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México

Alejandro Moreno es propietario de una residencia de más de 46 mdp; no prueba ingresos

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De acuerdo a Reforma, Alejandro Moreno quien es aspirante a la presidencia nacional del PRI, es propietario de una residencia de más de 46 millones de pesos que construyó en dos años en los que declaró ingresos anuales por 5 millones de pesos mientras fue Gobernador.

La propiedad, de mil 900 metros cuadrados de construcción, está ubicada en una zona escénica de la playa de Campeche sobre terrenos que Moreno, más conocido como “Alito”, adquirió entre 2012 y 2015, cuando fue diputado federal por el PRI.

Añaden que en ese periodo, antes de asumir la Gubernatura, Moreno se hizo de 13 predios que suman 7 mil metros cuadrados en Lomas del Castillo, una zona de alta plusvalía. En ese fraccionamiento, el metro cuadrado de tierra tiene un valor de 3 mil 500 pesos, por lo que sólo el terreno de «Alito» cuesta 24.5 millones de pesos.

Adicionalmente, constructores y expertos inmobiliarios refirieron un costo mínimo de 12 mil pesos por metro cuadrado de construcción, por lo que sólo la edificación está valuada en unos 22.8 millones de pesos.

Pero según su declaración patrimonial 3de3, el priista adquirió a precio de ganga los terrenos, pues pagó entre 595 y mil 645 pesos por metro cuadrado, es decir sólo 6 millones de pesos. Además de esa propiedad, que abarca todo el frente de una manzana del exclusivo fraccionamiento, en su 3de3 registró la compra de otro terreno de 39 mil metros cuadrados por sólo 155 mil pesos.

Moreno declaró que como Gobernador ganó un millón 184 mil pesos al año, mientras que «por otras actividades» no especificadas obtuvo una ganancia de 4 millones 122 mil pesos, por lo que aún destinando el 100 por ciento de su ingreso no le alcanzaría para la construcción, la cual terminó en 2017, año en que recibió como invitado a una cena al ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Cuestionado al respecto, Moreno rechazó dar más detalles con el argumento de que su declaración patrimonial es pública. Adalberto Muñoz, notario y ex presidente del Consejo Cívico Campechano, creado para evidenciar temas de corrupción, dijo que los Gobernadores de Campeche se ocupan, desde que están en sus campañas, en los negocios que van a hacer.

El notario manifestó que los Mandatarios han enfocado su futuro en las obras para recibir «moches». El Gobierno de Moreno anunció unas 23 magnas obras en la entidad. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en tiempos de campaña, se refirió a Moreno como un reverendo ladrón.

«Es un gran corrupto, reverendo ladrón, se dedica a comprar votos y vive aquí en una gran mansión, y ahora sí como decía mi paisano Chico-Che: ¿Quién pompó?». De acuerdo con los registros catastrales, Moreno adquirió los lotes del 50 al 52 y del 86 al 92, además del 15, 37, 79 y 110. Su residencia la construyó en los lotes del 86 al 90.

Juntos, esos lotes representan casi todo el frente de una manzana del exclusivo fraccionamiento, el cual tiene vigilancia privada y de acceso restringido, según constató REFORMA. Moreno habitaba, hasta antes de ser Gobernador, en el Fraccionamiento Residencial Resurgimiento, cercano al malecón, en la Colonia Montecristo, detrás de un edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el fraccionamiento, de menor plusvalía, tenía una casa de tres habitaciones, igual número de baños, con 210 metros cuadrados de construcción y 228 de terreno, con valor aproximado de hasta 3.5 millones de pesos. Como Gobernador, en septiembre de 2015, se mudó a Lomas del Castillo, a una propiedad cercana a donde se construía su mansión.

A esa primera casa le acondicionó una caseta de seguridad exclusiva, adicional al resguardo propio del complejo residencial. Una vez en Lomas del Castillo, «Alito» se hizo vecino de personajes como Mario Ávila, ex delegado de Sedesol en tiempos de Felipe Calderón, ex candidato en 2009 a Gubernatura por el PAN (que perdió con el priista Fernando Ortega) y ex subdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex, donde fue acusado en 2012 de favorecer a Oceanografía con contratos millonarios.

La mansión de Moreno quedó lista a inicios de 2017. En junio de ese año se dio a conocer entre los campechanos que Carlos Salinas de Gortari fue invitado a la nueva casona para una cena. A la comilona acudió el ex Gobernador Jorge Salomón Azar.

Sobre el encuentro Moreno opinó que sus paisanos eran «muy chismosos».»Ya saben, aquí en Campeche se dicen muchas cosas, casi no son chismosos», ironizó.

Atribuyen residencia a moches de obras

Opositores y activistas contra la corrupción atribuyeron a la falta de fiscalización y a los moches por las obras públicas el escandaloso enriquecimiento del Gobernador con licencia, Alejandro Moreno, y de otros ex Mandatarios.

«No puedo decir por qué se hizo un escándalo mayor (con la mansión de Moreno), pero no se justifica que él haya construido esa mansión. Existe una desvergüenza tremenda. Los Gobernadores de Campeche siempre se preocupan, en primer término, desde que están en sus campañas, por los negocios que van a hacer», dijo Adalberto Muñoz.

«‘Alito’ hizo un puente peatonal, también alteró el malecón que estaba todo corridito rompiendo con la orilla continua, ¿y por qué hacen obras? Porque es sabido que los gobernantes, sin que tengamos pruebas, reciben una mochada por las obras».

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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