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México

Amenazas de crimen por reforma eléctrica

Ciudad de México.— Dirigentes del PRI, PAN y PRD revelaron que existió una serie de intimidaciones y amenazas hasta del crimen organizado para que diputados votaran a favor de la Ley Bartlett.

«Para un servidor en la discusión de la reforma eléctrica, llamada Ley Bartlett, confirmo que hubo legisladores de Acción Nacional y de otros partidos, que tengo conocimiento, que fueron amedrentados por el Gobierno federal, lo hicieron a través de el propio coordinador parlamentario, de la bancada mayoritaria, lo hicieron a través de otros personajes del propio Gobierno federal con ofrecimientos para los legisladores», sostuvo el presidente del PAN, Marko Cortés.

«Y con amenazas para los mismos, pero además tengo conocimiento también de que varios legisladores de mi partido y de otros partidos de esta coalición fueron también amedrentados por grupos del crimen organizado para que votaran a favor de esta Ley Bartlett. Por fortuna, la fortaleza de todos los partidos se mantuvo en sus términos y tuvimos los 114 diputadas y diputados federales votando en el sentido acordado (en contra)».

Tras una plenaria que se efectuó en un auditorio del Edificio E de la Cámara de Diputados, donde diputados de la coalición Va por México se comprometieron a mantener una moratoria constitucional en contra de la reforma electoral, que plantea desaparecer al INE, y de que la Guardia Nacional sea parte de la Defensa Nacional.

En la plenaria acusaron que el período a iniciarse el próximo 1 de septiembre será una batalla contra los embates del Gobierno federal para aceptar sus reformas.

Indicaron que el Gobierno federal se convirtió en una dictadura al no aceptar un rechazo de la Oposición.

«De lo contrario nos van a perseguir con la fuerza del Estado», añadió Cortés y puso el ejemplo de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Sobre la propuesta del Ejecutivo federal de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, el PRI indicó que vienen argucias legislativas.

«Nos parece una argucia constitucional (que mediante cambios a una ley secundaria pasen a la GN a la Sedena), el Artículo 19 es muy claro en el sentido de que la Guardia debía tener un mando civil, así lo dice textualmente. No hace falta si quieren interpretarlo, el pretender en leyes secundarias o en leyes administrativas legislar es violentar la Constitución», dijo el presidente del PRD, Jesús Zambrano.

Fuente: el diario

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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