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Política

Ampliarían plazo para registro de observadores

 

México, DF. El Consejo General del IFE emitió el acuerdo por el que se da respuesta a los escritos del Movimiento Cívico YoSoy132, así como a Alianza Cívica, en los que piden ampliar el plazo para el registro de los observadores electorales.

En el documento, publicado este martes en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Federal Electoral (IFE) indicó que según el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) dichas solicitudes se debieron haber presentado desde el inicio del Proceso Electoral y hasta el 31 de mayo.

Sin embargo, y debido a que el Artículo 5, del Cofipe establece que el órgano electoral garantizará el derecho de participar como observadores electorales se determinó ampliar dicho plazo.

Por lo anterior, las solicitudes se debieron haber presentado a más tardar el 7 de junio pasado ante el IFE conforme a los lineamientos para la acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que actuarán como observadores electorales en los próximos comicios.

Aclara que a fin de garantizar la adecuada operación del procedimiento se determina que las solicitudes recibidas en los organismos desconcentrados, se analizarán y, en caso de ser procedentes, se capacitará a las personas en las juntas locales y distritales respectivas.

El acuerdo que surte efectos a partir de su aprobación por el Consejo General precisa que se notificará a los presidentes de Consejos Locales y Distritales, a efecto de que se remitan las probables acreditaciones de observadores electorales que se recibieron del 1 al 7 de junio de 2012.

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México

Senado abre periodo extraordinario con reformas que permitirían recopilar datos biométricos de ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones con una agenda de 16 reformas de alto impacto, entre las que destacan propuestas polémicas por incluir la creación de bases de datos biométricos para diversas finalidades, desde el combate al lavado de dinero hasta la búsqueda de personas desaparecidas y el control de la telefonía móvil.

Tres de las iniciativas más controvertidas son la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Todas ellas comparten un eje común: la recolección, gestión o utilización de datos biométricos de ciudadanos.

En el caso de la reforma antilavado, se plantea otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la facultad de solicitar datos e imágenes a cualquier dependencia del gobierno federal, con el fin de identificar operaciones sospechosas. La propuesta ha sido cuestionada por su ambigüedad en torno a los límites y mecanismos de protección de datos personales.

Respecto a la nueva ley de telecomunicaciones, se busca establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con información biométrica, una medida que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, la iniciativa reaparece en la agenda legislativa, generando preocupaciones sobre una eventual reinstauración de mecanismos de vigilancia masiva.

Por su parte, las modificaciones a la legislación sobre desapariciones prevén incluir datos biométricos de familiares de personas no localizadas, como parte de los protocolos de búsqueda e identificación. Aunque se argumenta que esta medida puede agilizar los procesos, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de mal uso de esta información.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que durante el periodo extraordinario —que se extenderá del 23 de junio al 2 de julio— podrían abordarse hasta 22 reformas, con sesiones incluso programadas para sábado y domingo. Agregó que existe la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe nuevas iniciativas, las cuales se incorporarían a la agenda.

La jornada de este lunes inició con la discusión de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que busca prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos. Sin embargo, el debate de mayor tensión se anticipa conforme avancen los días y se aborden las reformas que tocan temas sensibles como seguridad nacional, telecomunicaciones, fiscalización y derechos fundamentales.

Entre las reformas enlistadas también figura la expedición de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el rediseño normativo de la Guardia Nacional, una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, y la transferencia de funciones del Coneval al INEGI.

La discusión de estas reformas ocurre en un contexto en el que organismos civiles, expertos y sectores de la oposición advierten sobre una creciente tendencia hacia la centralización del poder y la expansión de facultades de vigilancia del Estado, sin mecanismos de control institucional suficientes.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo de estas propuestas y su impacto en los derechos de millones de mexicanos. El debate está abierto, pero la preocupación por el posible uso indiscriminado de datos personales —en nombre de la seguridad— ya es evidente dentro y fuera del Senado.

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