A más de uno de los lectores le podrá parecer exagerada la comparación, pero de esas dimensiones es lo que hoy sucede en el Estado Grande.

Primero establezcamos que, de acuerdo con la nueva legislación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) debe contar con un Comité Coordinador, encabezado por el Presidente del Comité Ciudadano, e integrado por el Auditor Superior del Estado; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el Presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y el Comisionado Presidente del Ichitaip.

Sus funciones y facultades son muchas y variadas, pero fundamentalmente la del “diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan… La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno…”. Art. 187 Constitución de Chihuahua.

Sorpresivamente, el miércoles fue convocada la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (CC-SEA), a realizarse el jueves por la mañana en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

Para esa instalación no fue convocada la vocera -e integrante- de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano, Olga Ponce, a la cual pertenece el presidente del CC-SEA.

La convocatoria se hizo en momentos por demás difíciles para la buena marcha de varias instituciones del gobierno de Chihuahua.

Por una parte, el amparo otorgado a Rodolfo Leyva que lo restituye en la presidencia del Ichitaip, que aún está pendiente de resolverse en definitiva pues Alejandro de la Rocha -quien fuera nombrado presidente, luego de la ilegal destitución de Leyva- tiene derecho a presentar una revisión del amparo otorgado a Leyva; y, por otra, las resoluciones pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legalidad, o no, de la destitución de Gabriel Sepúlveda en la presidencia del TSJ y las de las facultades e integración del Consejo de la Judicatura.

Sin adelantar en qué sentido se dieran tales resoluciones, lo cierto es que existe, sobre esas instancias, un velo de incertidumbre.

Bueno, pues ese es el escenario. Ahora, imaginemos por un instante que el ganador de las elecciones del 2016 no hubiese sido Javier Corral y que el candidato del PRI, Enrique Serrano, hubiese triunfado y que, por tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia fuera el magistrado Gabriel Sepúlveda (militante del PRI y amigo de Serrano y de César Duarte); que el Auditor Superior del Estado fuese, todavía, Jesús Manuel Esparza, también militante del PRI y amigo del ex gobernador Duarte, y de Serrano; que la Secretaria de la Función Pública fuese, otra vez, Liz Aguilera, también priista y amiga de Serrano, o Karina Velázquez, la ex presidenta del PRI estatal; que el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) fuese un destacado priista y que en el Ichitaip hubiesen nombrado a otro priista en la presidencia.

Más aún, que a nombre del Congreso, a la instalación del Comité Coordinador del SEA hubiese acudido una diputada del PRI y que, a su vez, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización del Congreso fuese otro priista y que todos ellos hubiesen realizado la instalación de ese Comité Coordinador del SEA (CC-SEA), integrado por ¡Puros militantes priistas o personas muy cercanas al PRI o a los funcionarios estatales, en ese hipotético escenario en el que el triunfador hubiese sido el priista Enrique Serrano!

¿Se imaginan el escándalo, hasta internacional, que hubiesen armado los dirigentes y militantes del PAN?

¿Se imaginan que hubiesen hecho las organizaciones sociales derechohumanistas y las dedicadas a vigilar la transparencia del gobierno de Chihuahua?

El principal argumento para descalificar tal instalación hubiese sido que el total de sus integrantes eran del partido en el gobierno, o que mantenían estrechos lazos con el grupo gobernante.

Bueno, pues eso hizo del gobierno del amanecer el jueves anterior, aunque con una cantidad mayor de agravantes.

No son cualquier cosa.

El Presidente del TSJ está pendiendo de la resolución de la SCJN, si bien no se le conoce filia pública con el PAN al magistrado Julio César Jiménez Castro, es a quien el gobernador Corral impulsó para que ocupara esa posición; el Auditor Superior del Estado, Armando Valenzuela, es encargado del despacho y es cercano al mandatario estatal, además de que su posición está cuestionada; el presidente del CC-SEA es José Enríquez Tamez, miembro del PAN y que, de acuerdo con la normatividad nacional, no debiera ocupar esa posición, precisamente por su militancia; la Secretaria Estefany Olmos, que no es militante del PAN, pero es claramente de las confianzas del gobernador Corral.

