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AMLO comete ‘error colosal’ con plan para crear Guardia Nacional: HRW

A dos días de la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno, la organización Human Rights Watch consideró que el presidente electo, cito, “comete un error colosal que podría frustrar cualquier esperanza” de poner fin a la violencia.

Desde que se dio a conocer, empresarios, partidos y legisladores han expresado sus puntos de vista.

Los próximos secretarios de seguridad pública, Alfonso Durazo, y de Gobernación, Olga Sánchez cordero, rechazaron que el plan signifique la militarización del país.

“La palabra policía es la que está presente. Es decir, no, es más, que una policía capacitada. Desde luego una policía militar, una policía naval, pero es una policía al fin y al cabo”, apunto indicó Olga Sánchez Cordero.

“La Guardia Civil francesa, en Chile en los carabineros, en Italia los arabineros y nadie habla de que la seguridad pública esté militarizada”, destacó Alfonso Durazo.

En el Congreso hubo opiniones encontradas.

“Si nosotros nos oponemos y no funciona, van a decir que el PRD se opuso y por eso no funcionó. Nosotros le damos el voto de confianza al presidente electo”, señaló Ricardo Gallardo Cardona.

“Me parece que tiene un valor importante en algunas cosas y tiene insuficiencias en otras”, dijo René Juárez, coordinador de diputados del PRI.

Los gobernadores de Sinaloa, Guanajuato y Guerrero y el actual jefe de gobierno capitalino vieron con optimismo el Plan de Seguridad.

En contraste, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, consideró que es antifederalista.

En el sector privado, la Coparmex celebró que “el nuevo gobierno cuente ya con un plan para una reorganización de las instituciones dedicadas a la seguridad”

En el mismo sentido se pronunció el Consejo Coordinador Empresarial.

“Esperamos que podamos tener resultados durante el primer semestre del año”, indicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Marko Cortés, presidente nacional electo del PAN, lamentó que López Obrador haya, incumplido su promesa de campaña de regresar al Ejército a los cuarteles.

“Es una decisión de consecuencias impredecibles y profundamente delicada. La creación de la guardia nacional implica la transferencia total a los militares del control de la operación policial federal. Las Fuerzas Armadas no están preparada para esto”, afirmó Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana.

“Hay una clarísima orientación militarista en este plan; esto va mucho más allá que ley de seguridad interior”, indicó Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad.

Fuente: Noticieros Televisa

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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