Opinión
ANATOMIA DE UNA TRAICIÓN (CASI) PERFECTA POR VICTOR QUINTANA SILVEIRA
Anatomía de una traición (casi) perfecta
Por: Víctor M. Quintana S. | 2013-12-15 | 00:54
De que es traición, la es. Por más que la quieran vestir de seda, la entrega de la exploración, explotación, transformación y transportación de los hidrocarburos de la Nación a empresas privadas nacionales o extranjeras no tiene nada de gesto patriótico. Los artículos 27 y 28 constitucionales, ahora reformados por el PRI, el PAN y sus aliados, fueron de los máximos logros de la Revolución y aún no se cumplen las metas para las que fueron instituidos: una reserva soberana para el desarrollo y la justicia social para todas y todos los mexicanos. Ahora dependerá de la dudosa eficacia de una Comisión Nacional de Hidrocarburos donde la partidocracia se servirá con la cuchara grande. Dependerá también de una muy corruptible y deficiente labor de fiscalización de lo que las trasnacionales extraigan de nuestro suelo. Ni Santa Ana ni don Porfirio se hubieran imaginado tanto entreguismo. ¿Cómo le hicieron EPN y sus ahora aliados blanquiazules para perpetrarlo?
1. Escondieron varios ases bajo la manga: En ningún acto, debate o programa de campaña propusieron los candidatos del PRIAN una Reforma Energética como la que acaban de llevar a cabo. Les hubiera restado votos que ni las tarjetas de MONEX hubieran podido recomprar. Muchos priistas y panistas de convicción les hubieran volteado la espalda.
2. Propusieron un pacto en el que no tenían nada que perder: A EPN le urgía legitimarse y pronto y no lo podía hacer llenando de sangre y muerte el país como Calderón. Así que invitó a un pacto para sacar las reformas que el gran poder económico y la OCDE le habían prescrito, con algunos ralos beneficios para el pueblo. El PAN los iba a aceptar, dada su cercanía con la clase acomodada y si el PRD los aceptaba, como de hecho aceptó la mayoría, tanto mejor. Si pegaba con la izquierda, excelente, si no, despegado estaba. ¿Las concesiones para las mayorías? Una reforma de telecomunicaciones que ahora no ve el día que pueda aplicarse, pero nada de mejores salarios, de mejores condiciones de vida.
3. Le aflojaron la rienda al PAN. Es decir, plantearon una Reforma Energética tímida, para dar oportunidad a que el PAN la llevara más adelante y tuviera la ilusión de que se salió con la de él. Si Peña Nieto y los suyos hubieran presentado una iniciativa que no admitiera adendas ni modificaciones, el PAN no se hubiera sentido incluido y no la hubiera apoyado. Si los priistas tuvieran la firme convicción de no llegar más que a los “contratos de utilidad compartida”, ahí se hubieran quedado; pero sabían que habría que darle al PAN la impresión de que se llegó hasta donde éste quería: las concesiones disfrazadas de licencias. Ahora se van a disputar el título de quién fue el más entreguista.
4. Cocinaron los acuerdos en las cúpulas de Washington y de Los Pinos. La decisión última no se tomó ni en el Senado ni en San Lázaro. Ya estaba pactada por el PRI y por el PAN con Washington desde el 2012, más en concreto en el Senado norteamericano, y con las trasnacionales petroleras, como hace varias semanas lo dieron a conocer el Wall Street Journal y la agencia de noticias económicas Bloomberg. Luego se vistió de china poblana en el espacio del pacto, entre el PRI y el PAN, con el PRD ya fuera, emberrinchado como las novias que sientan después de la primera tanda.
5. Rechazaron toda forma de consulta a la ciudadanía: El PRI nunca ha sido partidario de este tipo de consultas, y el PAN, sólo cuando le benefician, así que, ¿para qué tomarse la molestia de acudir a la democracia directa si la representativa les representa tantos dividendos de poder y de dinero? Una consulta hubiera significado retrasar el proyecto urgido por las trasnacionales y, de acuerdo a los sondeos de opinión, arriesgarse a que el proyecto de reforma fuera rechazado. Por eso lo desdeñaron con toda la arrogancia de una clase política que siempre quiere manejar a la ciudadanía como menor de edad. Exactamente como hacían los blancos con la mayoría negra en Sudáfrica en tiempos del apartheid. (Para no dejar de recordar la lucha de Mandela).
6. Emplearon todo el poder de los medios y de la propaganda de Estado para justificar su proyecto. Con el duopolio televisivo a modo para que no se le afecte con las leyes secundarias en telecomunicaciones. Y con el enorme y opaco presupuesto de comunicación social como palanca, tuvieron EPN y sus aliados varios meses para desinformar, contar medias verdades, hacer comparaciones sofistas, manejar tramposamente las estadísticas para defender su proyecto privatizador. Contaron con la ayuda incondicional de conductores oficiosos y oficialistas como Fernández Meléndez, Ferriz de Con, Hiriart, Beteta y compañía. Los capitales detrás de eso: Azcárraga, Salinas Pliego, Vázquez Raña, etc.
7. Emplearon todo el poder de los medios electrónicos para satanizar y desprestigiar a los críticos y opositores a su reforma: De pronto, nuestra democracia balbuceante se llenó de denuestos a quienes pensaban diferente. Como no podían contra argumentar a quienes muestran lo endeble de la racionalidad privatizadora, los atacan como “atrasados”, “cerrados”, “radicales”. Todo aquél que no concuerde con esta forma de pensar está loco, con López Obrador a la cabeza. En este país hay que pensar como Videgaray, Coldwell, Cordero, o Madero para ser cuerdo y razonable. Pocas veces se ha visto una campaña tan amplia y tan irracional de ataques mediáticos a quienes se oponen al pensamiento único definido como lo definen los grandes del poder y del dinero.
8. Impusieron el tiempo y el ritmo: Había que hacer la Reforma Energética ahora, para que en un año Peña Nieto tuviera la joya de la corona y para que el gasto público que manejó de manera recesiva en el 2013, provoque el rebote y la ilusión de crecimiento y beneficio del reformismo en 2014. Había que hacerla ahora, en diciembre, cuando abundan los distractores del populacho: posadas, final del futbol, sorteo de la Copa del Mundo, miedo a los asaltos, etc. etc. Y había que hacerla rápido, antes que la cuesta de enero, la pertinacia de las ejecuciones y la delincuencia, y el deterioro del salario, irriten a este fatigado país. Así lo hicieron, y, el PAN aceptó bailar a ese ritmo con ellos.
Las recompensas visibles, inmediatas no se hicieron esperar: las y los diputados tendrán un fondo especial de 50 mil millones de pesos para utilizarlo y repartirlo a discreción, es decir, 100 millones de pesos por legislador, para comprar clientelas, a realizar obras donde más les convenga a ellos, gastar para preparar su reelección cuando ya se pueda, etc. Pero las recompensas no inmediatas, algún día se harán visibles: acciones en las petroleras extranjeras, contratos con ellas, puestos en sus consejos de administración, inmuebles en el extranjero, cuentas en los paraísos fiscales… En fin, habría que transpolar a Churchill para concluir: “Nunca tantos habían sido traicionados por tan pocos”.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

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