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AL PULPO CAMIONERO DE AXEL GARCÍA Y SOCIOS, SÓLO LE QUEDA MODERARSE O MORIR Por Aquiles Córdova Morán

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Creo que, a estas alturas, la opinión pública y las autoridades del Estado de México relacionadas con el problema, están suficientemente informadas de lo que ocurre en el ámbito del transporte público urbano de ese estado, incluyendo la guerra mediática que han desatado en contra de “sus enemigos” los jefes del pulpo camionero que encabeza el señor Axel García y socios, cuya única importancia verdadera reside, no en la calidad de sus “argumentos” ni en la veracidad de sus acusaciones, sino en su lenguaje agresivo y virulento que es claro “aviso previo” de que el paso siguiente será el atentado directo en contra de la integridad física y la vida misma de sus adversarios. Y naturalmente que todo mundo está enterado, también, de la respuesta que los agredidos y amenazados, entre ellos la fuerza popular y los dirigentes históricos del Movimiento Antorchista mexiquense, se han visto obligados a instrumentar en uso de su derecho a la legítima defensa.

Teniendo en mente sobre todo esto último, considero innecesario insistir en la refutación de los ataques, calumnias, injurias y amenazas de los zares del transporte urbano mexiquense, o meterme a demostrar la total falta de respaldo fehaciente de sus incriminaciones irresponsables, cosa que ya han hecho sobradamente mis compañeros. No obstante, creo mi deber ineludible hacer pública mi solidaridad personal, y la del antorchismo nacional que represento, con los antorchistas del Estado de México, hoy tan gravemente amenazados e impunemente injuriados por el poderoso “gang” de Axel García y sus padrinos (y socios) políticos, y en particular con quienes corren el peligro mayor: la diputada Maricela Serrano Hernández y el biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez, ambos corazón y cerebro del antorchismo mexiquense. Trataré de cumplir mi propósito de la manera más racional que la situación me permita, y daré mi punto de vista sobre el problema en los términos más desapasionados, objetivos y veraces a mi alcance, buscando hacerlos entendibles y atendibles por el Gobernador del estado, sus funcionarios y la ciudadanía afectada por la violenta arremetida del pulpo camionero.

Creo sinceramente que la guerra de liquidación emprendida por el referido “gang” en contra de sus propios trabajadores insumisos, de Antorcha, de sus líderes y de sus competidores de Zumpango, está irremediablemente condenada al fracaso, aun en el nada deseable caso de que se decidieran, en un arranque de desesperación suicida, a eliminar físicamente a quienes acusan arbitrariamente de sus problemas. Y eso por dos razones esenciales y, a mi juicio, irrebatibles. La primera es la equivocación rotunda de pensar que el descontento y el progresivo desmoronamiento de su otrora monolítico e inexpugnable imperio camionero, es el resultado de la labor de zapa que vienen haciendo en su contra “gentes extrañas” a sus dominios, es decir, en culpar de todo, ya sea a un grupo rival que anhela quedarse como dueño absoluto del negocio; ya sea a la “ambición política” de los antorchistas, que andarían buscando acrecentar su membresía mediante el recurso de “robarle las gallinas”; o ya sea, finalmente, a la acción combinada de ambos “enemigos”. Y es fácil comprobar tan garrafal error de apreciación: bastaría preguntarse dónde, cuándo y cómo, esos “enemigos” se han podido introducir en sus dominios para echarle la gente encima; dónde, cuándo y quién ha visto a Tolentino, a Maricela o a cualquier dirigente antorchista, arengar a su gente incitándola a rebelarse en contra del monopolio que los ahoga. La respuesta obvia es que eso no ha ocurrido nunca, en ningún lugar y de ninguna manera; que, por tanto, no hay más alternativa que aceptar que las causas del descontento son de carácter intrínseco, son la consecuencia natural e inevitable de los abusos de todo tipo (legal, personal, laboral, económico, etc.) a que desde siempre han tenido sometidos a los verdaderos prestadores del servicio, a los trabajadores del volante. En pocas palabras: que los únicos y verdaderos culpables del problema son los mismos dueños (y casi exclusivos beneficiarios) del monopolio, que no se han dado cuenta de que el país está cambiando, de que la nación está en efervescencia y exige mejor trato y mejores condiciones de vida para las mayorías trabajadoras. Si, en vez de andar buscando chivos expiatorios, esos señores comenzaran por revisar y recortarse su propio rabo, ya demasiado largo, estarían en el camino de modernizar su negocio y darle a su liderazgo la estabilidad reclamada por las actuales circunstancias. Deberían saber que nunca fue solución para ningún problema, grande o pequeño, el recurso, fácil pero tonto, de echar las culpas propias sobre espaldas ajenas.

La segunda razón es de carácter estructural. Sucede que nuestra economía, firme creyente y más firme practicante aún del libre mercado, obediente por tanto a la “ley” de la “utilidad marginal” para determinar los “precios de equilibrio” de bienes y servicios, exige como condición indispensable para bien funcionar que los compradores, al elegir sus preferencias, obedezcan sólo a su propia voluntad, libre y soberanamente ejercida, sin ninguna influencia externa que la distorsione, y que la oferta se integre con satisfactores que compitan entre sí en igualdad de condiciones, es decir, reclama como imprescindible la llamada “competencia perfecta”. Esto excluye, por principio, al monopolio. Es verdad que la competencia perfecta no se da en ninguna parte del planeta; pero es cierto también que las economías más desarrolladas han definido con precisión dónde, en qué ramas de la actividad económica y por qué razones resulta posible, y a veces necesario, tolerar un monopolio. Y en un mundo de tan precarios equilibrios políticos como el nuestro, donde la paz y la estabilidad de los países se mantiene a duras penas a la vista de la manifiesta incapacidad del “modelo” para distribuir, “por sí mismo” y de manera equitativa, la renta nacional, los monopolios en actividades cuyos bienes y servicios sean de consumo masivo no pueden ser objeto de la tolerancia mencionada. Un monopolio que encarezca artificialmente los satisfactores populares, es más subversivo y peligroso en nuestros días que todos los discursos radicales en contra del capital, e, incluso, que la propia guerrilla.

Y uno de tales satisfactores es, justamente, el transporte público. Por eso, el pulpo de Axel García y socios está condenado; y no por Antorcha ni por los transportistas de Zumpango, sino por su incompatibilidad absoluta con la modernización económica del país. Su disyuntiva de hierro es renovarse, moderarse o morir; y si hoy el Dr. Eruviel Ávila no lo ve así, el futuro presidente sí tendrá que encarar el reto si quiere hacer de México un país moderno, productivo, equitativo y triunfador. Tales metas se excluyen radicalmente con dinosaurios económicos y políticos como el pulpo camionero de Axel García y socios, y habrá que elegir entre éstos y la ruta de progreso que el país reclama.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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