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Acusaciones de corrupción atentan contra la independencia judicial

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Ciudad de México.— Tras los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respondió que las acusaciones de corrupción generalizada en los juzgadores atenta contra la independencia judicial.

Las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades”, dijo el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED, en un comunicado.

“La división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra carta magna, por ello consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”.

En la conferencia matutina, López Obrador se lanzó ayer por segundo día consecutivo contra los juzgadores, afirmando que no resisten “cañonazos” de dinero y desprecian al pueblo, motivo por el que el Poder Judicial debe ser moralizado para erradicar la corrupción.

«Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar”, expresó López Obrador.

Conformada por más de mil 300 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país, la JUFED –dijo su director– tiene su propio Código Ético de Conducta y sus integrantes están sujetos a los controles disciplinarios del Consejo de la Judicatura Federal.

“Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad. Nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición. Nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno”, señaló el magistrado Froylán Muñoz.

“El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, expresó.

Por ahora, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la Judicatura Federal han respondido a las manifestaciones del presidente.

Fuente: El diario

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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