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México

«Alito» Moreno contra las cuerdas: van por su desafuero. Por desvío multimillonario

La posibilidad de un juicio político contra Alejandro «Alito» Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha resurgido. El diputado Hugo Eric Flores ha confirmado que la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados revisará la solicitud de desafuero interpuesta por la Fiscalía de Campeche en 2022.

La acusación, que gira en torno a un supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de más de tres mil millones de pesos, aunque el propio Flores aclaró que el caso no será tratado como una prioridad inmediata.Con la instalación de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, el panorama político de México se prepara para reexaminar casos de alto perfil.

Uno de ellos es el juicio político solicitado en contra de «Alito» Moreno, actual presidente del PRI y exgobernador de Campeche. La denuncia, presentada en 2022 por la Fiscalía General de Campeche, acusa a Moreno de diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y corrupción.

El presidente de la Comisión, ha confirmado que el caso de Moreno será uno de los múltiples juicios políticos que el órgano legislativo analizará. Sin embargo, Flores subrayó que no todos los casos recibirán la misma atención inmediata, y aunque el de Moreno tiene relevancia, no será prioridad. No obstante, dejó claro que su equipo analizará el expediente con rigor para determinar si la solicitud de desafuero es procedente.

Según la acusación, Moreno utilizó su posición como gobernador de Campeche, cargo que ocupó entre 2015 y 2019, para desviar fondos públicos por más de tres mil millones de pesos, beneficiándose personalmente de estos recursos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Moreno ha negado rotundamente cualquier irregularidad.

RR.SS
RR.SS ‘Alito’ Moreno

En múltiples declaraciones, ha insistido en que las denuncias son producto de una «persecución política» orquestada por sus adversarios, quienes, según él, buscan debilitar su liderazgo en el PRI en un momento crítico para el partido de cara a las elecciones de 2024. 

Moreno ha señalado directamente a la gobernadora actual de Campeche, Layda Sansores, como una de las principales impulsoras de esta campaña en su contra. Alega que todo forma parte de una estrategia para minar su credibilidad y reducir la influencia del PRI en el escenario político nacional.

El papel de la Comisión Jurisdiccional

Flores, ha explicado que la Comisión comenzará a revisar los más de mil 200 juicios políticos pendientes. Entre ellos, el de Alejandro Moreno. Aunque no está entre los primeros expedientes que se tratarán, Flores ha asegurado que se le dará seguimiento conforme al debido proceso.

La Comisión tiene la tarea de determinar si los casos en revisión ameritan un proceso formal de desafuero, lo que implicaría retirar la inmunidad legal de los funcionarios involucrados. Si se decide que la solicitud contra Moreno es procedente, su caso pasaría al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se votaría su desafuero.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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