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Amenazas de crimen por reforma eléctrica

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Ciudad de México.— Dirigentes del PRI, PAN y PRD revelaron que existió una serie de intimidaciones y amenazas hasta del crimen organizado para que diputados votaran a favor de la Ley Bartlett.

«Para un servidor en la discusión de la reforma eléctrica, llamada Ley Bartlett, confirmo que hubo legisladores de Acción Nacional y de otros partidos, que tengo conocimiento, que fueron amedrentados por el Gobierno federal, lo hicieron a través de el propio coordinador parlamentario, de la bancada mayoritaria, lo hicieron a través de otros personajes del propio Gobierno federal con ofrecimientos para los legisladores», sostuvo el presidente del PAN, Marko Cortés.

«Y con amenazas para los mismos, pero además tengo conocimiento también de que varios legisladores de mi partido y de otros partidos de esta coalición fueron también amedrentados por grupos del crimen organizado para que votaran a favor de esta Ley Bartlett. Por fortuna, la fortaleza de todos los partidos se mantuvo en sus términos y tuvimos los 114 diputadas y diputados federales votando en el sentido acordado (en contra)».

Tras una plenaria que se efectuó en un auditorio del Edificio E de la Cámara de Diputados, donde diputados de la coalición Va por México se comprometieron a mantener una moratoria constitucional en contra de la reforma electoral, que plantea desaparecer al INE, y de que la Guardia Nacional sea parte de la Defensa Nacional.

En la plenaria acusaron que el período a iniciarse el próximo 1 de septiembre será una batalla contra los embates del Gobierno federal para aceptar sus reformas.

Indicaron que el Gobierno federal se convirtió en una dictadura al no aceptar un rechazo de la Oposición.

«De lo contrario nos van a perseguir con la fuerza del Estado», añadió Cortés y puso el ejemplo de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Sobre la propuesta del Ejecutivo federal de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, el PRI indicó que vienen argucias legislativas.

«Nos parece una argucia constitucional (que mediante cambios a una ley secundaria pasen a la GN a la Sedena), el Artículo 19 es muy claro en el sentido de que la Guardia debía tener un mando civil, así lo dice textualmente. No hace falta si quieren interpretarlo, el pretender en leyes secundarias o en leyes administrativas legislar es violentar la Constitución», dijo el presidente del PRD, Jesús Zambrano.

Fuente: el diario

México

Sheinbaum condiciona acción contra Rocha Moya a pruebas de la FGR

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas “contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se procederá conforme a la ley en territorio mexicano. La mandataria señaló que la misma ruta aplicaría para los nueve funcionarios sinaloenses también señalados por autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, en caso de no existir pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Indicó que corresponde a la FGR valorar la documentación recibida y, en su caso, determinar si existen elementos constitutivos de delito para actuar bajo jurisdicción mexicana. Reiteró que su gobierno mantendrá una postura de defensa de la soberanía nacional.

La presidenta aseguró que no se permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente al pueblo de México. Añadió que esa posición se basa en la búsqueda de verdad, justicia y respeto a la soberanía.

También confirmó que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Esos expedientes fueron turnados a la FGR para su análisis conforme a la legislación nacional.

Sin embargo, señaló que un día después el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el retiro de cargos contra esos mismos 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

Sheinbaum cuestionó la difusión del documento denominado “Acusación de reemplazo bajo reserva”, al señalar que ese tipo de procedimientos son confidenciales de acuerdo con los tratados aplicables. Explicó que, por ello, el área jurídica de la Cancillería expresó un extrañamiento formal.

La mandataria recordó que la FGR informó previamente que revisará la documentación recibida para determinar si existen datos probatorios suficientes y resolver sobre la viabilidad de las solicitudes. Además, iniciará una investigación para recabar información y verificar si hay bases legales para solicitar órdenes de aprehensión.

Un día antes, autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen narcotráfico, armas y presunta protección a integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Hasta el cierre de esta edición, la FGR mantenía en análisis la documentación recibida.

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