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México

Acusaciones de corrupción atentan contra la independencia judicial

Ciudad de México.— Tras los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respondió que las acusaciones de corrupción generalizada en los juzgadores atenta contra la independencia judicial.

Las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades”, dijo el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED, en un comunicado.

“La división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra carta magna, por ello consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”.

En la conferencia matutina, López Obrador se lanzó ayer por segundo día consecutivo contra los juzgadores, afirmando que no resisten “cañonazos” de dinero y desprecian al pueblo, motivo por el que el Poder Judicial debe ser moralizado para erradicar la corrupción.

«Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar”, expresó López Obrador.

Conformada por más de mil 300 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país, la JUFED –dijo su director– tiene su propio Código Ético de Conducta y sus integrantes están sujetos a los controles disciplinarios del Consejo de la Judicatura Federal.

“Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad. Nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición. Nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno”, señaló el magistrado Froylán Muñoz.

“El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, expresó.

Por ahora, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la Judicatura Federal han respondido a las manifestaciones del presidente.

Fuente: El diario

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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