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AMLO y el poder eclesiástico. Por Laura Puente

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Según datos del INEGI, en 2021 el 77.7% de los mexicanos se identificaron con el catolicismo, lo que convierte a México en uno de los cinco países del mundo con mayor número de personas católicas.

Estamos a 12 días de celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe. El pasado 12 de diciembre de 2022, los peregrinos rompieron récord en visita a la Basílica de Guadalupe, se contó con la asistencia de 12.5 millones de creyentes.

Dadas estas cifras y a sabiendas de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador conoce que su electorado es en mayoría religioso, sorprende que su relación con el poder eclesiástico no sea tan buena.

A principios de este mes, en reunión con la Conferencia del Episcopado de México (CEM), se observó que López Obrador no fue bien recibido por los obispos, quienes mostraron una postura un tanto indiferente y molesta con el inquilino de Palacio Nacional.

Esta fue la segunda reunión que sostuvo el mandatario con la Iglesia. La primera fue a inicios de su sexenio en 2018, después no tuvo otro acercamiento.

No se sabe cuándo fue el primer roce del político con la institución religiosa, posiblemente desde que se negaron a entregar la famosa cartilla moral en los templos católicos; o con la incoherente solicitud a la iglesia católica de pedir perdón por los crímenes cometidos en la Conquista; o cuando los asesinatos a sacerdotes en el territorio nacional se incrementaron y el Presidente respondió de forma indiferente.

O bien cuando supuso que dos sacerdotes asesinados dentro de las instalaciones de un templo en la Sierra de Chihuahua, estarían involucrados con el crimen organizado, tampoco se olvida cuando padres oficiaban las misas y hacían un llamado a los asistentes a defender las instituciones de los ataques del poder, esto en el marco de las reformas al INE y sus ataques a la SCJN; o tal vez sea solamente que el apesar de ser acusado de hacer santería y rituales, es el cristianismo la religión que profesa.

El Presidente ha sido inteligente pues su distancia es con la iglesia, pero no con sus creyentes. La discreción a lo largo de estos cinco años por parte de la iglesia y la buena forma de manejarlo de AMLO, no ha representado mayor molestia o interrogante con los sectores que forman el electorado religioso que tiene, por decir uno, los adultos mayores.

Cerca de terminar el sexenio y con las próximas elecciones en puerta, López Obrador no puede confiarse y que su lejanía represente una amenaza para su candidata, pues se sabe que su contrincante, Xóchitl Gálvez, y uno de los partidos que la respaldan, Acción Nacional, sí mantienen una estrecha relación con la iglesia y ese 77.7%, representa poco más de 97 millones de mexicanos.

Veremos en los próximos meses qué estrategias implementa el Presidente para no descuidar la relación y exhibir la lejanía, y que dicho apoyo sea para la candidata del FAM. Todo indica que ya inició un plan y ahora desea limar asperezas y mantener una buena relación, pues como primera acción fue el Titular del Ejecutivo quien pidió asistir a la última reunión con el CEM, es decir, a la que no fue invitado por los obispos;  ya veremos qué más sigue en fechas tan representativas.

POR LAURA PUENTE

[email protected]

@LAURAPUENTEEN

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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