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Acusaciones de corrupción atentan contra la independencia judicial

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Ciudad de México.— Tras los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respondió que las acusaciones de corrupción generalizada en los juzgadores atenta contra la independencia judicial.

Las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades”, dijo el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED, en un comunicado.

“La división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra carta magna, por ello consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”.

En la conferencia matutina, López Obrador se lanzó ayer por segundo día consecutivo contra los juzgadores, afirmando que no resisten “cañonazos” de dinero y desprecian al pueblo, motivo por el que el Poder Judicial debe ser moralizado para erradicar la corrupción.

«Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar”, expresó López Obrador.

Conformada por más de mil 300 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país, la JUFED –dijo su director– tiene su propio Código Ético de Conducta y sus integrantes están sujetos a los controles disciplinarios del Consejo de la Judicatura Federal.

“Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad. Nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición. Nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno”, señaló el magistrado Froylán Muñoz.

“El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, expresó.

Por ahora, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la Judicatura Federal han respondido a las manifestaciones del presidente.

Fuente: El diario

México

Sheinbaum condiciona acción contra Rocha Moya a pruebas de la FGR

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas “contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se procederá conforme a la ley en territorio mexicano. La mandataria señaló que la misma ruta aplicaría para los nueve funcionarios sinaloenses también señalados por autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, en caso de no existir pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Indicó que corresponde a la FGR valorar la documentación recibida y, en su caso, determinar si existen elementos constitutivos de delito para actuar bajo jurisdicción mexicana. Reiteró que su gobierno mantendrá una postura de defensa de la soberanía nacional.

La presidenta aseguró que no se permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente al pueblo de México. Añadió que esa posición se basa en la búsqueda de verdad, justicia y respeto a la soberanía.

También confirmó que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Esos expedientes fueron turnados a la FGR para su análisis conforme a la legislación nacional.

Sin embargo, señaló que un día después el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el retiro de cargos contra esos mismos 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

Sheinbaum cuestionó la difusión del documento denominado “Acusación de reemplazo bajo reserva”, al señalar que ese tipo de procedimientos son confidenciales de acuerdo con los tratados aplicables. Explicó que, por ello, el área jurídica de la Cancillería expresó un extrañamiento formal.

La mandataria recordó que la FGR informó previamente que revisará la documentación recibida para determinar si existen datos probatorios suficientes y resolver sobre la viabilidad de las solicitudes. Además, iniciará una investigación para recabar información y verificar si hay bases legales para solicitar órdenes de aprehensión.

Un día antes, autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen narcotráfico, armas y presunta protección a integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Hasta el cierre de esta edición, la FGR mantenía en análisis la documentación recibida.

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