Conecta con nosotros

México

Abogado de Alejandro Gutiérrez critica a juez que reconoce como víctima a Chihuahua

Antonio Collado, abogado del priista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, manifestó estar sorprendido por la decisión que tomó un juez federal que amparó a la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua tras reconocerla como víctima.

A través de un comunicado, Collado aseguró que el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Erik Zalbagoitia Novales, otorgó la protección de la justicia a la mencionada secretaría y que lo anterior consta en el juicio de garantías 379/2018.

El amparo se concedió para que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien conoce de la causa penal 24/2018, seguida contra el ex secretario ejecutivo adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, deje sin efecto el acuerdo que emitió el pasado 4 de mayo.

En dicha audiencia, explicó el litigante, el juez de control no reconoció la personalidad de víctima a la Secretaría de Hacienda local. Ahora, con la decisión del juez de amparo tendrá que llevarse a cabo una nueva audiencia.

“La decisión del juez de amparo, resulta sumamente preocupante ya que desconoce el punto central de otra determinación: la emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 4/2018, en el que se sostuvo que los recursos económicos investigados en la causa 24/2018, eran de naturaleza federal y, por tanto, la Federación se constituyó en víctima del posible ilícito de peculado que se atribuyó a Gutiérrez, proceso penal en que actualmente se decretó el sobreseimiento ante la no acusación de PGR”, explicó.

Collado enfatizó que la resolución del juez Zalbagoitia permite que bajo una mera aseveración de la Secretaría de Chihuahua se reponga un procedimiento penal concluido por petición de la autoridad ministerial, a pesar de que esa entidad federativa no tiene personalidad alguna en el mismo.

“Llama igualmente la atención de la comunidad jurídica, el criterio que sostuvo Zalbagoitia al resolver el fondo en un expediente distinto (AI 660/2017), promovido por la Consejería Jurídica del gobierno del estado de Chihuahua contra un acuerdo del juez de Control del Reclusorio Norte que le desconoció personalidad como víctima y por tanto, como parte en la causa penal 24/2018.

“Expediente en el que de manera destaca el juez federal señaló que la quejosa no interpuso recurso ordinario contra la audiencia de 4 de mayo de 2018 en el plazo legal correspondiente, por lo que la consintió tácitamente, lo que en su consideración actualizó la causal de improcedencia consistente en que el acto reclamado derive de otro consentido, precisamente el que fue materia del amparo 739/2018, audiencia de 4 de mayo de 2018”, expresó el abogado.

Recordó que fue la Consejería Jurídica de Chihuahua la que apeló el sobreseimiento ordenado por el juez de Control en la causa 24/2018, sin embargo, ésta carece de personalidad alguna.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto