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México

Acusan a sacerdote de abusos contra 45 niños indígenas

Al menos 45 niños y jóvenes de regiones indígenas oaxaqueñas sufrieron abuso sexual por parte del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, según diversos testimonios que desde junio de 2009 fueron presentados al arzobispo José Luis Chávez Botello por al menos 10 curas oaxaqueños, que posteriormente notificaron del asunto al Vaticano, donde fue declarado inocente, informó el diario La Jornada.

Según el periódico, el arzobispo Chávez Botello permitió que, durante más de tres años, Gerardo Silvestre continuara en ejercicio y lo premió con más poder y privilegios, mientras que por otro lado castigó y removió a quienes escucharon y atendieron a los denunciantes.

La información del reportero Julio Hernández señala que Chávez Botello suspendió al cura hasta el domingo 27 de mayo de 2012, orillado por la difusión de una denuncia que hizo el mecánico Pedro Mendoza, cuyo hijo de nueve años (quien en dos ocasiones intentó suicidarse, una de ellas cuando el presbítero fue a buscarlo a su casa) fue enviado en 2006 como acólito a la parroquia donde oficiaba Silvestre Hernández. Luego surgieron otras dos denuncias de jóvenes que en su niñez también pasaron por la parroquia de San Pablo Huitzo, entonces a cargo de Gerardo Silvestre.

Cuando se produjo la primera denuncia, en mayo, el arzobispado de Antequera-Oaxaca emitió un comunicado en el que dijo desconocer la acusación, sin embargo, los testimonios refieren que desde 2009 el arzobispo Chávez Botello había escuchado de viva voz los señalamientos detallados de Gerardo Silvestre como un caso probado de pederastia clerical en una zona indígena y de su afición al alcohol, el dinero y el poder que le habían dado a conocer siete sacerdotes diocesanos: Manuel Arias Montes, Sergio Herrera Arias, Miguel Ángel Morelos García, Jorge Pérez García, Juan Antonio Jiménez, Guillermo Velázquez Gordillo y Juan Ruiz Carreño, a ellos se agregaron los también presbíteros David Elías Mendoza Maldonado, Leoncio Hernández Guzmán y Ángel Noguera.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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