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Opinión

AL PULPO CAMIONERO DE AXEL GARCÍA Y SOCIOS, SÓLO LE QUEDA MODERARSE O MORIR Por Aquiles Córdova Morán

Creo que, a estas alturas, la opinión pública y las autoridades del Estado de México relacionadas con el problema, están suficientemente informadas de lo que ocurre en el ámbito del transporte público urbano de ese estado, incluyendo la guerra mediática que han desatado en contra de “sus enemigos” los jefes del pulpo camionero que encabeza el señor Axel García y socios, cuya única importancia verdadera reside, no en la calidad de sus “argumentos” ni en la veracidad de sus acusaciones, sino en su lenguaje agresivo y virulento que es claro “aviso previo” de que el paso siguiente será el atentado directo en contra de la integridad física y la vida misma de sus adversarios. Y naturalmente que todo mundo está enterado, también, de la respuesta que los agredidos y amenazados, entre ellos la fuerza popular y los dirigentes históricos del Movimiento Antorchista mexiquense, se han visto obligados a instrumentar en uso de su derecho a la legítima defensa.

Teniendo en mente sobre todo esto último, considero innecesario insistir en la refutación de los ataques, calumnias, injurias y amenazas de los zares del transporte urbano mexiquense, o meterme a demostrar la total falta de respaldo fehaciente de sus incriminaciones irresponsables, cosa que ya han hecho sobradamente mis compañeros. No obstante, creo mi deber ineludible hacer pública mi solidaridad personal, y la del antorchismo nacional que represento, con los antorchistas del Estado de México, hoy tan gravemente amenazados e impunemente injuriados por el poderoso “gang” de Axel García y sus padrinos (y socios) políticos, y en particular con quienes corren el peligro mayor: la diputada Maricela Serrano Hernández y el biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez, ambos corazón y cerebro del antorchismo mexiquense. Trataré de cumplir mi propósito de la manera más racional que la situación me permita, y daré mi punto de vista sobre el problema en los términos más desapasionados, objetivos y veraces a mi alcance, buscando hacerlos entendibles y atendibles por el Gobernador del estado, sus funcionarios y la ciudadanía afectada por la violenta arremetida del pulpo camionero.

Creo sinceramente que la guerra de liquidación emprendida por el referido “gang” en contra de sus propios trabajadores insumisos, de Antorcha, de sus líderes y de sus competidores de Zumpango, está irremediablemente condenada al fracaso, aun en el nada deseable caso de que se decidieran, en un arranque de desesperación suicida, a eliminar físicamente a quienes acusan arbitrariamente de sus problemas. Y eso por dos razones esenciales y, a mi juicio, irrebatibles. La primera es la equivocación rotunda de pensar que el descontento y el progresivo desmoronamiento de su otrora monolítico e inexpugnable imperio camionero, es el resultado de la labor de zapa que vienen haciendo en su contra “gentes extrañas” a sus dominios, es decir, en culpar de todo, ya sea a un grupo rival que anhela quedarse como dueño absoluto del negocio; ya sea a la “ambición política” de los antorchistas, que andarían buscando acrecentar su membresía mediante el recurso de “robarle las gallinas”; o ya sea, finalmente, a la acción combinada de ambos “enemigos”. Y es fácil comprobar tan garrafal error de apreciación: bastaría preguntarse dónde, cuándo y cómo, esos “enemigos” se han podido introducir en sus dominios para echarle la gente encima; dónde, cuándo y quién ha visto a Tolentino, a Maricela o a cualquier dirigente antorchista, arengar a su gente incitándola a rebelarse en contra del monopolio que los ahoga. La respuesta obvia es que eso no ha ocurrido nunca, en ningún lugar y de ninguna manera; que, por tanto, no hay más alternativa que aceptar que las causas del descontento son de carácter intrínseco, son la consecuencia natural e inevitable de los abusos de todo tipo (legal, personal, laboral, económico, etc.) a que desde siempre han tenido sometidos a los verdaderos prestadores del servicio, a los trabajadores del volante. En pocas palabras: que los únicos y verdaderos culpables del problema son los mismos dueños (y casi exclusivos beneficiarios) del monopolio, que no se han dado cuenta de que el país está cambiando, de que la nación está en efervescencia y exige mejor trato y mejores condiciones de vida para las mayorías trabajadoras. Si, en vez de andar buscando chivos expiatorios, esos señores comenzaran por revisar y recortarse su propio rabo, ya demasiado largo, estarían en el camino de modernizar su negocio y darle a su liderazgo la estabilidad reclamada por las actuales circunstancias. Deberían saber que nunca fue solución para ningún problema, grande o pequeño, el recurso, fácil pero tonto, de echar las culpas propias sobre espaldas ajenas.

La segunda razón es de carácter estructural. Sucede que nuestra economía, firme creyente y más firme practicante aún del libre mercado, obediente por tanto a la “ley” de la “utilidad marginal” para determinar los “precios de equilibrio” de bienes y servicios, exige como condición indispensable para bien funcionar que los compradores, al elegir sus preferencias, obedezcan sólo a su propia voluntad, libre y soberanamente ejercida, sin ninguna influencia externa que la distorsione, y que la oferta se integre con satisfactores que compitan entre sí en igualdad de condiciones, es decir, reclama como imprescindible la llamada “competencia perfecta”. Esto excluye, por principio, al monopolio. Es verdad que la competencia perfecta no se da en ninguna parte del planeta; pero es cierto también que las economías más desarrolladas han definido con precisión dónde, en qué ramas de la actividad económica y por qué razones resulta posible, y a veces necesario, tolerar un monopolio. Y en un mundo de tan precarios equilibrios políticos como el nuestro, donde la paz y la estabilidad de los países se mantiene a duras penas a la vista de la manifiesta incapacidad del “modelo” para distribuir, “por sí mismo” y de manera equitativa, la renta nacional, los monopolios en actividades cuyos bienes y servicios sean de consumo masivo no pueden ser objeto de la tolerancia mencionada. Un monopolio que encarezca artificialmente los satisfactores populares, es más subversivo y peligroso en nuestros días que todos los discursos radicales en contra del capital, e, incluso, que la propia guerrilla.

Y uno de tales satisfactores es, justamente, el transporte público. Por eso, el pulpo de Axel García y socios está condenado; y no por Antorcha ni por los transportistas de Zumpango, sino por su incompatibilidad absoluta con la modernización económica del país. Su disyuntiva de hierro es renovarse, moderarse o morir; y si hoy el Dr. Eruviel Ávila no lo ve así, el futuro presidente sí tendrá que encarar el reto si quiere hacer de México un país moderno, productivo, equitativo y triunfador. Tales metas se excluyen radicalmente con dinosaurios económicos y políticos como el pulpo camionero de Axel García y socios, y habrá que elegir entre éstos y la ruta de progreso que el país reclama.

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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