De los 30 mil indocumentados que fueron atendidos en albergues en 2015, más de una cuarta parte acusó que dio dinero a autoridades federales para salir de estaciones migratorias.
Así lo advierte un informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en el que señala que los delitos contra personas en tránsito realizados por autoridades, en particular el robo y la extorsión, aumentaron 86% en tan sólo un año.
De acuerdo con el informe “Migrantes en Tránsito por México: rostro de una crisis humanitaria”, realizado con base en 30 mil entrevistas, los delitos atribuidos a autoridades de los tres niveles de gobierno pasaron de 467 a 868 entre 2014 y 2015.
El robo fue el delito más común, aunque disminuyó 5.22%; en comparación, la extorsión fue el segundo delito más frecuente, con un aumento de 0.94%.
“Hemos hecho un cálculo de que, por los que detienen y pagan la extorsión que pide la Policía Federal o el Instituto Nacional de Migración, cobran 100 dólares o mil pesos, solamente esos dos se llevan 200 millones de pesos al año”, aseguró Arturo González, director del Servicio Jesuita a Migrantes en conferencia de prensa.
Aunque en 2014 las policías municipales fueron las más señaladas por participar en delitos, para el siguiente año, la participación de la Policía Federal incrementó 15%, hasta representar la mitad de todos los delitos cometidos.
Según narraron directores de casas de migrantes, los policías de todos los niveles cobran cuotas mínimas de 300 pesos para permitirles seguir su tránsito.
Las 10 casas de migrantes que conforman la Red también identificaron los delitos de lesiones, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, abuso sexual, trata de personas y abuso de autoridad.
De mil 768 delitos registrados en 2015, la mitad ocurrieron en Chiapas, la principal puerta de entrada al país para migrantes centroamericanos; le siguieron Veracruz y Oaxaca.
Los migrantes provienen, en su mayoría, de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Reforma