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Agricultores y transportistas anuncian paro nacional para el 24 de noviembre

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Ciudad de México.– Agricultores y transportistas de todo el país convocaron a un paro nacional el próximo lunes 24 de noviembre, ante la falta de acuerdos con el Gobierno federal sobre la fijación de precios para el maíz y la creciente inseguridad en las carreteras.

Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo, señaló en conferencia de prensa que los productores rechazan los “supuestos acuerdos” anunciados por las autoridades para subsidiar el precio del grano, al considerar que solo benefician a empresarios y no al campo mexicano.

Desde el Palacio Nacional, Rodríguez Gómez anunció una alianza entre agricultores y transportistas para fortalecer las movilizaciones que han mantenido en los últimos días. “Hay una estrecha relación entre los productores del campo y los transportistas. Si no fuera por ellos, no podríamos llevar los alimentos a las mesas. Y ellos también están siendo agraviados, asaltados y extorsionados en las carreteras”, declaró.

Baltazar Valdez, también integrante del Frente Nacional para el Rescate del Campo, informó que la primera acción conjunta será el paro nacional del 24 de noviembre, que implicará detener el transporte de carga “desde su origen”. Aclaró que no se bloqueará el paso de vehículos privados ni del transporte de pasajeros.

Además, anunció que los manifestantes realizarán la toma de aduanas como medida de presión para ser atendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum. Acusó que en los encuentros con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, solo han recibido “promesas incumplidas”.

David Estévez, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), llamó a sus agremiados a sumarse al paro y acusó al gobierno de falsear las cifras sobre violencia en carreteras. “Seguimos trabajando con miedo e incertidumbre de salir a carretera y no volver a casa”, dijo.

El Frente Nacional para el Rescate del Campo presentó también un pronunciamiento con sus principales demandas, entre ellas el reconocimiento del Estado a la agricultura nacional, la creación de una banca de desarrollo para el sector agropecuario y pesquero, la exclusión de los granos en la revisión del T-MEC prevista para 2026, y la publicación de precios de garantía para los alimentos.

En días recientes, los agricultores han realizado movilizaciones en 25 estados del país, insistiendo en establecer un precio mínimo de 6 mil pesos por tonelada de maíz.

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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