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Alberto Fujimori, expresidente de Perú, sale de prisión

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Alberto Fujimori salió del penal de «Barbadillo», en sus sus primeras imagenes en libertad se aprecia al expresidente utilizando puntillas nasales para respirar oxígeno medicinal.

Lima.- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo.

La liberación de Fujimori se da luego de permanecer 14 años en prisión, pues en 2009 fue encarcelado debido a que se le responsabilizó de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, las cuales sucedieron el 3 de noviembre de 1991 y en donde murieron alrededor de 15 personas a manos de elementos del Grupo Colina, un destacamento militar formado por miembros de las Fuerzas Armadas de Perú. Debido a estos crímenes Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.

A 14 años de haber pisado prisión, Fujimori abandonó el penal de«Barbadillo» con unas puntillas nasales que proveen de oxígeno, un día después de que se conociera que el TC dispuso «la inmediata libertad del favorecido» al restituir los efectos del indulto que le otorgó en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

En el momento de su salida del centro penitenciario, el expresidente llevaba puesta una mascarilla y, justo después de atravesar la puerta, abrazó a su hija, Keiko Fujimori, la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, y a su hijo Kenji.

Saludó a algunos de los presentes cercanos a la familia, a la defensa y al partido, y entró en un vehículo gris con sus hijos y su nuera.

Cuando el exjefe de Estado dejó atrás el último control del penal, decenas de seguidores que lo esperaron durante toda la jornada lo recibieron con vítores, música y fuegos artificiales.

Pero la expectativa de su liberación era tal, que el coche se quedó retenido durante cerca de 30 minutos sin apenas poder avanzar por las calles próximas, rodeado de seguidores, policías y prensa que rodearon el vehículo.

Medios locales indicaron que el expresidente se encamina hacia el domicilio de Keiko Fujimori, en el barrio residencial de San Borja.

La liberación de Fujimori se retrasó durante varias horas, debido a un problema biométrico en el penal de Barbadillo, donde están recluidos los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) y Pedro Castillo (2021-2022).

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó este martes la libertad inmediata de Fujimori y la resolución, que fue firmada por tres de sus actuales seis miembros, con el voto dirimente del presidente del organismo, Francisco Morales, declaró «fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo pasado, recaída en el presente proceso».

El Constitucional tomó esta decisión después de que un juzgado de la región sureña de Ica declaró el viernes pasado improcedente una primera resolución suya que restablecía el indulto.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó este miércoles una resolución en la que requiere al Estado peruano que se abstenga de liberar al exgobernante, con el fin de garantizar la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La resolución, firmada por el presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, requiere a Perú que no libere a Fujimori hasta que la Corte Interamericana «cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022».

En abril de 2022, la CorteIDH ordenó a Perú abstenerse de aplicar una sentencia del TC que ratificaba este indulto, pues era contraria a las sentencias del tribunal internacional en los casos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel. EFE

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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