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México

Acude Anaya a la PGR acusado de lavado de dinero; no hay rastro de su socio

El empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien es acusado de ser presuntamente el cerebro financiero en la operación de lavado de dinero en el extranjero y en paraísos fiscales, donde estaría involucrado el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, fue compañero de escuela del panista.

De acuerdo con la investigación difundida por El Universal, el empresario y Anaya estudiaron en el Instituto Queretano San Javier, de filiación marista, donde cursaron juntos la secundaria y la preparatoria.

Esta información contradice la versión de Anaya Cortés quien había insistido en que apenas conoce a Manuel Barreiro. Además, sus esposas, Carolina Martínez Franco y Ana Paula Ugalde Herrera, también mantienen una estrecha amistad desde hace algunos años.

La investigación también refirió que el cuñado de Barreiro, Álvaro Ugalde Herrera, trabajó para Ricardo Anaya cuando él era secretario particular del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón.

El concuño de Ricardo Anaya, José Luis Sáinz, esposo de Natalia Martínez Franco, también tiene una amistad con Manuel Barreiro, pues en las redes sociales hay fotos de reuniones juntos.

ANALIZAN LA RELACIÓN ANAYA-BARREIRO

Por su parte, el titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó que ya se ha citado a declarar a Barreiro; sin embargo, no se ha presentado a la cita.

“Lo hemos citado, no se ha presentado a declarar, hemos emitido unas alertas migratorias ante el posible riesgo de que pudiera sustraerse de las investigaciones”, señaló el funcionario en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Fórmula, el pasado viernes.

Elías Beltrán aseguró que la PGR ya se encuentra investigando la relación entre Anaya y Barreiro, la cual podría apoyar las acusaciones echas por Alberto “N” y Daniel “N” en su contra.

“Nosotros estamos haciendo las investigaciones relacionadas con el señor que aludes en la primera pregunta, para efecto de seguir las líneas de investigación, agotar y en caso de que se acredite que existiera algún vínculo, así quedará asentado en las investigaciones”, subrayó Elías Beltrán.

BARREIRO SE AMPARA PARA EVITAR DETENCIÓN

Ante esta situación, el empresario queretano quien actualmente se encuentra en Canadá, tramitó un amparo el cual le impide a la PGR ejercer acciones penales en su contra.

El amparo fue concedido por el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, para que en caso de que efectivamente tenga la calidad de imputado en la carpeta de investigación que inició la PGR, o cualquier otra, la autoridad ministerial responsable no las determinen por cuanto hace a los quejosos, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público, informó El Sol de México.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A RICARDO ANAYA?

El candidato panista está acusado de comprar un lote de terreno con una superficie de 11 mil 582 metros cuadrados a una empresa de Barreiro en 10 millones de pesos, y dos años más tarde se la vendió, ahora como nave industrial, en 54 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, los acusados simularon una supuesta venta de una nave industrial por parte de la empresa Uniserra S.A. de C.V. a la empresa Manhattan Masterplant Development por la cantidad aproximada de 54 millones de pesos.

Para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Barreiro encargó a Alberto y Daniel “N”, construir un esquema en donde se utilizaran empresas fantasma o fachada, constituidas algunas de ellas por prestanombres o testaferros.

A través de estas empresas presuntamente se hicieron transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo para que de esta forma se perdiera el rastro del dinero.

Alberto y Daniel “N” constituyeron personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar, entre otros países.
El abogado de Alberto y Daniel “N”, Xamán McGregor denunció que luego de declarar ante la PGR el presunto desvío de Anaya, tanto él como sus clientes han sido seguidos por vehículos desconocidos y que se mantenía una vigilancia en torno a sus domicilios particulares.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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