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AL PULPO CAMIONERO DE AXEL GARCÍA Y SOCIOS, SÓLO LE QUEDA MODERARSE O MORIR Por Aquiles Córdova Morán

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Creo que, a estas alturas, la opinión pública y las autoridades del Estado de México relacionadas con el problema, están suficientemente informadas de lo que ocurre en el ámbito del transporte público urbano de ese estado, incluyendo la guerra mediática que han desatado en contra de “sus enemigos” los jefes del pulpo camionero que encabeza el señor Axel García y socios, cuya única importancia verdadera reside, no en la calidad de sus “argumentos” ni en la veracidad de sus acusaciones, sino en su lenguaje agresivo y virulento que es claro “aviso previo” de que el paso siguiente será el atentado directo en contra de la integridad física y la vida misma de sus adversarios. Y naturalmente que todo mundo está enterado, también, de la respuesta que los agredidos y amenazados, entre ellos la fuerza popular y los dirigentes históricos del Movimiento Antorchista mexiquense, se han visto obligados a instrumentar en uso de su derecho a la legítima defensa.

Teniendo en mente sobre todo esto último, considero innecesario insistir en la refutación de los ataques, calumnias, injurias y amenazas de los zares del transporte urbano mexiquense, o meterme a demostrar la total falta de respaldo fehaciente de sus incriminaciones irresponsables, cosa que ya han hecho sobradamente mis compañeros. No obstante, creo mi deber ineludible hacer pública mi solidaridad personal, y la del antorchismo nacional que represento, con los antorchistas del Estado de México, hoy tan gravemente amenazados e impunemente injuriados por el poderoso “gang” de Axel García y sus padrinos (y socios) políticos, y en particular con quienes corren el peligro mayor: la diputada Maricela Serrano Hernández y el biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez, ambos corazón y cerebro del antorchismo mexiquense. Trataré de cumplir mi propósito de la manera más racional que la situación me permita, y daré mi punto de vista sobre el problema en los términos más desapasionados, objetivos y veraces a mi alcance, buscando hacerlos entendibles y atendibles por el Gobernador del estado, sus funcionarios y la ciudadanía afectada por la violenta arremetida del pulpo camionero.

Creo sinceramente que la guerra de liquidación emprendida por el referido “gang” en contra de sus propios trabajadores insumisos, de Antorcha, de sus líderes y de sus competidores de Zumpango, está irremediablemente condenada al fracaso, aun en el nada deseable caso de que se decidieran, en un arranque de desesperación suicida, a eliminar físicamente a quienes acusan arbitrariamente de sus problemas. Y eso por dos razones esenciales y, a mi juicio, irrebatibles. La primera es la equivocación rotunda de pensar que el descontento y el progresivo desmoronamiento de su otrora monolítico e inexpugnable imperio camionero, es el resultado de la labor de zapa que vienen haciendo en su contra “gentes extrañas” a sus dominios, es decir, en culpar de todo, ya sea a un grupo rival que anhela quedarse como dueño absoluto del negocio; ya sea a la “ambición política” de los antorchistas, que andarían buscando acrecentar su membresía mediante el recurso de “robarle las gallinas”; o ya sea, finalmente, a la acción combinada de ambos “enemigos”. Y es fácil comprobar tan garrafal error de apreciación: bastaría preguntarse dónde, cuándo y cómo, esos “enemigos” se han podido introducir en sus dominios para echarle la gente encima; dónde, cuándo y quién ha visto a Tolentino, a Maricela o a cualquier dirigente antorchista, arengar a su gente incitándola a rebelarse en contra del monopolio que los ahoga. La respuesta obvia es que eso no ha ocurrido nunca, en ningún lugar y de ninguna manera; que, por tanto, no hay más alternativa que aceptar que las causas del descontento son de carácter intrínseco, son la consecuencia natural e inevitable de los abusos de todo tipo (legal, personal, laboral, económico, etc.) a que desde siempre han tenido sometidos a los verdaderos prestadores del servicio, a los trabajadores del volante. En pocas palabras: que los únicos y verdaderos culpables del problema son los mismos dueños (y casi exclusivos beneficiarios) del monopolio, que no se han dado cuenta de que el país está cambiando, de que la nación está en efervescencia y exige mejor trato y mejores condiciones de vida para las mayorías trabajadoras. Si, en vez de andar buscando chivos expiatorios, esos señores comenzaran por revisar y recortarse su propio rabo, ya demasiado largo, estarían en el camino de modernizar su negocio y darle a su liderazgo la estabilidad reclamada por las actuales circunstancias. Deberían saber que nunca fue solución para ningún problema, grande o pequeño, el recurso, fácil pero tonto, de echar las culpas propias sobre espaldas ajenas.

La segunda razón es de carácter estructural. Sucede que nuestra economía, firme creyente y más firme practicante aún del libre mercado, obediente por tanto a la “ley” de la “utilidad marginal” para determinar los “precios de equilibrio” de bienes y servicios, exige como condición indispensable para bien funcionar que los compradores, al elegir sus preferencias, obedezcan sólo a su propia voluntad, libre y soberanamente ejercida, sin ninguna influencia externa que la distorsione, y que la oferta se integre con satisfactores que compitan entre sí en igualdad de condiciones, es decir, reclama como imprescindible la llamada “competencia perfecta”. Esto excluye, por principio, al monopolio. Es verdad que la competencia perfecta no se da en ninguna parte del planeta; pero es cierto también que las economías más desarrolladas han definido con precisión dónde, en qué ramas de la actividad económica y por qué razones resulta posible, y a veces necesario, tolerar un monopolio. Y en un mundo de tan precarios equilibrios políticos como el nuestro, donde la paz y la estabilidad de los países se mantiene a duras penas a la vista de la manifiesta incapacidad del “modelo” para distribuir, “por sí mismo” y de manera equitativa, la renta nacional, los monopolios en actividades cuyos bienes y servicios sean de consumo masivo no pueden ser objeto de la tolerancia mencionada. Un monopolio que encarezca artificialmente los satisfactores populares, es más subversivo y peligroso en nuestros días que todos los discursos radicales en contra del capital, e, incluso, que la propia guerrilla.

Y uno de tales satisfactores es, justamente, el transporte público. Por eso, el pulpo de Axel García y socios está condenado; y no por Antorcha ni por los transportistas de Zumpango, sino por su incompatibilidad absoluta con la modernización económica del país. Su disyuntiva de hierro es renovarse, moderarse o morir; y si hoy el Dr. Eruviel Ávila no lo ve así, el futuro presidente sí tendrá que encarar el reto si quiere hacer de México un país moderno, productivo, equitativo y triunfador. Tales metas se excluyen radicalmente con dinosaurios económicos y políticos como el pulpo camionero de Axel García y socios, y habrá que elegir entre éstos y la ruta de progreso que el país reclama.

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Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

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El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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