Un creciente número de compañías tecnológicas chinas han estado contratando a exfuncionarios en su afán por manejar la presión de las autoridades sobre el sector privado.
Aunque en Occidente esta práctica no tiene nada de extraordinario, en el país asiático el flujo de empleados del sector gubernamental al privado era un fenómeno poco habitual hasta hace poco.
En el 2019 había más de 4.800 ejecutivos y administradores con experiencia en estructuras gubernamentales trabajando en las empresas chinas más cotizadas, en comparación con los 99 de hace 20 años. El cambio de profesión para los funcionarios supone un buen incremento de ingresos, y algunos de ellos, encuestados por The Financial Times, afirmaron que su sueldo se multiplicó por entre tres y seis al pasar al sector privado.
Normalmente no se revela qué funciones desempeñan estos empleados en las compañías. El objetivo es evitar fomentar la corrupción o que se desconfíe del sistema regulatorio.
The Financial Times señala, citando información pública, que decenas de exfuncionarios, desde reguladores antimonopolios hasta jueces, han sido reclutados por las compañías Tencent, ByteDance y Meituan.
Uno de los más destacados exburócratas empleados por el sector privado es Cui Shefeng, exsubdirector de la oficina antimonopolio del Ministerio de Comercio, que desde el 2019 había encabezado el departamento para la vigilancia del cumplimiento de leyes sobre competencia en Alibaba, el gigante del comercio electrónico fundado por el multimillonario Jack Ma, quien se encuentra bajo escrutinio de las autoridades chinas.
Días antes de que este mes la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China le impusiera a Alibaba una multa récord de 2.780 millones de dólares por violar la legislación antimonopolio, Cui instruyó a varios legisladores y consejeros gubernamentales sobre lo incorrecto que es aplicar a las plataformas electrónicas las normas que regulan otras industrias, citando la abundante competencia en el comercio electrónico.
El 10 de abril, el regulador impuso su sanción, que Alibaba aceptó «con humildad» y se comprometió a cumplir. El monto se calculó con base al 4% de las ventas nacionales de la compañía en el 2019, y resultó ser menos severo de lo que algunos inversores esperaban, ya que la legislación china permite imponer multas por valor de hasta el 10% de las transacciones de una empresa.
No es el único problema al que se enfrentan Alibaba y Jack Ma, en el ojo del huracán y de los reguladores chinos, luego de que este los criticara. Las consecuencias comenzaron en octubre del 2020, tras la suspensión por parte de las autoridades de lo que iba a ser la mayor oferta pública de venta del mundo, en la que Ant Group, la filial financiera de Alibaba, esperaba recaudar 37.000 millones de dólares.
En esta situación, habrá que ver si esos empleados, que mantienen influencias en estructuras gubernamentales, también podrán ser de utilidad.
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