Opinión
ANATOMIA DE UNA TRAICIÓN (CASI) PERFECTA POR VICTOR QUINTANA SILVEIRA
Anatomía de una traición (casi) perfecta
Por: Víctor M. Quintana S. | 2013-12-15 | 00:54
De que es traición, la es. Por más que la quieran vestir de seda, la entrega de la exploración, explotación, transformación y transportación de los hidrocarburos de la Nación a empresas privadas nacionales o extranjeras no tiene nada de gesto patriótico. Los artículos 27 y 28 constitucionales, ahora reformados por el PRI, el PAN y sus aliados, fueron de los máximos logros de la Revolución y aún no se cumplen las metas para las que fueron instituidos: una reserva soberana para el desarrollo y la justicia social para todas y todos los mexicanos. Ahora dependerá de la dudosa eficacia de una Comisión Nacional de Hidrocarburos donde la partidocracia se servirá con la cuchara grande. Dependerá también de una muy corruptible y deficiente labor de fiscalización de lo que las trasnacionales extraigan de nuestro suelo. Ni Santa Ana ni don Porfirio se hubieran imaginado tanto entreguismo. ¿Cómo le hicieron EPN y sus ahora aliados blanquiazules para perpetrarlo?
1. Escondieron varios ases bajo la manga: En ningún acto, debate o programa de campaña propusieron los candidatos del PRIAN una Reforma Energética como la que acaban de llevar a cabo. Les hubiera restado votos que ni las tarjetas de MONEX hubieran podido recomprar. Muchos priistas y panistas de convicción les hubieran volteado la espalda.
2. Propusieron un pacto en el que no tenían nada que perder: A EPN le urgía legitimarse y pronto y no lo podía hacer llenando de sangre y muerte el país como Calderón. Así que invitó a un pacto para sacar las reformas que el gran poder económico y la OCDE le habían prescrito, con algunos ralos beneficios para el pueblo. El PAN los iba a aceptar, dada su cercanía con la clase acomodada y si el PRD los aceptaba, como de hecho aceptó la mayoría, tanto mejor. Si pegaba con la izquierda, excelente, si no, despegado estaba. ¿Las concesiones para las mayorías? Una reforma de telecomunicaciones que ahora no ve el día que pueda aplicarse, pero nada de mejores salarios, de mejores condiciones de vida.
3. Le aflojaron la rienda al PAN. Es decir, plantearon una Reforma Energética tímida, para dar oportunidad a que el PAN la llevara más adelante y tuviera la ilusión de que se salió con la de él. Si Peña Nieto y los suyos hubieran presentado una iniciativa que no admitiera adendas ni modificaciones, el PAN no se hubiera sentido incluido y no la hubiera apoyado. Si los priistas tuvieran la firme convicción de no llegar más que a los “contratos de utilidad compartida”, ahí se hubieran quedado; pero sabían que habría que darle al PAN la impresión de que se llegó hasta donde éste quería: las concesiones disfrazadas de licencias. Ahora se van a disputar el título de quién fue el más entreguista.
4. Cocinaron los acuerdos en las cúpulas de Washington y de Los Pinos. La decisión última no se tomó ni en el Senado ni en San Lázaro. Ya estaba pactada por el PRI y por el PAN con Washington desde el 2012, más en concreto en el Senado norteamericano, y con las trasnacionales petroleras, como hace varias semanas lo dieron a conocer el Wall Street Journal y la agencia de noticias económicas Bloomberg. Luego se vistió de china poblana en el espacio del pacto, entre el PRI y el PAN, con el PRD ya fuera, emberrinchado como las novias que sientan después de la primera tanda.
5. Rechazaron toda forma de consulta a la ciudadanía: El PRI nunca ha sido partidario de este tipo de consultas, y el PAN, sólo cuando le benefician, así que, ¿para qué tomarse la molestia de acudir a la democracia directa si la representativa les representa tantos dividendos de poder y de dinero? Una consulta hubiera significado retrasar el proyecto urgido por las trasnacionales y, de acuerdo a los sondeos de opinión, arriesgarse a que el proyecto de reforma fuera rechazado. Por eso lo desdeñaron con toda la arrogancia de una clase política que siempre quiere manejar a la ciudadanía como menor de edad. Exactamente como hacían los blancos con la mayoría negra en Sudáfrica en tiempos del apartheid. (Para no dejar de recordar la lucha de Mandela).
6. Emplearon todo el poder de los medios y de la propaganda de Estado para justificar su proyecto. Con el duopolio televisivo a modo para que no se le afecte con las leyes secundarias en telecomunicaciones. Y con el enorme y opaco presupuesto de comunicación social como palanca, tuvieron EPN y sus aliados varios meses para desinformar, contar medias verdades, hacer comparaciones sofistas, manejar tramposamente las estadísticas para defender su proyecto privatizador. Contaron con la ayuda incondicional de conductores oficiosos y oficialistas como Fernández Meléndez, Ferriz de Con, Hiriart, Beteta y compañía. Los capitales detrás de eso: Azcárraga, Salinas Pliego, Vázquez Raña, etc.
7. Emplearon todo el poder de los medios electrónicos para satanizar y desprestigiar a los críticos y opositores a su reforma: De pronto, nuestra democracia balbuceante se llenó de denuestos a quienes pensaban diferente. Como no podían contra argumentar a quienes muestran lo endeble de la racionalidad privatizadora, los atacan como “atrasados”, “cerrados”, “radicales”. Todo aquél que no concuerde con esta forma de pensar está loco, con López Obrador a la cabeza. En este país hay que pensar como Videgaray, Coldwell, Cordero, o Madero para ser cuerdo y razonable. Pocas veces se ha visto una campaña tan amplia y tan irracional de ataques mediáticos a quienes se oponen al pensamiento único definido como lo definen los grandes del poder y del dinero.
8. Impusieron el tiempo y el ritmo: Había que hacer la Reforma Energética ahora, para que en un año Peña Nieto tuviera la joya de la corona y para que el gasto público que manejó de manera recesiva en el 2013, provoque el rebote y la ilusión de crecimiento y beneficio del reformismo en 2014. Había que hacerla ahora, en diciembre, cuando abundan los distractores del populacho: posadas, final del futbol, sorteo de la Copa del Mundo, miedo a los asaltos, etc. etc. Y había que hacerla rápido, antes que la cuesta de enero, la pertinacia de las ejecuciones y la delincuencia, y el deterioro del salario, irriten a este fatigado país. Así lo hicieron, y, el PAN aceptó bailar a ese ritmo con ellos.
Las recompensas visibles, inmediatas no se hicieron esperar: las y los diputados tendrán un fondo especial de 50 mil millones de pesos para utilizarlo y repartirlo a discreción, es decir, 100 millones de pesos por legislador, para comprar clientelas, a realizar obras donde más les convenga a ellos, gastar para preparar su reelección cuando ya se pueda, etc. Pero las recompensas no inmediatas, algún día se harán visibles: acciones en las petroleras extranjeras, contratos con ellas, puestos en sus consejos de administración, inmuebles en el extranjero, cuentas en los paraísos fiscales… En fin, habría que transpolar a Churchill para concluir: “Nunca tantos habían sido traicionados por tan pocos”.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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