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México

Abren juicio contra el director de Catastro de Veracruz por proteger a Duarte

Un juez federal determinó vincular a proceso penal al director de Catastro de Veracruz, Domingo Yorio Saqui, quien fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber filtrado y ocultado información relacionada con una investigación que se realiza en torno a propiedades y empresas posiblemente ligadas al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte.
La mañana de este viernes 14 de octubre se realizó la audiencia inicial en el Centro de Justicia Federal de Xalapa en donde un juez de control valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público y consideró que eran suficientes para procesarlo por abuso de autoridad. En la audiencia estuvo presente Yorio Saqui a quien le fueron notificados los cargos.
Autoridades judiciales informaron a Animal Político que el proceso penal iniciado en contra del director de Catastro quedó asentado en el expediente 57/2016.
El juez federal impuso además a Yorio Saqui como medidas cautelares el pago de una garantía de 40 mil pesos y la prohibición de salir de Veracruz y de México mientras se desarrolle el proceso. Violar cualquiera de estas restricciones le podría significar ir a prisión.
El delito que se imputa a Yorio Saqui está contemplado en el artículo 318 Fracción I del Código Penal de Veracruz que considera que comete un delito quien “reproduzca, entregue, oculte o utilice ilícitamente información o documentos bajo su custodia”. De ser encontrado culpable, el director de Catastro podría alcanzar hasta 10 años de prisión.
La Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales de la PGR acusó a Yorio Saqui al considerar que la información que filtró y que forma parte de una investigación ministerial puede afectar el desarrollo de las indagatorias. Se trataba de información confidencial que debió mantenerse bajo resguardo absoluto.
El pasado 21 de septiembre el titular de la mencionada subprocuraduría José Guadalupe Medina Romero informó en una conferencia de prensa que el director de Catastro de Veracruz y varios funcionarios más eran investigados dentro de la averiguación FED/SEIDF/UNAI/VER/0000862/2016.
La fuga de información se detectó luego de que la PGR había enviado una solicitud ministerial al Director de Catastro para que entregara una información detallada de 35 empresas y 34 personas posiblemente ligadas al entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Este requerimiento de información se llevó a cabo como parte de una averiguación que la PGR continúa integrando por posible desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito en contra de Duarte.
Entre el 29 de julio y el 19 de septiembre agentes de la PGR realizaron la toma de declaraciones y diversos peritajes en la Dirección de Catastro de Veracruz que permitieron obtener elementos de prueba para presentar la acusación.
Previamente se había informado también que el Director del Catastro presuntamente había ocultado información de bienes y propiedades ligadas con el gobernador en licencia.

Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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