México

Amenazas de crimen por reforma eléctrica

Ciudad de México.— Dirigentes del PRI, PAN y PRD revelaron que existió una serie de intimidaciones y amenazas hasta del crimen organizado para que diputados votaran a favor de la Ley Bartlett.

«Para un servidor en la discusión de la reforma eléctrica, llamada Ley Bartlett, confirmo que hubo legisladores de Acción Nacional y de otros partidos, que tengo conocimiento, que fueron amedrentados por el Gobierno federal, lo hicieron a través de el propio coordinador parlamentario, de la bancada mayoritaria, lo hicieron a través de otros personajes del propio Gobierno federal con ofrecimientos para los legisladores», sostuvo el presidente del PAN, Marko Cortés.

«Y con amenazas para los mismos, pero además tengo conocimiento también de que varios legisladores de mi partido y de otros partidos de esta coalición fueron también amedrentados por grupos del crimen organizado para que votaran a favor de esta Ley Bartlett. Por fortuna, la fortaleza de todos los partidos se mantuvo en sus términos y tuvimos los 114 diputadas y diputados federales votando en el sentido acordado (en contra)».

Tras una plenaria que se efectuó en un auditorio del Edificio E de la Cámara de Diputados, donde diputados de la coalición Va por México se comprometieron a mantener una moratoria constitucional en contra de la reforma electoral, que plantea desaparecer al INE, y de que la Guardia Nacional sea parte de la Defensa Nacional.

En la plenaria acusaron que el período a iniciarse el próximo 1 de septiembre será una batalla contra los embates del Gobierno federal para aceptar sus reformas.

Indicaron que el Gobierno federal se convirtió en una dictadura al no aceptar un rechazo de la Oposición.

«De lo contrario nos van a perseguir con la fuerza del Estado», añadió Cortés y puso el ejemplo de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

Sobre la propuesta del Ejecutivo federal de que la Guardia Nacional pase a la Sedena, el PRI indicó que vienen argucias legislativas.

«Nos parece una argucia constitucional (que mediante cambios a una ley secundaria pasen a la GN a la Sedena), el Artículo 19 es muy claro en el sentido de que la Guardia debía tener un mando civil, así lo dice textualmente. No hace falta si quieren interpretarlo, el pretender en leyes secundarias o en leyes administrativas legislar es violentar la Constitución», dijo el presidente del PRD, Jesús Zambrano.

Fuente: el diario

México

Magnicharters en quiebra; inicia liquidación de activos

El 4 de noviembre de 2026, Magnicharters fue declarada oficialmente en quiebra por una jueza federal, tras más de seis meses de haber suspendido sus operaciones, dejando a miles de pasajeros sin vuelos ni servicios turísticos contratados. Esta declaración abre la etapa de liquidación de activos de la aerolínea, con el objetivo de intentar cubrir las deudas acumuladas con trabajadores, clientes y otros acreedores.

La resolución fue emitida por la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, quien aceptó la solicitud presentada por Grupo Aéreo Monterrey, propiedad de los hermanos Bojórquez Maza, debido al incumplimiento generalizado de las obligaciones financieras de la compañía.

Como parte de la sentencia, se ordenó que un síndico designado inicie las diligencias necesarias para inventariar y tomar posesión de los bienes de Magnicharters. Esto incluye documentos contables, archivos electrónicos, dinero en caja y otros activos que se encuentren bajo su resguardo o en poder de terceros. Estos bienes podrán ser administrados y, si es necesario, vendidos para cubrir los compromisos pendientes.

La declaración de quiebra se produce tras la denuncia de un grupo de 91 agentes de viajes independientes que, el 30 de junio, anunciaron su intención de emprender acciones legales contra los propietarios de Magnicharters por un probable delito de fraude. Los afectados reclamaban la devolución de 12 millones 481 mil pesos, correspondientes a paquetes turísticos que incluían vuelos, hospedaje y traslados que nunca se concretaron.

Los pasivos de Magnicharters se estiman en alrededor de 800 millones de pesos, que incluyen deudas con trabajadores, pasajeros y otros acreedores. Entre las obligaciones financieras se destacan aproximadamente 161 millones de pesos por compromisos laborales, cerca de 150 millones con agencias de viajes y 80 millones con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por servicios aeroportuarios y arrendamiento de hangares.

A pesar de que la quiebra abre un procedimiento para identificar y liquidar los bienes de la empresa, aún queda por determinar cuánto dinero podrá recuperarse y qué proporción corresponderá a cada uno de los acreedores. Para los pasajeros y agentes de viajes que han denunciado a la aerolínea, esta resolución judicial representa un nuevo capítulo en la disputa por la recuperación de sus fondos.