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Agricultores de Chihuahua ‘toman’ la presa La Boquilla; rechazan trasvase

Alrededor de 500 agricultores de los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo, en la región centro de Chihuahua, irrumpieron en la presa La Boquilla con la intención de impedir que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trasvase líquido a Estados Unidos en cumplimiento de un convenio de 1944.

Después de enfrentarse con elementos de la Guardia Nacional (GN) que custodiaban el embalse, los guardias recibieron la orden de replegarse y los manifestantes se instalaron en su lugar.

Encabezados por los alcaldes de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez, y Camargo, Arturo Zubía, además de diputados panistas locales, los manifestantes se reunieron la tarde del martes alrededor de La Boquilla e intentaron llegar a las compuertas, pero una valla de la GN impidió que pasaran.

La columna creció con la llegada de más agricultores y habitantes de ambos municipios, que a empujones rompieron la formación de los antimotines y llegaron a la cortina, donde anunciaron que se quedarán hasta que la Conagua garantice que no habrá trasvase.

Los diputados locales Jesús Velázquez Rodríguez y Omar Bazán Flores, del Partido Revolucionario Institucional; Luis Aguilar Lozoya, de Acción Nacional, y Francisco Chávez Herrera, de Morena, respaldaron la manifestación.

La Asociación Agrícola del municipio de Camargo alertó el lunes que funcionarios de la Conagua y antimotines de la Guardia Nacional estaban en la presa para el pago del Tratado Internacional de Aguas entre México y Estados Unidos. La organización llamó a tomar la presa y evitar el robo del patrimonio de los agricultores.

Luego, en sesión de la Diputación Permanente efectuada este martes, el panista Luis Aguilar Lozoya dijo que se abrirían las compuertas para enviar agua al río Bravo y entregarla a Nuevo León y Tamaulipas.

En campaña escuchamos al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador decir que primero eran los pobres, pero quiere llevarse mil millones de metros cúbicos de la presa La Boquilla para entregarlos a empresarios de Tamaulipas y Nuevo León. El discurso cambió, ahora son los ricos lo primero, dijo Aguilar Lozoya.

El tratado se ha cumplido puntualmente desde hace 75 años y los diputados no se habían opuesto a él en gobiernos priístas y panistas.

Horas antes del enfrentamiento, agricultores de Delicias que pertenecen al distrito de riego de la presa La Boquilla, a más de 100 kilómetros, bloquearon ambos sentidos de la carretera federal 45, que comunica la capital del estado con el sur del país, en el poblado de Cárdenas.

Con tractores y camiones de volteo, los usuarios pertenecientes a distintos módulos de riego bloquearon también las vías del tren, como hicieron ya en dos ocasiones cuando la Conagua anunció la apertura de la presa.

A todos nos afecta. Para empezar, el río no está en condiciones de sobrellevar agua; se va a quedar a medio camino. La presa no puede trasvasar, está a 65 por ciento de su capacidad y no está asegurado el ciclo agrícola de este año, expresó el productor Samuel García.

La Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional dio a conocer que la carretera fue bloqueada en el kilómetro 167, así como en el tramo Delicias-Jiménez, en el kilómetro 70.

Teófilo Gutiérrez, comandante de la Guardia Nacional, confirmó que el bloqueo lo realizaron productores agrícolas.

Luis Aguilar denunció que la Conagua ofreció desfogar sólo 600 millones de metros cúbicos de La Boquilla al río Bravo, pero dicha cantidad equivale a una pérdida de 12 mil millones de pesos, ya que cada metro cúbico se vende a por lo menos dos pesos. Dijo que el gobierno federal provocaría un enfrentamiento entre la sociedad y el Ejército si la Conagua insiste en abrir la presa.

El diputado local Luis Aguilar Lozoya dijo: La Guardia Nacional abrirá forzosamente la presa La Boquilla. (El gobierno federal) comete un atropelló contra Chihuahua. Nosotros continuamos en las negociaciones. La próxima reunión sería el 12 de febrero. El nuevo director local de la Conagua, Rubén Ramírez Quintana, decidió mandar a la Guardia Nacional a San Francisco de Conchos para robarse el agua de los chihuahuenses.

La mayoría de los campesinos que participan en las protestas tienen tierras de riego. Los de temporal han recibido apoyo del ex edil y actual diputado federal del PAN Mario Mata Carrasco.

Fuente: La Jornada

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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