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México

Advierten de riesgos por jornadas excesivas de los policías

Se trata de hombres y mujeres que en su jornada desayunan, comen, cenan o incluso dormitan

En México los más de 400 mil policías de seguridad pública de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, trabajan en turnos de más de ocho y hasta 48 horas continuas, superiores a las jornadas laborales que establece como estándar para las corporaciones policiacas la Organización de las Naciones Unidas.

Se trata de hombres y mujeres que en su jornada desayunan, comen, cenan o incluso dormitan. El trabajo es extenuante y agotador porque no se les respetan las horas de trabajo, lo que les genera en lo personal enfermedades crónico-degenerativas, cansancio y sueño constante. En lo familiar son permanentes los problemas por su ausencia y, en lo profesional, impacta en la disminución en el estado de alerta, lesiones por accidentes de trabajo e incluso conductas impulsivas, revelan estudios.

El Centro de Investigaciones sobre el Sueño, de la Universidad del Sur de Australia, muestra que “permanecer 24 horas en vigilia equivale a tener las condiciones físicas y mentales de alguien que ha bebido seis cervezas de manera continua”.

Hasta ahora no existe una ley que regule los horarios de trabajo de los cuerpos de seguridad del país. En el Congreso hay una iniciativa que propone modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se prohíban las jornadas de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso para los policías.

En la Unión Europea la duración del trabajo es de 48 horas por cada siete días. En Chile es de 45 horas en seis días. En Estados Unidos y Reino Unido son 40 horas semanales en sistemas de turnos.

* Los efectos

– En lo profesional y seguridad

Bajo rendimiento

Reacciones lentas

Disminución en el estado de alerta

La falta de atención genera accidentes y lesiones

Conductas impulsivas y agresivas

– Personales y en la salud

Fatiga

Menos tiempo con la familia

Se incrementan los divorcios

Desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes

Alteraciones cardiacas

Fuente: El Pulso de San Luis

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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