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Opinión

¿Amigos o rivales? Salvemos a la policía. Por Alaín González

En el ultimo año los policías de todo México han vivido momentos de mucha tensión, la pandemia definitivamente vino a complicar una relación entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad que ya se encontraba bastante deteriorada, la función policial a diferencia de otras actividades no pudo ser detenida, pero las condiciones en las que estos realizaban sus actividades no fueron modificadas, la salud de los elementos tanto física como mental, no fue tomada en cuenta, los protocolos, si es que existen, no fueron suficientes y por si fuera poco tampoco se les considero un grupo esencial para recibir la vacuna junto con los de “primera línea de control del Covid-19”.

¿Y cual es la consecuencia del abandono de los policías?, de acuerdo con datos de Causa en Común, llevamos al menos 735 policías fallecidos, datos que son difíciles de obtener pues si a duras penas se lleva el registro de policías asesinados, como podríamos confiar en que los datos de policías fallecidos por Covid-19 sean precisos.

¿Pero es esta la única consecuencia del abandono de los policías?, pues no, lamentablemente también hemos llevado al limite la relación de los policías con la ciudadanía,relación que ha agravado una guerra sin sentido en donde el policía desquita el maltrato institucional y social, con los ciudadanos, pasando de una función “preventiva” para la cual están diseñadas la mayoría de las policías, a una función “represiva y punitiva” en donde buscan el más mínimo error para, detener, infraccionar (sobornar), someter, y/o castigar al ciudadano, o al menos así se percibe, pues la ciudadanía no confía en los policías.

Y no es casualidad el porcentaje de confianza que tienen las Policías Preventivas a nivel Nacional 47% de confianza, solo aquí en Chihuahua y Ciudad Juárez, observamos que el número de habitantes que desconfían de la policía municipal por cada 10, es de 4 y 7 respectivamente, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)que lleva a cabo el INEGI.

¿Pero qué podemos hacer para revertir esto? ¿Es esto un circulo vicioso sin remedio? Pues yo soy de los que piensan, que si existe una solución, la cual requiere un esfuerzo de todos; ciudadanos, policías, gobernantes, legisladores, etc., pues mientras denostamos a los policías, existen otros grupos que en verdad quieren hacernos daño y no solo eso, si no que cuentan con una cultura que los enaltece, sobrevalora y elogia sus hazañas. Cultura que lamentablemente conquista a jóvenes que intentan imitar sus historias.

Y que tal si creamos una cultura en pro del policía, en dondeexijamos que se les capacite más y mejor, salarios más competitivos, que se les otorguen mayores y mejores prestaciones como seguros de gastos médicos, atención medica y psicología, sistemas para el otorgamiento de viviendas, garanticemos la educación de sus hijos y las pensiones a las viudas de los elementos caídos, impulsemos el servicio profesional de carrera para garantizar ascensos y policías mejor preparados, equipemos de la mejor manera a nuestros primeros respondientes, pues los policías son el principal servidor publico, quienes están en contacto directo y diario con los ciudadanos, démosles la importancia y el lugar que se merecen, démosles a los policías mas razones por las cuales ser policías, y servir a su ciudad.

He escuchado en muchos discursos políticos la frase “dignifiquemos a los policías” como si no fuera ya digno aquel que es capaz de dar su vida por los demás, así que no es dignificar, es reconocer. Para que el día de mañana el policía prevenga delitos, circule con la torreta prendida y orgulloso de su trabajo, para que aquellos que gustan de pasarse semáforos, asaltar, robar y en general violar la ley la pienses dos veces, y que en el momento en el que un mal ciudadano quiera violar la cultura de la legalidad, y sobornar a un policía, el elemento piense en todas las prestaciones y beneficios que pudiera perder por aceptar dicho soborno.

Recuperemos a nuestros policías, pues no son nuestros enemigos, y a veces desconfiamos de ellos por algunos que no llevan en alto la función policial. Imitemos las mejores practicas de aquellos lugares que ya entendieron que mejorar la percepción ciudadana hacia la policía, beneficiara la cultura de la legalidad e incentivara a que los ciudadanos denuncien y exista la corresponsabilidad para combatir la inseguridad.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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