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Adeuda Angélica Fuentes más de 900 mdp al SAT

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De acuerdo con oficios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a marzo del 2021 los adeudos de la “reina del gas”, la empresaria juarense Angélica Fuentes Téllez, ascienden a 944 millones 241 mil 588.23 pesos, cobros que no se han podido realizar, ante la imposibilidad de la autoridad recaudadora de entregar notificaciones.

Los adeudos al SAT datan de 2012 y se argumenta que no ha sido posible localizar el domicilio o que negaron conocerla en la dirección indicada, por lo que no se han aplicado órdenes de embargo a sus empresas, de las que destaca la financiera Muvop.

El SAT señala en un oficio fechado el primero de marzo de 2021 que se procedió al embargo de las empresas a nombre de Fuentes Téllez, “a través de Requerimiento de Pago y la Diligencia de Embargo con número de oficio 400-23-00-02-01-2021-1578 de fecha 1 de marzo de 2021, emitido por esta Administración de Recaudación de Chihuahua 2, notificado electrónicamente con fecha 8 de marzo de 2021, para hacer efectivo el cobro de los siguientes créditos fiscales”, cita el documento.

Se advierte que al tratar de hacer exigible el pago de créditos fiscales, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución, en los términos establecidos en el artículo 16, párrafo primero, fracción XXVIII del reglamento del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el primer párrafo del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente Angélica Fuentes Téllez y/o su representante legal no fue localizado en el domicilio que señaló”.

Al no tener registro de que haya pagado ni garantizado el adeudo fiscal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, se le requiere de pago y embargan bienes de su propiedad, a fin de hacer efectivos éstos, conforme a la liquidación del adeudo”, apunta el documento.

Nominada como una de las diez mujeres de negocios más influyentes en México y en América Latina, Angélica Fuentes es considerada como “la reina del gas” tras ocupar la dirección de Grupo Imperial, la compañía gasera más grande del norte del país y de la que hoy es accionista. Además, fue presidenta de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) y directora ejecutiva de Omnilife.

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Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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