Conecta con nosotros

México

AMLO busca solucionar en 5 meses lo que no se resolvió en 10 años del caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la Ley de Amnistíatiene como principal interés la resolución de temas de interés que aquejan al país y en los que se ha constatado la violación de derechos humanos, como lo es el caso Ayotzinapa, el cual conmemora este 26 de septiembre 10 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.

Durante su Mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre el propósito de este reforma, la cual fue aprobada la tarde del martes 23 de abril en comisiones del Senado y que, se prevé, sea discutida este mismo miércoles en el Pleno.

Al respecto, el presidente López Obrador reiteró que su principal interés es el caso Ayotzinapa en el que, dijo, se produjo una especie de “pacto de silencio” en el que algunos formaron aparte de la desaparición de los jóvenes y les ofrecen protección; o bien, otros más, que se han cerrado por miedo o amenazas.

López Obrador aprovechó para criticar al Poder Judicial por la liberación de 80 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas- (Cuartoscuro)
López Obrador aprovechó para criticar al Poder Judicial por la liberación de 80 personas presuntamente involucradas en la desaparición de los normalistas- (Cuartoscuro)

No obstante, el mandatario federal confió en que con esta ley el caso pueda resolverse antes de que finalice su sexenio el próximo 1 de octubre.

“Nos va a ayudar mucho, sí nos alcanza el tiempo porque es hacer las cosas legales”, dijo el presidente López Obrador al ser cuestionado sobre si la aprobación de esta ley le permitiría cerrar el caso que cumple 10 años este 26 de septiembre en los cinco meses que le quedan a su gobierno.

Explicó que el propósito de la ley es que haya un respaldo en caso de que se tome un acuerdo con alguien que quiere informar sobre el caso. Y es que precisó que si el presidente no tiene facultades para cumplir con los acuerdos con personas que informan sobre el caso, se estaría infringiendo la ley.

López Obrador aseguró una vez más que su gobierno tiene pruebas de que algunas de las personas que fueron liberadas por jueces por presuntamente haber sido torturadas durante la investigación del caso, en realidad no sufrieron tortura.

El presidente López Obrador también se pronunció a favor de aplicar la Ley de Amnistía en el caso de Israel Vallarta. (Presidencia)
El presidente López Obrador también se pronunció a favor de aplicar la Ley de Amnistía en el caso de Israel Vallarta. (Presidencia)

El presidente dijo que aunque estas 80 personas están en libertad, una vez llegado el momento se buscará abrirles un nuevo expediente.

El presidente aprovechó el tema para volver a la carga en contra del Poder Judicial, en cuyo caso, dijo, los jueces no actuaron solos y de manera independiente al determinar la liberación de las 80 personas señaladas por su presunta participación en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el presidente, este tipo de actuaciones requiere la anuencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en este caso, sería la ministra Norma Piña Hernández.

“No fue un asunto nada más de jueces, porque para liberar a 80 presuntos responsables de la desaparición de Ayotzinapa debió haber una consulta al presidente de la Corte. No se avienta un juez a algo así solo. Por mucho que hablen de autonomía”, indicó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto