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Adeuda Walmart impuestos por $10.5 mil millones al SAT

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) demandó a la cadena de tiendas de autoservicio Wal-mart de México y Centroamérica cubrir impuestos por más de 10.5 mil millones de pesos, ante presuntas diferencias en el pago de contribuciones por la compra de la división de restaurantes Vips por Alsea, realizada en 2014. Ese monto incorpora las supuestas diferencias en desembolso de impuestos, actualización, recargos y multas.

Walmart confirmó que el SAT emitió un oficio de liquidación en el que le reclama el pago de impuestos por 10 mil 559 millones de pesos.

Por su parte, la cadena de tiendas de autoservicio más grande de México y Latinoamérica informó que no está creando una provisión al respecto, ya que los despachos de abogados externos y la administración de Walmart consideran que cuentan con los elementos para sostener la validez de las operaciones realizadas.

Además, la compañía se encuentra evaluando sus alternativas legales para impugnar dicha resolución, ya sea por la vía administrativa o judicial.

Asimismo, presentó un recurso de revocación ante las autoridades fiscales, el cual se encuentra pendiente de resolución, con el fin de que se efectúe una adecuada valoración de todos los argumentos.

El monto reclamado por las autoridades representa 14.9 por ciento del flujo de efectivo antes del pago de impuestos y depreciación de 2019 de Walmart México, índice que se considera muy saludable.

Especialistas de la Casa de Bolsa Monex consideraron que Walmart de México podría demostrar que ha cumplido con sus obligaciones fiscales y, por tanto, el oficio no procederá. Dicho proceso podría tomar tiempo para ser solucionado por completo, generando incertidumbre alrededor de la acción.

El viernes pasado se informó que el SAT requirió a la operadora mexicana de restaurantes Alsea el pago de 3 mil 881 millones de pesos por obligaciones relacionadas con la adquisición de la cadena de restaurantes Vips a la minorista Walmart de México en 2014.

Fuente: La Jornada

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Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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