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México

Abren juicio contra el director de Catastro de Veracruz por proteger a Duarte

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Un juez federal determinó vincular a proceso penal al director de Catastro de Veracruz, Domingo Yorio Saqui, quien fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber filtrado y ocultado información relacionada con una investigación que se realiza en torno a propiedades y empresas posiblemente ligadas al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.
La mañana de este viernes 14 de octubre se realizó la audiencia inicial en el Centro de Justicia Federal de Xalapa en donde un juez de control valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público y consideró que eran suficientes para procesarlo por abuso de autoridad. En la audiencia estuvo presente Yorio Saqui a quien le fueron notificados los cargos.
Autoridades judiciales informaron a Animal Político que el proceso penal iniciado en contra del director de Catastro quedó asentado en el expediente 57/2016.
El juez federal impuso además a Yorio Saqui como medidas cautelares el pago de una garantía de 40 mil pesos y la prohibición de salir de Veracruz y de México mientras se desarrolle el proceso. Violar cualquiera de estas restricciones le podría significar ir a prisión.
El delito que se imputa a Yorio Saqui está contemplado en el artículo 318 Fracción I del Código Penal de Veracruz que considera que comete un delito quien “reproduzca, entregue, oculte o utilice ilícitamente información o documentos bajo su custodia”. De ser encontrado culpable, el director de Catastro podría alcanzar hasta 10 años de prisión.
La Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales de la PGR acusó a Yorio Saqui al considerar que la información que filtró y que forma parte de una investigación ministerial puede afectar el desarrollo de las indagatorias. Se trataba de información confidencial que debió mantenerse bajo resguardo absoluto.
El pasado 21 de septiembre el titular de la mencionada subprocuraduría José Guadalupe Medina Romero informó en una conferencia de prensa que el director de Catastro de Veracruz y varios funcionarios más eran investigados dentro de la averiguación FED/SEIDF/UNAI/VER/0000862/2016.
La fuga de información se detectó luego de que la PGR había enviado una solicitud ministerial al Director de Catastro para que entregara una información detallada de 35 empresas y 34 personas posiblemente ligadas al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Este requerimiento de información se llevó a cabo como parte de una averiguación que la PGR continúa integrando por posible desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito en contra de Duarte.
Entre el 29 de julio y el 19 de septiembre agentes de la PGR realizaron la toma de declaraciones y diversos peritajes en la Dirección de Catastro de Veracruz que permitieron obtener elementos de prueba para presentar la acusación.
Previamente se había informado también que el Director del Catastro presuntamente había ocultado información de bienes y propiedades ligadas con el gobernador en licencia.

Animal Político

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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