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Ahora toca turno a Tamaulipas Por Aquiles Córdova Morán

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Este martes, 29 de mayo, el antorchismo tamaulipeco inició un plantón indefinido ante el palacio de gobierno en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el propósito de desatorar viejas demandas que la gente de más bajos ingresos, agrupada en el Movimiento Antorchista del estado, presentó y viene gestionando incansablemente, sin ningún resultado apreciable, desde el inicio mismo de la administración de Egidio Torre Cantú. En forma resumida, ya que el espacio no permite entrar en detalles, la lista de las peticiones es la siguiente.

1.- Con SEDESOL: mejoramiento de vivienda, pisos firmes, letrinas, tinacos, láminas para techo, empleo temporal, un albergue estudiantil entre las más necesarias.

2.- Con Desarrollo Rural: diversos proyectos productivos cuya viabilidad y justificación social están debidamente acreditadas ante la dependencia respectiva.

3.- Con la SEDUMA: salón de usos múltiples, reparación de una iglesia, remodelación de pequeñas plazas públicas, guarniciones y banquetas, pavimento, puente vehicular.

4.- Con CEAT: rehabilitación de sistemas de agua potable, red de distribución del líquido, bombas hidráulicas, planta tratadora de aguas negras, perforación de un pozo para dotar de agua a la comunidad.

5.- Caminos: pavimentación de varios ramales intransitables en tiempo de lluvias.

6.- Medio Ambiente: desazolve y descontaminación de río y canal.

7.- Secretaría de Salud: centro de salud y ambulancia para el traslado de enfermos graves.

8.- Educación: espacios educativos, reconocimiento oficial de planteles que carecen de él, equipo de cómputo, contratación de personal.

9.- ITAVU: crédito para vivienda, electrificación, lotes de interés social, regularización de colonias populares.

Como puede juzgar cualquier ciudadano sin prejuicios políticos y con sensibilidad social, no hay aquí ninguna demanda superflua, desmesurada o indefendible. El antorchismo tamaulipeco ha depurado una y otra vez su pliego de demandas hasta no dejar en él nada que no sea de estricta y urgente necesidad, apenas lo básico para que la gente deje de vivir como los brutos y comience a vivir como ser humano y con alguna esperanza de futuro. Ahora bien, como dije antes, estas necesidades fueron hechas del conocimiento del actual gobernador el día mismo de su toma de posesión, y la respuesta entonces fue que “pronto” habría una reunión de trabajo encabezada por él para dar respuesta puntual al documento. Desde entonces (han pasado ya 16 meses) se ha buscado ese encuentro por diversos medios: recordatorios escritos, abordaje personal, a través del Secretario de Gobernación, mediante desplegados de prensa, etc., en 12 ocasiones, sin ningún resultado. Han tenido lugar, además, 6 entrevistas con el Secretario General de Gobierno, 11 “reuniones resolutivas” con las distintas dependencias involucradas, 9 mítines, 2 marchas, y varias comisiones representativas con el mismo nulo resultado. Nadie podrá decir, entonces, que el plantón de los antorchistas es sólo una muestra de intransigencia, de su incapacidad y falta de racionalidad para entender los argumentos y las limitaciones del gobierno, o, peor aún, que se trata de “un chantaje” (el caballito de batalla contra la legítima protesta social) de los líderes, en busca de dinero o de posiciones políticas.

Y esta explicación y la difusión nacional de la misma resultan indispensables porque, 38 años de lucha contra la pobreza y contra la arrogancia y el desprecio a los intereses populares de muchos hombres de poder, nos han enseñado a prever lo que vendrá. Ya sabemos que allí donde faltan soluciones para los necesitados, allí donde sus demandas y su insistencia de solución se toman como un insulto y una “falta de respeto”, la culpa por la reacción de las víctimas de tal conducta jamás recae sobre quienes cierran puertas y oídos a los menesterosos, jamás son admitidas como suyas por quienes ejercen el poder y el presupuesto públicos de manera facciosa y desequilibrada. Los responsables son siempre los desamparados y sus líderes, sobre los cuales cae todo el enojo oficial en forma de una feroz guerra mediática, basada en la total distorsión de las demandas, de calumnias sobre los motivos y propósito de la lucha y de los dirigentes, de descarado maquillaje del comportamiento y del trato despótico de los funcionarios, y de amenazas, abiertas o disimuladas, en contra de los dirigentes. Y el gobierno sabe que, en esta guerra de lodo e intimidación, contará siempre con la ayuda eficaz, por convicción o por interés, de la gran mayoría de los medios informativos. Es por eso que la denuncia anticipada de tal maniobra es, apenas, un intento de legítima defensa.

Hace poco hubo cambio de dirigencia en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el poderoso organismo cúpula de los inversionistas más influyentes del país. Llamó mi atención que el dirigente recién ungido, frente a un discurso presidencial triunfalista y nada autocrítico, dijera a su turno, en tono asaz mesurado y reflexivo, que México sigue siendo uno de los países más desiguales de la tierra y que urge atacar este problema para tranquilidad de todos (la cita no es literal). A su vez, el candidato presidencial del PRI (partido que, por cierto, es el que llevó al poder al gobernador Egidio Torre), Lic. Enrique Peña Nieto, repite en cuanta acción se le presenta que los mexicanos estamos agraviados y lastimados por la enorme pobreza que padece la mayoría de la nación, que su gobierno se propone enfrentar este reto tomando medidas efectivas para un reparto más equitativo de la renta nacional y que quien no esté de acuerdo con esto no tendrá cabida en el proyecto de país que él encabeza. Y nadie podrá negar que una medida infaltable en una política de verdadero combate a la desigualdad social de que hablan el líder del CCE y el Lic. Peña Nieto, es la reorientación del gasto público en favor de los que menos tienen, sin desatender, obviamente, los problemas y los derechos del resto de la población. Pero en Tamaulipas, por lo aquí dicho, se ve que marchan viento en popa, a todo trapo como dicen los marineros, sólo que exactamente en sentido contrario. ¿Habrá alguien con la capacidad para verlo y el valor para decírselo a Egidio Torre Cantú? Los antorchistas, por lo pronto, harán su parte; y ojalá que el gobernador lo vea y lo entienda de esa manera y responda en consecuencia.

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Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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