Opinión

A reventar la burbuja. Por Itali Heide

Itali Heide

¿Por qué debería importarnos? Si el océano que conocemos es azul turquesa y la arena que tocamos inmaculadamente blanca y pristina, acompañada de una piña colada y un balcón con vistas a las olas, ¿por qué debería importarnos? A nosotros no nos tocan los derrames petroleros, los daños a los corales y la vida marina, las consecuencias del híper-turismo, la falta de trabajo y los barrios olvidados.

¿Por qué debería importarnos? Si la idea de pasar hambre es sólo una estadística triste de la que hemos oído hablar, olvidada al momento de la rutina diaria de poder contar con una comida en casa, ¿por qué debería importarnos? En el peor de los casos, tenemos que esperar un ratito para llegar a casa o detenernos en un Oxxo para controlar el hambre, pero siempre habrá una comida esperándonos en algún lugar, accesible en todo momento.

¿Por qué debería importarnos? Si el sueldo nos cubre lo que necesitamos, quizás no todo lo queremos, pero lo suficiente para vivir sin miedo de ser echados a la calle sin ningún aviso, ¿por qué debería importarnos? Que nos importara, significa sacrificar la paz mental con tal de no ignorar cómo son tratados los empleados que ganan tan poco por lo mucho que dan, exponer la corrupción en las empresas, la realidad de calidad de vida para demasiados mexicanos, la ineptitud de los que gobiernan y la ignorancia de los que se oponen al cambio. Es más fácil ignorar, que aceptar la nueva realidad.

¿Por qué debería importarnos la vacuna? ¿Por qué debería importarnos la equidad de género? ¿Por qué deberían de importarnos los derechos de los trabajadores? ¿Por qué debería de importarnos la política? Ojalá no fueran temas necesarios, que viviéramos en un mundo donde estos asuntos ya se resolvieron, pero desafortunadamente nos toca ser el mundo que los resuelve. Quien sea que viva en la tierra ahora está apreciando de primera fila el mayor y más rápido cambio generacional en la historia del mundo.

En cuestión de décadas, se han retado absolutamente todos los pensamientos conservadores. No podemos echarle la culpa a ninguna cosa otra que el internet, ya que por primera vez permitió la creación de espacios públicos y foros de conversación inmediatas en un sólo lugar. Esto les dio validez a las miles de personas que pasan por la vida sintiéndose desplazadas. Ya no había excusa para el racismo, la homofobia, la xenofobia, la discriminación, y aunque seguimos viviendo en una sociedad que permite estas ideologías, la realidad es que el futuro se pinta inclusivo.

No todo lo que el internet nos ha dado es positivo: inició la crisis de la verdad que vivimos, la censura masiva, ha sesgado a las personas y ha creado una división profunda entre los diferentes mundos de identidad. Pero el internet no creó estas divisiones: solamente las visibilizó. Los miles de secretos familiares comparten el sentimiento de no pertenencia que el mundo pre-internet ofrecía como única opción. Hoy en día, el internet se ha convertido en un refugio para los que sienten que no pertenecen y no encajan.

Pero, ¿por qué debería de importarnos? Por ahí dicen <cuando el río suena es que agua lleva>, y hasta que no enfrentamos la necesidad de cambio, exijamos políticas que resuelvan las injusticias e inequidad y aprendamos a ver más allá de nuestra burbujita de privilegio, no bajará el volumen del río que intenta llevarnos hacia un mundo donde todos cabemos. Nos debería de importar porque somos parte del problema, (y disculpen el cliché, sin embargo es cierto) pero también somos la solución.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.