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México

Ante huachicoleo, despliegan a 4 mil militares en Pemex

Por razones de seguridad nacional y para evitar que cada año se sigan robando 60 mil millones de pesos a la nación, el Gobierno de la República dio a conocer el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, en el que intervienen desde el pasado 21 de diciembre, quince dependencias federales y que a cuatro días de su puesta en marcha arrojó la detención de tres ex funcionarios y disminuyó en 17 por ciento el robo de combustible en el país.

El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, destacó que frente a la magnitud del robo es que cuatro mil efectivos de las Fuerzas Armadas adscritos a la policía naval y militar tomaron el control de 58 instalaciones clave de Petróleos Mexicanos en las que antes los trabajadores sindicalizados «impedían el acceso a las propias autoridades de Pemex».

«Hay información de que en algunas áreas no podía entrar Pemex, la autoridad, porque eran áreas reservadas o estaban conducidas, administradas por trabajadores sindicalizados. Pero eso ya se resolvió.

Nada más se les informó a los dirigentes sindicales que Pemex, y no sólo Pemex, el gobierno federal y las Fuerzas Armadas, iban a cuidar instalaciones estratégicas, como se está haciendo. Y ya en este plan no hay ninguna zona reservada, ni ninguna área en la que no se pueda intervenir», dijo.

López Obrador agregó que una de las zonas que tenían bajo control los trabajadores era la del monitoreo de combustible.

«Un área que se intervino fue la de monitoreo, porque se comprobó que se estaban violando las normas. Hay un sistema para conocer la presión de los ductos. Y hubo un día en que no se procedió a cerrar válvulas, que era lo que se debió hacer. Y ese día hubo una gran pérdida de combustible en un tramo de ductos. Y otro hecho es que se detuvo a un transportista que entraba y salía a una refinería, hay elementos» detalló.

El presidente informó que, durante el 2017, en promedio se robaron 600 pipas de combustible con 15 mil litros cada una, equivalente a 200 millones de pesos.

Ante los medios de comunicación, sostuvo que si bien no existen evidencias de que ex directores de Petróleos Mexicanos participen en el robo de hidrocarburos, es un hecho que «sí sabían» lo que pasaba al interior de la paraestatal en las áreas de distribución de combustible y válvulas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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