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Política

Adeuda el Verde más de 63 mdp

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cerró el año con una deuda superior a los 63 millones de pesos en sus finanzas.

Del monto, 58 millones corresponden a un adeudo con Grupo Multiva de Grupo Empresarial Ángeles (GEA) que se firmó por 100 millones de pesos, que poco a poco ha ido pagando. Además, debe casi cuatro millones en impuestos y dos millones a proveedores y acreedores.

Un informe del PVEM indica que en lo referente a “impuestos por pagar” en el ejercicio 2017 suman tres millones 819 mil 492 pesos.

Los verdeecologistas tienen deudas con acreedores que pertenecen al mismo partido. Se trata de legisladores en activo con quienes el instituto político tiene registradas deudas que suman 51 mil 941 pesos.

A Arturo Álvarez Angli, actual diputado federal por Guerrero, se le deben 19 mil 736 pesos; y al senador Carlos Alberto Puente Salas —quien es el presidente nacional del instituto— se le adeudan 16 mil 234 pesos.

A la diputada plurinominal de Guanajuato Beatriz Manrique Guevara se le adeudan 15 mil 971 pesos. Ella es militante en el Partido Verde Ecologista de México desde 1998.

El instituto político adeuda a proveedores casi dos millones de pesos. Al Gobierno de la Ciudad de México le debe 886 mil 489 pesos cuyo concepto no se especifica. A la empresa encuestadora Buendía & Laredo le adeuda 496 mil 160 pesos y Mendoza Blanco & Asociados —también encuestadora— le debe 233 mil 720 pesos.
El PVEM también tiene una deuda con la agencia Element Studio, una empresa encargada de la realización de campañas digitales a la que el Verde le adeuda 133 mil 625 pesos. En el recibo telefónico los verdes tienen un adeudo de 88 mil 223 pesos con Teléfonos de México.

Para la organización de eventos, el Partido Verde contrató a la empresa Kran Marketing, a quien le deben 72 mil 384 pesos, de acuerdo con sus propios reportes. El documento proporcionado vía transparencia indica que la deuda con acreedores y proveedores la puede saldar hasta que finalice el ejercicio fiscal de 2018.

México

Senado abre periodo extraordinario con reformas que permitirían recopilar datos biométricos de ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones con una agenda de 16 reformas de alto impacto, entre las que destacan propuestas polémicas por incluir la creación de bases de datos biométricos para diversas finalidades, desde el combate al lavado de dinero hasta la búsqueda de personas desaparecidas y el control de la telefonía móvil.

Tres de las iniciativas más controvertidas son la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Todas ellas comparten un eje común: la recolección, gestión o utilización de datos biométricos de ciudadanos.

En el caso de la reforma antilavado, se plantea otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la facultad de solicitar datos e imágenes a cualquier dependencia del gobierno federal, con el fin de identificar operaciones sospechosas. La propuesta ha sido cuestionada por su ambigüedad en torno a los límites y mecanismos de protección de datos personales.

Respecto a la nueva ley de telecomunicaciones, se busca establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con información biométrica, una medida que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, la iniciativa reaparece en la agenda legislativa, generando preocupaciones sobre una eventual reinstauración de mecanismos de vigilancia masiva.

Por su parte, las modificaciones a la legislación sobre desapariciones prevén incluir datos biométricos de familiares de personas no localizadas, como parte de los protocolos de búsqueda e identificación. Aunque se argumenta que esta medida puede agilizar los procesos, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de mal uso de esta información.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que durante el periodo extraordinario —que se extenderá del 23 de junio al 2 de julio— podrían abordarse hasta 22 reformas, con sesiones incluso programadas para sábado y domingo. Agregó que existe la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe nuevas iniciativas, las cuales se incorporarían a la agenda.

La jornada de este lunes inició con la discusión de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que busca prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos. Sin embargo, el debate de mayor tensión se anticipa conforme avancen los días y se aborden las reformas que tocan temas sensibles como seguridad nacional, telecomunicaciones, fiscalización y derechos fundamentales.

Entre las reformas enlistadas también figura la expedición de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el rediseño normativo de la Guardia Nacional, una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, y la transferencia de funciones del Coneval al INEGI.

La discusión de estas reformas ocurre en un contexto en el que organismos civiles, expertos y sectores de la oposición advierten sobre una creciente tendencia hacia la centralización del poder y la expansión de facultades de vigilancia del Estado, sin mecanismos de control institucional suficientes.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo de estas propuestas y su impacto en los derechos de millones de mexicanos. El debate está abierto, pero la preocupación por el posible uso indiscriminado de datos personales —en nombre de la seguridad— ya es evidente dentro y fuera del Senado.

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