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Abogados de César Duarte se integran a la defensa de Maru Campos

Dos abogados de César Duarte en Chihuahua, que han defendido a cómplices de los desvíos millonarios del exgobernador se integraron al equipo legal de María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua, en el caso donde es acusada de haber cobrado sobornos a contratistas siendo alcaldesa de la capital del estado.

Se trata de los litigantes Francisco Martínez Valles e Iván Corral, que han sido abogados de Antonio Tarín y Gerardo Villegas, dos exfuncionarios de Duarte vinculados a proceso por su participación en la “Operación Zafiro”, mediante la que fueron desviados 250 millones de pesos para financiar campañas del PRI.

Gerardo Villlegas era director de Administración de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, mientras que Tarín fungía como presidente del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado. En 2017, siendo diputado federal, este último se atrincheró en San Lázaro para evitar ser aprehendido.

Francisco Molina Ruiz, quien encabeza el equipo legal de la candidata panista, conocida como Maru Campos, confirmó a este medio que los abogados Martínez Valles y Corral participan en la defensa a petición expresa de su clienta.

Este viernes se pospuso de nueva cuenta la audiencia inicial de la causa penal 3022/2020, en la que Campos Galván es señalada de cohecho y uso indebido de atribuciones. La Fiscalía acusa que, como alcaldesa de Chihuahua, la panista habría cobrado a empresas contratistas pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018. Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales.

Maru Campos ya fue vinculada a proceso por otro caso conocido como la “nómina secreta”, en el que la candidata del PAN a la gubernatura es acusada de haber recibido sobornos por 9 millones de pesos de parte del exgobernador César Duarte cuando ella fungía como vicecoordinadora del PAN en el Congreso local, previo a su periodo como alcaldesa.

El abogado Molina Ruiz defendió la incorporación de los abogados que han defendido a los excolaboradores de Duarte con el argumento de que están ejerciendo su profesión. Además, apuntó, el caso en el que trabajan ahora -los presuntos “moches” cobrados por Campos Galván como alcaldesa- no está relacionado con el de la “nómina secreta” del exgobernador.

“Lo que pasa es que aquí, en Chihuahua, hay pocos abogados y la gran mayoría se han dedicado a todo; hay abogados que, como uno, en el ejercicio de la profesión, tienen que atender al cliente independientemente de cuál sea la causa, no hay aquí una limitación de orden profesional más allá que la defensa intrínseca de los derechos que a cada quién le corresponden.

“Yo conozco a muchos abogados que llevan asuntos de todos tipos, incluyendo estos relacionados, yo creo que no tiene por qué demeritar el ejercicio profesional de nadie, y menos aquí, en un asunto que ni siquiera está relacionado con ese tema (los pagos de Duarte)”, sostuvo en entrevista.

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Juez acredita pruebas contra Maru Campos; recibos son auténticos

Samuel Uriel Mendoza, juez de control, aceptó como válidas algunas de las pruebas que el Ministerio Público presentó en contra de los tres imputados en el expediente 2821/2020. Sin embargo, desestimó el video presentado por la defensa donde el Notario Público número 4 pone en tela de juicio las copias de los recibos firmados por una de las imputadas.

Además mencionó que la “caja chica” o nómina secreta no es un invento ya que existe una relación de hechos, donde incluso políticos, comunicadores y lideres sociales admitieron la recepción del recurso público enviado por César Horacio D.J. Entre ellos Teokali Hidalgo del PRI por recibir casi 500 mil pesos, Armando Cabada, 4.3 mdp, entre otros, quienes aprovecharon el criterio de oportunidad y regresaron el dinero saqueado a través de cheques de la Secretaría de Hacienda y contratos simulados.

El juez de control determinó que los recibos de pago que firmó María Eugenia C., son auténticos y eran para obtener dinero del ex gobernador.

