Amenazas de muerte contra ellos y sus familiares, torturas, falta de alimentos y condiciones insalubres son parte de la realidad cotidiana que enfrentan los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua desde el pasado 20 de agosto por transportar más de 9.2 millones de dólares en seis camionetas con logotipos y registros vehiculares a nombre de Televisa.

La abogada Johanna Fonseca González, representante legal de Juan Luis Torres Torres, Guillermo Villagómez Hernández y Valentín Delgado Guillén, dio a conocer que las únicas tres veces que ha podido hablar con sus clientes, estos han reportado amenazas y malos tratos dentro de la prisión preventiva conocida como “El Chipote”.

Fonseca González agregó que la preocupación de los mexicanos por su seguridad personal, surgió cuando los familiares de los mexicanos procesados manifestaron su deseo de viajar a Nicaragua para ver a los procesados.

Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la llamada “Caravana Televisa” solicitaron a sus familias que no pongan un pie en el país centroamericano, ya que algunos han recibido amenazas de muerte contra ellos y sus seres queridos por parte de personas desconocidas.

La abogada Fonseca explicó que como abogada de Juan Luis Torres Torres, este le narró como un reo de “El Chipote” se le acercó al mexicano de origen tamaulipeco para advertirle que sí hablaba del caso “iban a cortarle su hijo en pedacitos”.

“Don Juan Luis el primer mensaje que me dijo fue verbal para su familia, me dijo a su esposa que no se acercara aquí, no me dijo quién, pero un hombre entró a su celda en la noche. Dice él, que en lo oscuro le dijo que si él abría la boca, iban hacer cuadritos a su hijo, entonces estaba muy alterado y me pidió decirle a su esposa que no viniera”, narró la abogada.

Sin embargo, las amenazas no son el único problema que los mexicanos enfrentan, ya que los cuatro más jóvenes de este grupo han denunciado que son víctimas de tortura a sus respectivos defensores.

Dichas torturas consisten en no dejarlos descansar durante la noche, ya que los despiertan cada media hora, además de que los mantienen en celdas infestadas de aguas negras y ratones, provocando incluso el deterioro en la salud de varios de ellos que ya padecían diabetes o hipertensión arterial.

Con la certeza de que se trata de un patrón que se repite, ya que considera la prisión de “El Chipote” como un centro de tortura que subsiste en Nicaragua desde la dictadura somocista, Johanna Fonseca insistió en que sólo ha visto a sus clientes durante las tres audiencias públicas que se han celebrado de este caso.

A pesar de esta situación, insiste en que la embajada mexicana en Nicaragua, actualmente en manos de Rodrigo Labardini, no les ha brindado apoyo consular a los 18 afectados. Incluso, revela que un diplomático de nuestro país, a quien ella identifica como el Cónsul, ya se entrevistó con el grupo que comandaba Raquel Alatorre Correa, para advertirles que las autoridades mexicanas “no los van a ayudar en nada”.

Dicha advertencia se hizo sin tomar en cuenta la posibilidad de que algunos de los 18 procesados como el propio Juan Luis Torres Torres se digan inocentes, pero ignorando también la incomunicación y las presuntas torturas que han denunciado los integrantes de la llamada “Caravana Televisa” en “El Chipote”.

Adelantó que este viernes en compañía del abogado de Raquel Alatorre, José Ramón Rojas Urroz, asistirá al centro de detención de “El Chipote” para tratar de romper la incomunicación con sus clientes y pedir su traslado a un centro penitenciario, de modo que los mexicanos tengan acceso a una defensa efectiva.

En lo que se refiere a la estrategia para defender a sus clientes, Fonseca González sostiene que no todos los viajeros estaban al tanto del trasiego de dinero ni del comercio de estupefacientes que supuestamente se cometía a través de las seis camionetas con logotipos de Televisa.

En este sentido, advierte que aún cuando todos estuvieran al tanto de la existencia de los 9.2 millones de dólares que transportaban los vehículos tipo Van, el delito que se configura contra los mexicanos es el de defraudación fiscal y no los de de tráfico internacional de estupefacientes y crimen organizado. En tanto, el Ministerio Público de Nicaragua adelantó ayer su intención de solicitar al Poder Judicial de este país una condena de 30 años de prisión contra los 18 mexicanos detenidos en el cruce fronterizo de “Las Manos” que comparten Nicaragua y Honduras.

Casi de inmediato, la abogada Johanna Fonseca, respondió que se trata de una petición sin sustento, ya que va a ser hasta el juicio penal programado para el próximo 3 de diciembre, cuando se definan los cargos y penas resultantes de todo este proceso judicial.

“No es momento para pedir la pena, lo que pasa es que la Fiscal Adjunta se está haciendo propaganda porque ella quiere quedarse de Fiscal General”, finalizó la abogada.