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Ahora toca turno a Tamaulipas Por Aquiles Córdova Morán

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Este martes, 29 de mayo, el antorchismo tamaulipeco inició un plantón indefinido ante el palacio de gobierno en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el propósito de desatorar viejas demandas que la gente de más bajos ingresos, agrupada en el Movimiento Antorchista del estado, presentó y viene gestionando incansablemente, sin ningún resultado apreciable, desde el inicio mismo de la administración de Egidio Torre Cantú. En forma resumida, ya que el espacio no permite entrar en detalles, la lista de las peticiones es la siguiente.

1.- Con SEDESOL: mejoramiento de vivienda, pisos firmes, letrinas, tinacos, láminas para techo, empleo temporal, un albergue estudiantil entre las más necesarias.

2.- Con Desarrollo Rural: diversos proyectos productivos cuya viabilidad y justificación social están debidamente acreditadas ante la dependencia respectiva.

3.- Con la SEDUMA: salón de usos múltiples, reparación de una iglesia, remodelación de pequeñas plazas públicas, guarniciones y banquetas, pavimento, puente vehicular.

4.- Con CEAT: rehabilitación de sistemas de agua potable, red de distribución del líquido, bombas hidráulicas, planta tratadora de aguas negras, perforación de un pozo para dotar de agua a la comunidad.

5.- Caminos: pavimentación de varios ramales intransitables en tiempo de lluvias.

6.- Medio Ambiente: desazolve y descontaminación de río y canal.

7.- Secretaría de Salud: centro de salud y ambulancia para el traslado de enfermos graves.

8.- Educación: espacios educativos, reconocimiento oficial de planteles que carecen de él, equipo de cómputo, contratación de personal.

9.- ITAVU: crédito para vivienda, electrificación, lotes de interés social, regularización de colonias populares.

Como puede juzgar cualquier ciudadano sin prejuicios políticos y con sensibilidad social, no hay aquí ninguna demanda superflua, desmesurada o indefendible. El antorchismo tamaulipeco ha depurado una y otra vez su pliego de demandas hasta no dejar en él nada que no sea de estricta y urgente necesidad, apenas lo básico para que la gente deje de vivir como los brutos y comience a vivir como ser humano y con alguna esperanza de futuro. Ahora bien, como dije antes, estas necesidades fueron hechas del conocimiento del actual gobernador el día mismo de su toma de posesión, y la respuesta entonces fue que “pronto” habría una reunión de trabajo encabezada por él para dar respuesta puntual al documento. Desde entonces (han pasado ya 16 meses) se ha buscado ese encuentro por diversos medios: recordatorios escritos, abordaje personal, a través del Secretario de Gobernación, mediante desplegados de prensa, etc., en 12 ocasiones, sin ningún resultado. Han tenido lugar, además, 6 entrevistas con el Secretario General de Gobierno, 11 “reuniones resolutivas” con las distintas dependencias involucradas, 9 mítines, 2 marchas, y varias comisiones representativas con el mismo nulo resultado. Nadie podrá decir, entonces, que el plantón de los antorchistas es sólo una muestra de intransigencia, de su incapacidad y falta de racionalidad para entender los argumentos y las limitaciones del gobierno, o, peor aún, que se trata de “un chantaje” (el caballito de batalla contra la legítima protesta social) de los líderes, en busca de dinero o de posiciones políticas.

Y esta explicación y la difusión nacional de la misma resultan indispensables porque, 38 años de lucha contra la pobreza y contra la arrogancia y el desprecio a los intereses populares de muchos hombres de poder, nos han enseñado a prever lo que vendrá. Ya sabemos que allí donde faltan soluciones para los necesitados, allí donde sus demandas y su insistencia de solución se toman como un insulto y una “falta de respeto”, la culpa por la reacción de las víctimas de tal conducta jamás recae sobre quienes cierran puertas y oídos a los menesterosos, jamás son admitidas como suyas por quienes ejercen el poder y el presupuesto públicos de manera facciosa y desequilibrada. Los responsables son siempre los desamparados y sus líderes, sobre los cuales cae todo el enojo oficial en forma de una feroz guerra mediática, basada en la total distorsión de las demandas, de calumnias sobre los motivos y propósito de la lucha y de los dirigentes, de descarado maquillaje del comportamiento y del trato despótico de los funcionarios, y de amenazas, abiertas o disimuladas, en contra de los dirigentes. Y el gobierno sabe que, en esta guerra de lodo e intimidación, contará siempre con la ayuda eficaz, por convicción o por interés, de la gran mayoría de los medios informativos. Es por eso que la denuncia anticipada de tal maniobra es, apenas, un intento de legítima defensa.

Hace poco hubo cambio de dirigencia en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el poderoso organismo cúpula de los inversionistas más influyentes del país. Llamó mi atención que el dirigente recién ungido, frente a un discurso presidencial triunfalista y nada autocrítico, dijera a su turno, en tono asaz mesurado y reflexivo, que México sigue siendo uno de los países más desiguales de la tierra y que urge atacar este problema para tranquilidad de todos (la cita no es literal). A su vez, el candidato presidencial del PRI (partido que, por cierto, es el que llevó al poder al gobernador Egidio Torre), Lic. Enrique Peña Nieto, repite en cuanta acción se le presenta que los mexicanos estamos agraviados y lastimados por la enorme pobreza que padece la mayoría de la nación, que su gobierno se propone enfrentar este reto tomando medidas efectivas para un reparto más equitativo de la renta nacional y que quien no esté de acuerdo con esto no tendrá cabida en el proyecto de país que él encabeza. Y nadie podrá negar que una medida infaltable en una política de verdadero combate a la desigualdad social de que hablan el líder del CCE y el Lic. Peña Nieto, es la reorientación del gasto público en favor de los que menos tienen, sin desatender, obviamente, los problemas y los derechos del resto de la población. Pero en Tamaulipas, por lo aquí dicho, se ve que marchan viento en popa, a todo trapo como dicen los marineros, sólo que exactamente en sentido contrario. ¿Habrá alguien con la capacidad para verlo y el valor para decírselo a Egidio Torre Cantú? Los antorchistas, por lo pronto, harán su parte; y ojalá que el gobernador lo vea y lo entienda de esa manera y responda en consecuencia.

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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