Por otro lado, desestimó el video presentado por la defensa donde el Notario Público Luis Raúl Flores pone en duda la copia de recibos certificados con la firma de María Eugenia C., los cuales se hicieron públicos a través de El Heraldo de Chihuahua. Dichos recibos fueron asegurados por la Fiscalía General del Estado luego de que este medio de comunicación los entregó y argumentó que llegaron de manera anónima a la redacción del rotativo.

Consideró que el video no es un interrogatorio formal.

Cortesía: El Heraldo de Chihuahua

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Duarte llegaría en 60 días a Chihuahua; aún puede apelar la orden de extradición.

Lauren Fleischer Louis, jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, autorizó este martes la extradición a México de César Duarte, exgobernador priísta de Chihuahua, quien enfrenta 21 cargos por corrupción.

La jueza dio un plazo de 60 días para la entrega del mexicano. No obstante, Duarte aún podría apelar la decisión.

La juez Lauren Fleischer Louis consideró que la solicitud presentada por las autoridades mexicanas cumple con los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición México-Estados Unidos.

Explicó que existe la causa probable de la existencia de conductas ilegales en México por delitos que también están previstas en las leyes de Estados Unidos.

La orden será por escrito y en breve se podría hacer pública.

Horas antes, la jueza se reservó la decisión sobre extraditar o no a Duarte, luego de una una sesión virtual realizada esta mañana.

La audiencia se llevó a cabo luego de tres sesión que se habían cancelado y fue presenciada por los hijos César Adrián Duarte Gómez y Bertha Isabel Duarte Gómez: así como su esposa Bertha Gómez Fong.

Fue a las 13:22 horas de Miami (13:22 horas tiempo de la Ciudad de México) cuando inició la sesión con la identificación de las partes. Segundos después se escuchó, por única vez la voz del exmandatario quien dijo su nombre completo.

En la audiencia, el fiscal Jason Wu argumentó que los cargos que se persiguen a César Duarte tienen origen en México, por lo que solicitó que la extradición sea definitiva.

También enumeró las imputaciones en su contra que incluyen millonarias operaciones bancarias, uso de prestanombres, incluido sus excolaboradores, así como de sus cercanos, entre los que destaca Carlos Hermosillo, para hacer transferencias sospechosas.

Wu aseguró que las autoridades mexicanas tienen testigos, entre ellos nombró a Jorge, Susana y Brenda, quienes señalan directamente a César Duarte como responsable de peculado.

Según el fiscal, los testigos imputaron directamente a Duarte de ser quien ordenaba los desvíos millonarios mientras era gobernador de Chihuahua.

En su oportunidad, Juan Morillo, abogado defensor de Duarte, se pronunció no solo por negar la extradición sino también por qué su cliente quede en libertad por falta de pruebas en su contra.

Dijo que las imputaciones fueron fabricadas e incluso existen testimonios obtenidos por las autoridades mexicanas bajo coacción.

Se refirió en específico al caso de Jaime Herrera, exsecretario de Hacienda con Duarte y uno de los testigos que la Fiscalía de Chihuahua tiene contra su cliente. Dijo que la fiscalía presionó y amenazó a dicha persona para que testificara contra el exgobernador.

Al final la juez señaló que con el cúmulo de argumentos expuestos por las partes, en sus respectivas conclusiones, tomará una decisión pero advirtió que se tomará un tiempo para ello, sin que estableciera una fecha específica.

Independientemente de la decisión que tome la jueza, Duarte aún podría apelar por lo que su extradición podría prolongarse aún más tiempo.

En octubre de 2019 César Duarte fue imputado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. La fiscalía de Chihuahua le imputó 21 cargos.

Duarte fue detenido en julio de 2020 en Miami, Florida, Estados Unidos, con base en una orden de detención provisional confines de extradición a México.

En su momento se dijo que estaba implicado en el desvío de más de 7 mil millones de pesos del erario de Chihuahua. De hecho, las autoridades locales le han incautado diversas propiedades con valor aproximado de 500 millones de pesos.

La audiencia fina al de la extradición estaba previsto para diciembre pasado pero sus abogados solicitaron que se pospusiera, por lo que finalmente se llevó acabo este martes.

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