entre otras muchas más razones, sólo haya quedado en su mayoría bajo la responsabilidad de las mujeres y los ancianos.

Para el legislador del estado de Guanajuato, el TLCAN ha representado grandes beneficios al país en cuanto a la actividad industrial y de comercialización, con la excepción del campo mexicano.

En el estudio “Estado Eficaz: Modernización de la Administración Pública Mexicana para Atender al Campo”, se informa que desde la entrada en vigor del TLCAN, el primero de enero de 1994, cerca de 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras para emigrar a los Estados Unidos o a las ciudades, y otros 5 millones de productores eligieron dedicarse a distintas actividades con mejores remuneraciones, con el agravante de que existe el riesgo de que México llegue a importar el 80 % de los alimentos que demanda la población.

De ahí, resaltó el senador  Sánchez García, la importancia que tiene para el país el anunció de que en el año próximo a iniciar se llevará a cabo una Reforma Profunda al Campo, con la finalidad de revertir las tendencias negativas y darle prioridad a este sector como lo han hecho la mayoría de los países.

Entre las propuestas de solución, la CNC señala la necesidad de emprender programas de modernización de la administración pública de manera integral y a fondo, a fin de que opere con mayores índices de eficiencia en beneficio de los productores del campo mexicano, de su productividad, innovación y desarrollo de capacidades.

Esto implica corregir duplicidades, precisar responsabilidades, racionalizar y simplificar estructuras que, en lo esencial, se mantiene en la actualidad. En el caso particular del sector agropecuario, forestal y pesquero, se ha diferido la definición de políticas de fomento a la producción en todas las ramas del sector primario.

Según los análisis, durante los 12 años de régimen panista el 83 por ciento de los productores recibió alrededor del 48 por ciento de los recursos federales, que, comparados con el 5.3 por ciento de los agricultores más importantes, quienes percibieron el 30.7 por ciento, evidencia la dispersión, falta de concurrencia y concentración de los subsidios, lo que ha diferido el desarrollo económico y social de los trabajadores del campo, especialmente los que viven en zonas vulnerables.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que en este periodo el 10 por ciento de los productores más pobres obtuvo solamente el 0.1 por ciento de las transferencias del ingreso objetivo, mientras que al 10 por ciento de los más desarrollados correspondió el 80 por ciento, por lo que “el Estado y su administración pública no pueden eludir más su responsabilidad de definir políticas públicas, impulsar programas que ejecuten los productores y verificar su cumplimiento, ofreciendo certeza y calidad en los servicios que se prestan a los ciudadanos”.

Por esas razones, la CNC siempre ha insistido en la revisión del TLCAN en cuanto se relaciona al sector agropecuario, porque, entre otras cosas más, permite la triangulación de granos producidos en otros países, a través de Estados Unidos, lo que causa gran daño a la economía nacional campesina. Es el caso del maíz, que nos llega de Sud África; del frijol, que arriba procedente de China, la India y países latinoamericanos; o del arroz cuya rama de producción ha sido casi desmantelada debido a la procedencia de este producto extranjero a México.

La CNC también ha sostenido que sólo un pequeño grupo agro exportador que no rebasa más de los 600 mil es el único beneficiado con el TLCAN, frente a casi cinco millones de unidades de producción que no ha podido salir adelante.

 

Gerardo Sánchez GarcÍa

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Refuerzan acciones para contener plagas forestales ante estrés hídrico

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El Gobierno del Estado intensificó las acciones de monitoreo, prevención y control de plagas forestales en distintas regiones de la entidad, ante el debilitamiento de los bosques provocado por el estrés hídrico y las condiciones climáticas extremas.

A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, se informó que las masas forestales de coníferas han sido afectadas de manera significativa, lo que ha favorecido la proliferación de insectos descortezadores del pino. Entre las principales especies detectadas se encuentran Dendroctonus mexicanus, Dendroctonus frontalis e Ips lecontei, consideradas una amenaza directa para los ecosistemas forestales.

Las autoridades señalaron que fenómenos como las sequías prolongadas y las variaciones bruscas de temperatura han generado un entorno propicio para la expansión de estas plagas, acelerando el deterioro de la vegetación. La presencia de estos insectos provoca la muerte progresiva del arbolado, altera la estructura y funcionalidad de los ecosistemas y aumenta el riesgo de incendios forestales.

Además, el daño ocasionado por los descortezadores contribuye a procesos de erosión del suelo y afecta servicios ambientales clave, como la captación de agua y la conservación de la biodiversidad en las zonas forestales impactadas.

Como parte de las labores implementadas, personal técnico realizó recorridos de campo para identificar brotes activos, evaluar el nivel de afectación y establecer áreas prioritarias de atención. Estas acciones se desarrollan en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, técnicos especializados, comisariados ejidales y propietarios de predios forestales.

Para el control sanitario, se aplican tratamientos conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SEMARNAT-2017. Entre las medidas destacan el derribo direccional de árboles infestados, el descortezado, el manejo adecuado de residuos y la aplicación de productos autorizados por la Cofepris, bajo los protocolos de seguridad establecidos.

Las autoridades estatales indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para proteger los ecosistemas forestales y reducir los impactos derivados de las plagas y las condiciones climáticas adversas.

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