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Abrirían expediente contra cardenal Norberto Rivera por ocultar pederastia

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) podría emitir un amparo para dar a conocer el expediente del cardenal Norberto Rivera Carrera, actual arzobispo primado emérito de la Arquidiócesis de México, sobre las denuncias que tiene en su contra por el posible ocultamiento de casos de pederastia de 15 sacerdotes.

Luego de que en 2017, el exsacerdote Alberto Athié denunciara a Rivera Carrera ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por ocultar acciones de pederastia de sacerdotes, un ministro de la SCJN propondrá otorgar un amparo que permita a los denunciantes conocer el avance de las diligencias contra el cardenal mexicano.

Rosario y la Biblia

Además, el eclesiástico ya era señalado por el posible encubrimiento de las acciones del sacerdote Nicolás Aguilar, quien fue denunciado en Estados Unidos por presuntos casos de pederastia.  En 2007, Rivera Carrera reconoció no haber solicitado que se investigara a Aguilar, a pesar de las acusaciones que este tenía en su contra.

Cabe mencionar que después de que Athié realizara una denuncia formal en 2017 ante la PGR contra el cardenal por posible ocultamiento de casos de pederastia, la dependencia le negó el acceso a la investigación por no tener carácter de víctima.

Por lo cual, en 2018, el ministro José Ramón Cossío Díaz propuso amparar al exsacerdote para que este pudiera conocer el avance de las diligencias; sin embargo, la iniciativa solo fue apoyada por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y tuvo que ser desechada.

Ahora, según informa el diario Milenio, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menapresentará el próximo 25 de noviembre un nuevo proyecto para otorgar un amparo en el que solicite a la autoridad correspondiente: analizar la posibilidad de que el denunciante tenga acceso a la investigación y esclarecimiento de los hechos.

Papa Francisco durante el encuentro con medios a bordo del avión papal

© REUTERS / Alessandro Di Meo

De igual forma, el proyecto propone que las autoridades analicen el interés que tiene la sociedad de «conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, cuando dichos delitos sean de lesa humanidad o representen una grave violación de derechos humanos».

Para ello, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señala que la sociedad en general tiene derecho de acceder a la información que se expone en las averiguaciones previas asociadas con violaciones graves a derechos humanos, «pues dicha circunstancia se asocia también con la garantía de su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en dichas violaciones».

De acuerdo con declaraciones de Rivera, este tenía conocimiento de 15 casos de sacerdotes pederastas, por lo que fueron investigados y enviado los expedientes al Vaticano; en respuesta, el papa los había sentenciado.

No obstante, a través de solicitudes de información, Alberto Athié encontró que no existían tales denuncias en ninguna de las instancias legales competentes: la Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR ni la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El papa Francisco

© Sputnik / Vladimir Astapkovich

En consecuencia, Athié promovió una denuncia contra Rivera Carrera que terminó en la apertura de un expediente por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR.

Pero a pesar de ser el principal promovente de la denuncia, la PGR no le permitió al exsacerdote conocer la investigación; por lo que, este promovió un amparo que le fue negado por considerar que «carecía de interés jurídico».

Por esta razón, el nuevo proyecto presentado por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propone que el Ministerio Público debe seguir los lineamientos legales para dar a conocer el expediente de Rivera Carrera con base en la excepción que alude a casos que involucren graves violaciones a los derechos humanos.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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