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Amenazas de crimen por reforma eléctrica

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Ciudad de México.— Dirigentes del PRI, PAN y PRD revelaron que existió una serie de intimidaciones y amenazas hasta del crimen organizado para que diputados votaran a favor de la Ley Bartlett.

«Para un servidor en la discusión de la reforma eléctrica, llamada Ley Bartlett, confirmo que hubo legisladores de Acción Nacional y de otros partidos, que tengo conocimiento, que fueron amedrentados por el Gobierno federal, lo hicieron a través de el propio coordinador parlamentario, de la bancada mayoritaria, lo hicieron a través de otros personajes del propio Gobierno federal con ofrecimientos para los legisladores», sostuvo el presidente del PAN, Marko Cortés.

«Y con amenazas para los mismos, pero además tengo conocimiento también de que varios legisladores de mi partido y de otros partidos de esta coalición fueron también amedrentados por grupos del crimen organizado para que votaran a favor de esta Ley Bartlett. Por fortuna, la fortaleza de todos los partidos se mantuvo en sus términos y tuvimos los 114 diputadas y diputados federales votando en el sentido acordado (en contra)».

Tras una plenaria que se efectuó en un auditorio del Edificio E de la Cámara de Diputados, donde diputados de la coalición Va por México se comprometieron a mantener una moratoria constitucional en contra de la reforma electoral, que plantea desaparecer al INE, y de que la Guardia Nacional sea parte de la Defensa Nacional.

En la plenaria acusaron que el período a iniciarse el próximo 1 de septiembre será una batalla contra los embates del Gobierno federal para aceptar sus reformas.

Indicaron que el Gobierno federal se convirtió en una dictadura al no aceptar un rechazo de la Oposición.

«De lo contrario nos van a perseguir con la fuerza del Estado», añadió Cortés y puso el ejemplo de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Sobre la propuesta del Ejecutivo federal de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, el PRI indicó que vienen argucias legislativas.

«Nos parece una argucia constitucional (que mediante cambios a una ley secundaria pasen a la GN a la Sedena), el Artículo 19 es muy claro en el sentido de que la Guardia debía tener un mando civil, así lo dice textualmente. No hace falta si quieren interpretarlo, el pretender en leyes secundarias o en leyes administrativas legislar es violentar la Constitución», dijo el presidente del PRD, Jesús Zambrano.

Fuente: el diario

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Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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