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México

Alejandro Moreno es propietario de una residencia de más de 46 mdp; no prueba ingresos

De acuerdo a Reforma, Alejandro Moreno quien es aspirante a la presidencia nacional del PRI, es propietario de una residencia de más de 46 millones de pesos que construyó en dos años en los que declaró ingresos anuales por 5 millones de pesos mientras fue Gobernador.

La propiedad, de mil 900 metros cuadrados de construcción, está ubicada en una zona escénica de la playa de Campeche sobre terrenos que Moreno, más conocido como “Alito”, adquirió entre 2012 y 2015, cuando fue diputado federal por el PRI.

Añaden que en ese periodo, antes de asumir la Gubernatura, Moreno se hizo de 13 predios que suman 7 mil metros cuadrados en Lomas del Castillo, una zona de alta plusvalía. En ese fraccionamiento, el metro cuadrado de tierra tiene un valor de 3 mil 500 pesos, por lo que sólo el terreno de «Alito» cuesta 24.5 millones de pesos.

Adicionalmente, constructores y expertos inmobiliarios refirieron un costo mínimo de 12 mil pesos por metro cuadrado de construcción, por lo que sólo la edificación está valuada en unos 22.8 millones de pesos.

Pero según su declaración patrimonial 3de3, el priista adquirió a precio de ganga los terrenos, pues pagó entre 595 y mil 645 pesos por metro cuadrado, es decir sólo 6 millones de pesos. Además de esa propiedad, que abarca todo el frente de una manzana del exclusivo fraccionamiento, en su 3de3 registró la compra de otro terreno de 39 mil metros cuadrados por sólo 155 mil pesos.

Moreno declaró que como Gobernador ganó un millón 184 mil pesos al año, mientras que «por otras actividades» no especificadas obtuvo una ganancia de 4 millones 122 mil pesos, por lo que aún destinando el 100 por ciento de su ingreso no le alcanzaría para la construcción, la cual terminó en 2017, año en que recibió como invitado a una cena al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Cuestionado al respecto, Moreno rechazó dar más detalles con el argumento de que su declaración patrimonial es pública. Adalberto Muñoz, notario y ex presidente del Consejo Cívico Campechano, creado para evidenciar temas de corrupción, dijo que los Gobernadores de Campeche se ocupan, desde que están en sus campañas, en los negocios que van a hacer.

El notario manifestó que los Mandatarios han enfocado su futuro en las obras para recibir «moches». El Gobierno de Moreno anunció unas 23 magnas obras en la entidad. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en tiempos de campaña, se refirió a Moreno como un reverendo ladrón.

«Es un gran corrupto, reverendo ladrón, se dedica a comprar votos y vive aquí en una gran mansión, y ahora sí como decía mi paisano Chico-Che: ¿Quién pompó?». De acuerdo con los registros catastrales, Moreno adquirió los lotes del 50 al 52 y del 86 al 92, además del 15, 37, 79 y 110. Su residencia la construyó en los lotes del 86 al 90.

Juntos, esos lotes representan casi todo el frente de una manzana del exclusivo fraccionamiento, el cual tiene vigilancia privada y de acceso restringido, según constató REFORMA. Moreno habitaba, hasta antes de ser Gobernador, en el Fraccionamiento Residencial Resurgimiento, cercano al malecón, en la Colonia Montecristo, detrás de un edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el fraccionamiento, de menor plusvalía, tenía una casa de tres habitaciones, igual número de baños, con 210 metros cuadrados de construcción y 228 de terreno, con valor aproximado de hasta 3.5 millones de pesos. Como Gobernador, en septiembre de 2015, se mudó a Lomas del Castillo, a una propiedad cercana a donde se construía su mansión.

A esa primera casa le acondicionó una caseta de seguridad exclusiva, adicional al resguardo propio del complejo residencial. Una vez en Lomas del Castillo, «Alito» se hizo vecino de personajes como Mario Ávila, ex delegado de Sedesol en tiempos de Felipe Calderón, ex candidato en 2009 a Gubernatura por el PAN (que perdió con el priista Fernando Ortega) y ex subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex, donde fue acusado en 2012 de favorecer a Oceanografía con contratos millonarios.

La mansión de Moreno quedó lista a inicios de 2017. En junio de ese año se dio a conocer entre los campechanos que Carlos Salinas de Gortari fue invitado a la nueva casona para una cena. A la comilona acudió el ex Gobernador Jorge Salomón Azar.

Sobre el encuentro Moreno opinó que sus paisanos eran «muy chismosos».»Ya saben, aquí en Campeche se dicen muchas cosas, casi no son chismosos», ironizó.

Atribuyen residencia a moches de obras

Opositores y activistas contra la corrupción atribuyeron a la falta de fiscalización y a los moches por las obras públicas el escandaloso enriquecimiento del Gobernador con licencia, Alejandro Moreno, y de otros ex Mandatarios.

«No puedo decir por qué se hizo un escándalo mayor (con la mansión de Moreno), pero no se justifica que él haya construido esa mansión. Existe una desvergüenza tremenda. Los Gobernadores de Campeche siempre se preocupan, en primer término, desde que están en sus campañas, por los negocios que van a hacer», dijo Adalberto Muñoz.

«‘Alito’ hizo un puente peatonal, también alteró el malecón que estaba todo corridito rompiendo con la orilla continua, ¿y por qué hacen obras? Porque es sabido que los gobernantes, sin que tengamos pruebas, reciben una mochada por las obras».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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