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Aclara Hacienda: multas a CI Banco, Intercam y Vector son por faltas administrativas, no por lavado de dinero

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que las multas por 185 millones de pesos impuestas a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa corresponden exclusivamente a faltas administrativas, y no están relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero, como se ha especulado tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Mediante un comunicado, la dependencia precisó que las sanciones fueron notificadas oportunamente a las instituciones financieras en el marco de sus procesos de supervisión regular por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“El monto actualizado al cierre de junio, reportado por la CNBV, es resultado de incumplimientos en procesos administrativos y no implica, hasta el momento, ninguna vinculación comprobada con actividades ilícitas”, señaló Hacienda.

La autoridad mexicana fue enfática: hasta ahora no se cuenta con información que demuestre que estas entidades financieras hayan participado en esquemas de lavado de dinero. Sin embargo, reiteró que en caso de confirmarse evidencia, actuarán con todo el peso de la ley.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, descartó que las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense puedan representar un riesgo sistémico para el sistema financiero mexicano.

Las multas divulgadas recientemente han generado inquietud en el sector, luego de que el Departamento del Tesoro incluyera a las tres instituciones en una lista de posibles vínculos con actividades ilícitas. No obstante, las autoridades mexicanas insisten en que las sanciones nacionales derivan únicamente de revisiones administrativas rutinarias.

México

México y EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG

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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se reforzaron las acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, según un comunicado emitido el 19 de febrero.

Como parte de las medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 personas por su supuesta participación en el esquema. De ellas, cinco son personas físicas y 19 personas morales que habrían operado mediante fraudes relacionados con servicios turísticos y que tendrían posibles nexos con la organización criminal.

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas en México. Se trata de seis individuos y una entidad identificados como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo detectado durante las investigaciones financieras.

Las acciones del Departamento del Tesoro forman parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos. De acuerdo con el comunicado, estas organizaciones utilizan actividades empresariales y del sector turístico como fachada para captar recursos de origen ilícito. El impacto de estas operaciones es de carácter transnacional y se concentra principalmente en destinos como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF realizó estudios financieros, fiscales y corporativos de los involucrados. Los análisis permitieron identificar movimientos relevantes de dinero, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos con tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en la región occidental del país.

Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales de la autoridad.

La dependencia señaló que mantiene coordinación permanente con instancias nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las capacidades económicas de organizaciones criminales.

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