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Activistas de Derechos Humanos en México buscan refugio en EU

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El Paso, una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, alberga ahora a un creciente número de activistas de derechos humanos mexicanos que escapan de las persecuciones que sufren en Ciudad Juárez, la más violenta de México, ubicada justo cruzando la frontera.

Algunos activistas huyen por miedo a los cárteles de drogas. Otros temen a los militares desplegados desde 2008 en Ciudad Juárez, precisamente para protegerlos.

Saúl Reyes Salazar y su familia, integrada por varios activistas, han pagado un alto precio por denunciar lo que llama la «militarización» de la ciudad mexicana de 1,2 millones de habitantes y ubicada a 1.870 km de la capital: seis familiares han sido asesinados desde 2008.

Reyes Salazar, su esposa e hijos viven ahora en una pequeña casa de alquiler en El Paso (sur de Texas), después de recibir asilo en enero.

«Los primeros días que estuvimos en El Paso representaron la primera vez en mucho tiempo que pude dormir por la noche y despertar en la mañana sin pesadillas», dijo a la AFP.

Hace unos cuatro años esta familia comenzó a denunciar desapariciones forzadas, asesinatos y torturas presuntamente perpetradas por soldados desplegados por el presidente mexicano Felipe Calderón como parte de una ofensiva contra los cárteles lanzada a nivel nacional en diciembre de 2006.

Los operativos, en los que participan miles de militares, han estado acompañados de un crecimiento de los asesinatos brutales. Unas 50.000 personas han muerto en la ola de violencia, la mayoría -según el gobierno- delincuentes, pero también civiles ajenos al crimen organizado.

Sólo en Guadalupe, un poblado de 3.000 habitantes en las afueras de Ciudad Juárez, han sido asesinadas 180 personas, 26 han desaparecido y se han encontrado ocho cadáveres aún no identificados, según conteos de Reyes Salazar.

Los integrantes de su familia, que tenía una panadería cerca a Guadalupe, recibieron amenazas desde que comenzaron a denunciar la violencia contra otros y finalmente se convirtieron ellos mismos en víctimas.

«Tal vez estamos más seguros aquí (en El Paso)», dice Reyes Salazar en su pequeña y oscura cocina. «Pero no me siento bien de saber que sigue existiendo tanta maldad allá», añadió.

Según Carlos Spector, abogado de la familia que ha ganado un puñado de casos similares de mexicanos que piden asilo, unos 21 defensores de derechos humanos han sido asesinados en el estado de Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez, desde que llegó el Ejército en 2008.

«La mayoría de los casos de asilo que tenemos y que hemos visto son producto de crímenes de Estado, y no están relacionados con el narcotráfico. Ni uno de los casos están relacionados con drogas», dijo Spector.

«En todos los casos miembros del gobierno mexicano han sido señalados como autores materiales de los crímenes y el gobierno de Estados Unidos ha estado de acuerdo con nosotros mediante la concesión» del asilo, prosiguió.

Al margen de quién está en el origen de los crímenes, para muchos activistas ya es demasiado tarde.

Marisela Escobedo, una madre que batalló durante dos años para llevar al asesino de su hija adolescente a la justicia, fue asesinada a balazos en diciembre de 2010 frente a la gobernación de Chihuahua, mientras efectuaba un plantón de protesta.

Un video tomado por la policía muestra cómo un automóvil se estaciona cerca del edificio y la activista intenta huir de un pistolero que finalmente la alcanza y le dispara a quemarropa. Su asesino sigue libre.

Norma Andrade, que se convirtió en activista luego de que su hija de 17 años fuera secuestrada y asesinada presuntamente por narcotraficantes, huyó de Ciudad Juárez tras ser baleada en diciembre de 2011 y se refugió en Ciudad de México donde fue atacada hace un mes con un arma cortopunzante.

Andrade anunció que buscará asilo fuera de México, mientras su hija, Malú Andrade, también activista, ha sido amenazada y también sufrió el intento de incendio de su casa en Ciudad Juárez. «Eso te vuelve paranoica», dijo Malú Andrade a la AFP.

Pese a que al otro lado de la frontera encuentran tranquilidad, los activistas no viven una vida fácil. «Ahora nos encontramos en una posición mucho más vulnerable económicamente, con menos opciones para el activismo social», dijo Reyes Salazar, quien recordó que su familia tuvo que dejar negocios y bienes.

«Echo de menos México (…) Creo que el sueño de todos los exilia.

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México

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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