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México

Amparo contra trabas para indagar feminicidios

Organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron que el pasado 27 de febrero el juez noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, José Eduardo Alvarado, les concedió el amparo solicitado hace un año por el rechazo del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a investigar la violencia feminicida en el estado de México.

Dicha resolución obliga al sistema a sesionar de manera inmediata para analizar la procedencia de la solicitud de investigación presentada por las organizaciones en diciembre de 2010, considerando que se cumplieron todos los requisitos legales, y eventualmente emitir la alerta de violencia de género (AVG), señalaron María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y Sergio Méndez, encargado de la dirección general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

En conferencia de prensa en el Hemiciclo a Juárez, Estrada señaló que está en marcha el proceso de notificación a la secretaría ejecutiva del sistema, a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, y confió en que dicho organismo convoque a la brevedad al sistema nacional (integrado por las titulares de los 32 organismos estatales de atención a la mujer, así como por representantes de las secretarías de Gobernación, Educación Pública, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Salud, entre otros organismos).

Los activistas catalogaron dicha sentencia como histórica, toda vez que contempla que las organizaciones no están obligadas a probar la violenciafeminicida sino las autoridades, las cuales luego de la investigación determinarán si procede la declaratoria de AVG.

Además, el fallo sostiene que durante la sesión del sistema (enero de 2011) “no se demuestra, ni siquiera a manera de indicio, que las autoridades hayan dado lectura a la solicitud de las organizaciones o que analizaran las pruebas aportadas, sino que simplemente se dio lugar a una votación para declarar improcedente la investigación de la violencia feminicida”,informaron.

En las cuatro ocasiones que se ha solicitado al sistema nacional una eventual declaratoria de AVG (Oaxaca, Guanajuato, estado de México y Nuevo León), ésta se ha rechazado.

Méndez Silva aseguró que están listos para dar la batalla si las autoridades deciden impugnar el fallo y, de ser necesario, solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso, e informó que el pasado miércoles se presentó un amparo por la negativa en Nuevo León.

Agregó que los asesinatos cometidos por César Armando Librado, El Coqueto, son producto de la irresponsabilidad y la omisión de las autoridades federales y del estado de México, toda vez que se negaron hace más de un año a realizar una investigación que permitiera emitir la AVG en esa entidad.

Tan sólo en 2011, se registraron 289feminicidios en ese estado. En el periodo de gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador, los casos suman alrededor de mil.

Por su parte, la activista Norma Andrade llamó a la sociedad a no guardar silencio y solidarizarse con la lucha de las madres que buscan justicia por sus hijas desaparecidas, al tiempo que expresó su apoyo a las madres de jóvenes asesinadas que durante la conferencia dieron testimonio de irregularidades en las investigaciones.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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