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Abrirían expediente contra cardenal Norberto Rivera por ocultar pederastia

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) podría emitir un amparo para dar a conocer el expediente del cardenal Norberto Rivera Carrera, actual arzobispo primado emérito de la Arquidiócesis de México, sobre las denuncias que tiene en su contra por el posible ocultamiento de casos de pederastia de 15 sacerdotes.

Luego de que en 2017, el exsacerdote Alberto Athié denunciara a Rivera Carrera ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por ocultar acciones de pederastia de sacerdotes, un ministro de la SCJN propondrá otorgar un amparo que permita a los denunciantes conocer el avance de las diligencias contra el cardenal mexicano.

Rosario y la Biblia

Además, el eclesiástico ya era señalado por el posible encubrimiento de las acciones del sacerdote Nicolás Aguilar, quien fue denunciado en Estados Unidos por presuntos casos de pederastia.  En 2007, Rivera Carrera reconoció no haber solicitado que se investigara a Aguilar, a pesar de las acusaciones que este tenía en su contra.

Cabe mencionar que después de que Athié realizara una denuncia formal en 2017 ante la PGR contra el cardenal por posible ocultamiento de casos de pederastia, la dependencia le negó el acceso a la investigación por no tener carácter de víctima.

Por lo cual, en 2018, el ministro José Ramón Cossío Díaz propuso amparar al exsacerdote para que este pudiera conocer el avance de las diligencias; sin embargo, la iniciativa solo fue apoyada por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y tuvo que ser desechada.

Ahora, según informa el diario Milenio, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menapresentará el próximo 25 de noviembre un nuevo proyecto para otorgar un amparo en el que solicite a la autoridad correspondiente: analizar la posibilidad de que el denunciante tenga acceso a la investigación y esclarecimiento de los hechos.

Papa Francisco durante el encuentro con medios a bordo del avión papal

© REUTERS / Alessandro Di Meo

De igual forma, el proyecto propone que las autoridades analicen el interés que tiene la sociedad de «conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables, cuando dichos delitos sean de lesa humanidad o representen una grave violación de derechos humanos».

Para ello, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena señala que la sociedad en general tiene derecho de acceder a la información que se expone en las averiguaciones previas asociadas con violaciones graves a derechos humanos, «pues dicha circunstancia se asocia también con la garantía de su derecho a conocer la verdad de lo ocurrido en dichas violaciones».

De acuerdo con declaraciones de Rivera, este tenía conocimiento de 15 casos de sacerdotes pederastas, por lo que fueron investigados y enviado los expedientes al Vaticano; en respuesta, el papa los había sentenciado.

No obstante, a través de solicitudes de información, Alberto Athié encontró que no existían tales denuncias en ninguna de las instancias legales competentes: la Secretaría de Gobernación (Segob), la PGR ni la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

El papa Francisco

© Sputnik / Vladimir Astapkovich

En consecuencia, Athié promovió una denuncia contra Rivera Carrera que terminó en la apertura de un expediente por parte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR.

Pero a pesar de ser el principal promovente de la denuncia, la PGR no le permitió al exsacerdote conocer la investigación; por lo que, este promovió un amparo que le fue negado por considerar que «carecía de interés jurídico».

Por esta razón, el nuevo proyecto presentado por el ministro Gutiérrez Ortiz Mena propone que el Ministerio Público debe seguir los lineamientos legales para dar a conocer el expediente de Rivera Carrera con base en la excepción que alude a casos que involucren graves violaciones a los derechos humanos.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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