La instalación del CC-SEA, la principal instancia que, de acuerdo con los ejes del gobierno del amanecer, sería la columna vertebral en el combate a la corrupción gubernamental lo hacen parcialmente, con casi la mitad de sus integrantes o ausentes, o sometidos a cuestionamientos judiciales y, peor, que sus nombramientos obedecen a su cercanía con el gobernante.

A esa escenográfica instalación, acudieron la diputada Blanca Gámez (PAN), en representación del Congreso del Estado y Jorge Soto (También del PAN) como presidente de la Comisión de Fiscalización.

Más aún, el CC-SEA no tiene asignado ni presupuesto, ni instalaciones; no posee empleados, ni funcionarios; no tiene una ley reglamentaria y aún no se aprueba por el Congreso del Estado la regulación del nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción y, tampoco, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; por tanto, tampoco están nombrados sus titulares, que son parte fundamental del CC-SEA.

Si el Comité Coordinador del SEA tiene estos problemas ¿Cuál es la razón de la convocatoria para su instalación? ¿Acaso en la reinstalación de Rodolfo Leyva y sus tronantes posturas en contra del gobernador Corral?

Lo hemos dicho reiteradamente, el gobierno encabezado por Javier Corral tendría retos mayores, superiores a los que podrían haber encarado sus antecesores, pues emergía de un vasto rechazo a un gobierno y a su partido por los innumerables y evidentes actos de corrupción.

Los antecedentes, en materia de desarrollo democrático, hacían esperar mejores resultados de una administración dirigida por Corral.

Más aún, estaba obligado a mantener, a costa de cualquier precio, la congruencia; que sus dichos fuesen respaldados por las acciones de gobierno.

La frustrada instalación del CC-SEA es otro ejemplo emblemático de lo contrario ¿Cómo pretender, mediante un acto escenográfico, acompañados solo de los suyos, en medio de una crisis institucional, instalar el órgano operativo de la ofensiva anticorrupción en Chihuahua, si nace cojo, ciego, pobre y cuestionado?

No son exageraciones, nace cojo pues aún le faltan dos titulares, fundamentales para su funcionamiento, el fiscal anticorrupción -¡Nomás!- y el titular del tribunal encargado de vigilar todo lo referente a lo administrativo; ciego, pues aún no tiene regulaciones; pobre pues no tiene presupuesto asignado y cuestionado por la SCJN.

¿Pues qué les pasa?

Lo que menos necesita la sociedad chihuahuense es una política gubernamental de simulación, en momentos en que la contienda presidencial -de la que no se escapan los protagonistas locales- evidencia lo peor de la clase política y en la que el factor común es ese, la simulación.

¿Cómo integrar un organismo para combatir la corrupción gubernamental con puros allegados al grupo gobernante?

¿En qué momento perdieron la brújula ciudadanizadora? ¿O nunca la tuvieron realmente?

¡Híjole!

¿Porqué tanta premura en la instalación de un organismo, supuestamente emblemático del quehacer del gobierno del amanecer?

¿Porqué hacerlo cuando están en una crisis de legitimidad y, peor aún, de legalidad, puesta en entredicho, no por el Comisionado Leyva, sino por un juez federal que, además, ha ordenado que no recurran al mismo procedimiento, en caso de reinstalar a Leyva?

Es decir, que no podrán hacer como que respetan su resolución y luego, como lo hicieron los diputados duartistas con dos de las comisionadas del actual Ichitaip, volverlas a nombrar, pues, recalca, no tienen facultades para hacerlo, es decir, no pueden destituir a su presidente, fondo del asunto que ahora tiene en vilo al órgano garante de la transparencia en Chihuahua y de cuya actuación está tan pendiente el gobierno que le prometió a sus gobernados ser el más transparente del país, pero que ahora efectúa una y mil maniobras para mantener bajo su control a todas las instancias y dependencias encargadas ¡De vigilarlo!

Urge una política de distensión y de reflexión en el grupo gobernante; contra su percepción crece la desilusión popular hacia su quehacer, y el rechazo a su concepción autoritaria del ejercicio del poder es, por momentos, avasallante.

Aún están a tiempo de recuperar el rumbo perdido. No tienen mucho.

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