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México

Acusan a sacerdote de abusos contra 45 niños indígenas

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Al menos 45 niños y jóvenes de regiones indígenas oaxaqueñas sufrieron abuso sexual por parte del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, según diversos testimonios que desde junio de 2009 fueron presentados al arzobispo José Luis Chávez Botello por al menos 10 curas oaxaqueños, que posteriormente notificaron del asunto al Vaticano, donde fue declarado inocente, informó el diario La Jornada.

Según el periódico, el arzobispo Chávez Botello permitió que, durante más de tres años, Gerardo Silvestre continuara en ejercicio y lo premió con más poder y privilegios, mientras que por otro lado castigó y removió a quienes escucharon y atendieron a los denunciantes.

La información del reportero Julio Hernández señala que Chávez Botello suspendió al cura hasta el domingo 27 de mayo de 2012, orillado por la difusión de una denuncia que hizo el mecánico Pedro Mendoza, cuyo hijo de nueve años (quien en dos ocasiones intentó suicidarse, una de ellas cuando el presbítero fue a buscarlo a su casa) fue enviado en 2006 como acólito a la parroquia donde oficiaba Silvestre Hernández. Luego surgieron otras dos denuncias de jóvenes que en su niñez también pasaron por la parroquia de San Pablo Huitzo, entonces a cargo de Gerardo Silvestre.

Cuando se produjo la primera denuncia, en mayo, el arzobispado de Antequera-Oaxaca emitió un comunicado en el que dijo desconocer la acusación, sin embargo, los testimonios refieren que desde 2009 el arzobispo Chávez Botello había escuchado de viva voz los señalamientos detallados de Gerardo Silvestre como un caso probado de pederastia clerical en una zona indígena y de su afición al alcohol, el dinero y el poder que le habían dado a conocer siete sacerdotes diocesanos: Manuel Arias Montes, Sergio Herrera Arias, Miguel Ángel Morelos García, Jorge Pérez García, Juan Antonio Jiménez, Guillermo Velázquez Gordillo y Juan Ruiz Carreño, a ellos se agregaron los también presbíteros David Elías Mendoza Maldonado, Leoncio Hernández Guzmán y Ángel Noguera.

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México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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