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Afirman que los García Luna se apropiaron de dinero público

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, aseguró que hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se le sigue al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, entre ellas, la esposa y la hermana, ya que ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos.

Nieto Castillo detalló que se detectaron transferencias de dependencias públicas hacia una empresa (sin especicar nombre) y que fueron trianguladas a cuentas de García Luna. Esta evidencia es una de las pruebas más sólidas de la UIF para integrar la denuncia que se hará ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ha sido la base para el congelamiento de cuentas.

En entrevista, tras participar en el foro Más Transparencia Menos Corrupción, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el encargado del organismo fiscalizador también dijo que aún están vericando si entre las personas a las que se les congelaron las cuentas bancarias hay funcionarios públicos activos.

Santiago Nieto no reveló los nombres de los socios, apoderados y dependencias vinculadas a la investigación hecha al que hace algunos años se le conociera como el superpolicía, y puntualizó que el total de las cuentas congeladas y el monto se dará a conocer por la UIF el día de hoy por la tarde. En este caso, especificó el funcionario, hay una colaboración internacional, y por parte del gobierno federal se continúa con la política de “cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.

Con respecto a la negativa de la Cámara de Diputados sobre la posibilidad de que la UIF decrete la extinción de dominio en términos de la Constitución y la ley de los recursos y propiedades vinculadas a delitos de la delincuencia organizada, rerió: “Lo que estábamos planteando es que la UIF diera aviso al Ministerio Público para que éste promoviera ante un juez la extinción”.

Anuncian depuración Por otro lado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, anunció ayer una depuración en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Cisen, y en la Policía Federal, donde se “enquistaron” personajes ligados a Genaro García Luna. Ello, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenara que se realizara una investigación en el interior de su gobierno para conocer si hay colaboradores de Genaro García Luna trabajando en la administración pública federal.

“Si estuvieron actuando en este tipo de funciones, nosotros llegamos aquí para cambiar las cosas, y está escrito: no se tolera la corrupción o la impunidad ni de mi familia”, aseguró el presidente López Obrador en su conferencia mañanera.

Así, el secretario de Seguridad atendió la instrucción y puntualizó que “esas áreas se convirtieron, con el tiempo, en cotos de poder, y se enquistaron ahí representantes de esos personajes, de esos intereses, y por eso también es que en algunos casos ha habido expresiones de inconformidad en las propias instancias de seguridad, derivado de que con nuestras decisiones hemos afectado intereses marcados por la corrupción”, aseveró.

Señaló que se desconoce el número de mandos o funcionarios vinculados al exsecretario que operan en áreas de la Secretaría de Seguridad, Policía Federal y del Centro Nacional de Inteligencia. El funcionario rechazó que la depuración ordenada por el Presidente viole la presunción de inocencia de Genaro García Luna, quien todavía no ha sido sentenciado por los delitos que se le imputan en Estados Unidos.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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