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Política

Afirman que rebasar los topes de campaña no es causa de nulidad

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Así lo reveló el  consejero electoral del IFE, Lorenzo Córdova Vianello, que precisó hasta el momento la Unidad de fiscalización a cargo de Alfredo Cristalinas, ha turnado al Tribunal Electoral Federal, todos los avances en dichas investigaciones.

“Creo que vale la pena resaltar que el IFE ha estado haciendo del conocimiento del Tribunal toda la documentación, todas las constancias que se ha allegado en las investigaciones de las denuncias que se han presentado, es decir, hoy el Tribunal Electoral y al momento de calificar la elección, no creo, no lo sé habrá que ver difícilmente contará con los procedimientos de la quejas estas en materia de fiscalización ya resueltas, ya con dictámenes elaborados y votados por el Consejo General, pero en todo caso tendrá en su conocimiento todos los elementos de las investigaciones por que la Unidad de Fiscalización  en el momento en que se presentó el informe circunstanciado, pero también periódicamente ha estado entregando copia certificada de todas las constancias, de todos los expedientes al Tribunal Electoral para que este tenga el mayor número de elementos en el momento de calificar la elección”.

En entrevista luego de participar en la presentación del libro titulado “El Procedimiento Especial Sancionador en Materia Electoral” de José Roldán, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Córdova Vianello, precisó que la ley electoral federal, ha diferencia de la ley electoral en el Distrito Federal, no se contempla la anulación de un proceso comicial por el hecho de que un partido político rebasó el tope de gasto de campaña.

“El rebase de los topes de gasto de campaña no es causal como en el D.F. de nulidad de las elecciones y los plazos establecidos en el COFIPE para realizar la fiscalización de las campañas, entre ellos, determinar por ejemplo; si se rebasaron o no los topes concluyen o implican que estas determinaciones concluyen no solamente calificado el proceso electoral, sino también, una vez que los funcionarios públicos que han sido electos en el mismo toman posesión de su cargo. Yo creo que es importante, pues, un repensamiento del modelo, para que si se quiere una fiscalización con carácter mucho más preventivo pueda plasmarse en la ley o eventualmente si se decide mantener esta lógica de una fiscalización exhaustiva pero que implica tiempos mayores puede eventualmente traer como consecuencia no solamente sanciones a los partidos políticos que eventualmente comentan una infracción, sino también a los otrora candidatos y servidores públicos”.

En este sentido, se pronunció porque sean los próximos legisladores federales los que analicen la posibilidad de ir a una nueva reforma electoral y donde se contemple el tema de rebase de tope de gasto de campaña.

 

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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