La posibilidad de un juicio político contra Alejandro «Alito» Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha resurgido. El diputado Hugo Eric Flores ha confirmado que la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados revisará la solicitud de desafuero interpuesta por la Fiscalía de Campeche en 2022.
La acusación, que gira en torno a un supuesto enriquecimiento ilícito y desvío de más de tres mil millones de pesos, aunque el propio Flores aclaró que el caso no será tratado como una prioridad inmediata.Con la instalación de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, el panorama político de México se prepara para reexaminar casos de alto perfil.
Uno de ellos es el juicio político solicitado en contra de «Alito» Moreno, actual presidente del PRI y exgobernador de Campeche. La denuncia, presentada en 2022 por la Fiscalía General de Campeche, acusa a Moreno de diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y corrupción.
El presidente de la Comisión, ha confirmado que el caso de Moreno será uno de los múltiples juicios políticos que el órgano legislativo analizará. Sin embargo, Flores subrayó que no todos los casos recibirán la misma atención inmediata, y aunque el de Moreno tiene relevancia, no será prioridad. No obstante, dejó claro que su equipo analizará el expediente con rigor para determinar si la solicitud de desafuero es procedente.
Según la acusación, Moreno utilizó su posición como gobernador de Campeche, cargo que ocupó entre 2015 y 2019, para desviar fondos públicos por más de tres mil millones de pesos, beneficiándose personalmente de estos recursos. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Moreno ha negado rotundamente cualquier irregularidad.
RR.SS ‘Alito’ Moreno
En múltiples declaraciones, ha insistido en que las denuncias son producto de una «persecución política» orquestada por sus adversarios, quienes, según él, buscan debilitar su liderazgo en el PRI en un momento crítico para el partido de cara a las elecciones de 2024.
Moreno ha señalado directamente a la gobernadora actual de Campeche, Layda Sansores, como una de las principales impulsoras de esta campaña en su contra. Alega que todo forma parte de una estrategia para minar su credibilidad y reducir la influencia del PRI en el escenario político nacional.
El papel de la Comisión Jurisdiccional
Flores, ha explicado que la Comisión comenzará a revisar los más de mil 200 juicios políticos pendientes. Entre ellos, el de Alejandro Moreno. Aunque no está entre los primeros expedientes que se tratarán, Flores ha asegurado que se le dará seguimiento conforme al debido proceso.
La Comisión tiene la tarea de determinar si los casos en revisión ameritan un proceso formal de desafuero, lo que implicaría retirar la inmunidad legal de los funcionarios involucrados. Si se decide que la solicitud contra Moreno es procedente, su caso pasaría al Pleno de la Cámara de Diputados, donde se votaría su desafuero.
México y Estados Unidos acordaron profundizar y agilizar el intercambio de información en materia de tráfico de armas, así como fortalecer la cooperación para combatir el robo de combustible y otros delitos transnacionales, tras la segunda reunión del Grupo de Implementación en Seguridad México-Estados Unidos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro se realizó el pasado 11 de diciembre como parte del seguimiento al Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, mecanismo acordado por ambos países para atender de manera coordinada temas prioritarios en materia de seguridad. En la reunión participaron el encargado de despacho de la cancillería mexicana, Roberto Velasco, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, junto con funcionarios de ambos gobiernos.
Durante la sesión se revisaron los avances alcanzados desde la reunión previa celebrada en McAllen, Texas, donde se había puesto énfasis en el combate al tráfico de armas. En esta ocasión, además, se analizaron desafíos emergentes para la seguridad regional, particularmente el uso de drones por parte de organizaciones criminales.
Como parte de los acuerdos, ambas naciones determinaron dar continuidad a las acciones de incautación de armamento y municiones, así como reforzar el intercambio de información para identificar y desarticular redes dedicadas al tráfico ilegal de armas. También se estableció fortalecer la cooperación en materia de extradiciones y las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, con el objetivo de maximizar el impacto de las acciones coordinadas antes de la próxima reunión, prevista para enero de 2026.
La SRE precisó que durante el encuentro se reiteró que la cooperación bilateral en seguridad se rige por los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial de ambos países, bajo un enfoque de responsabilidad compartida y sin subordinación. Indicó que el intercambio de información, la coordinación operativa y el diálogo permanente deben traducirse en mejores condiciones de seguridad para las poblaciones de México y Estados Unidos.
Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que, como parte de esta cooperación, se han emprendido acciones contra instituciones financieras y personas involucradas en la fabricación, distribución y venta de fentanilo y precursores químicos. Asimismo, informó que ambos países se comprometieron a acelerar los esfuerzos conjuntos para desmantelar cárteles y grupos delictivos, interrumpir fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes, incluido el uso de drones en la frontera.
Las autoridades de ambos países confirmaron que continuarán los trabajos bilaterales y que el diálogo en materia de seguridad se mantendrá de forma permanente.