México

Acusaciones de corrupción atentan contra la independencia judicial

Ciudad de México.— Tras los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respondió que las acusaciones de corrupción generalizada en los juzgadores atenta contra la independencia judicial.

Las y los juzgadores del Poder Judicial de la Federación tenemos el único compromiso de salvaguardar la constitución y los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. El Estado de derecho, sobre todas las cosas, es el camino que garantiza la viabilidad de una democracia en la que la ciudadanía puede ejercer sus libertades”, dijo el magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED, en un comunicado.

“La división de poderes es una demanda de equilibrio plasmada por los mexicanos en nuestra carta magna, por ello consideramos que hacer inferencias respecto de una corrupción generalizada entre las y los juzgadores es un acto que atenta contra la independencia judicial”.

En la conferencia matutina, López Obrador se lanzó ayer por segundo día consecutivo contra los juzgadores, afirmando que no resisten “cañonazos” de dinero y desprecian al pueblo, motivo por el que el Poder Judicial debe ser moralizado para erradicar la corrupción.

«Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción, con honrosas excepciones para no generalizar”, expresó López Obrador.

Conformada por más de mil 300 jueces de distrito y magistrados de circuito en todo el país, la JUFED –dijo su director– tiene su propio Código Ético de Conducta y sus integrantes están sujetos a los controles disciplinarios del Consejo de la Judicatura Federal.

“Las personas juzgadoras nos debemos a la sociedad. Nuestros honorables encargos los obtenemos por concurso de oposición. Nos caracteriza la honestidad, imparcialidad y objetividad en nuestra función, sin hacer caso a intereses oscuros o de grupo alguno”, señaló el magistrado Froylán Muñoz.

“El Poder Judicial de la Federación cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; sin omitir señalar que nuestras resoluciones son públicas, lo que garantiza transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”, expresó.

Por ahora, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la Judicatura Federal han respondido a las manifestaciones del presidente.

Fuente: El diario

México

Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.

Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.

La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.

“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.

Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.

“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.

Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.

“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.

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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.

Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.

Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.

Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.

La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.

La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.