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Opinión

Anticorruptelas escenográficas. Por Javier Valero

A más de uno de los lectores le podrá parecer exagerada la comparación, pero de esas dimensiones es lo que hoy sucede en el Estado Grande.

Primero establezcamos que, de acuerdo con la nueva legislación, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) debe contar con un Comité Coordinador, encabezado por el Presidente del Comité Ciudadano, e integrado por el Auditor Superior del Estado; el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Función Pública; el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; el Presidente del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); y el Comisionado Presidente del Ichitaip.

Sus funciones y facultades son muchas y variadas, pero fundamentalmente la del “diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan… La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno…”. Art. 187 Constitución de Chihuahua.

Sorpresivamente, el miércoles fue convocada la instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (CC-SEA), a realizarse el jueves por la mañana en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia.

Para esa instalación no fue convocada la vocera -e integrante- de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano, Olga Ponce, a la cual pertenece el presidente del CC-SEA.

La convocatoria se hizo en momentos por demás difíciles para la buena marcha de varias instituciones del gobierno de Chihuahua.

Por una parte, el amparo otorgado a Rodolfo Leyva que lo restituye en la presidencia del Ichitaip, que aún está pendiente de resolverse en definitiva pues Alejandro de la Rocha -quien fuera nombrado presidente, luego de la ilegal destitución de Leyva- tiene derecho a presentar una revisión del amparo otorgado a Leyva; y, por otra, las resoluciones pendientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la legalidad, o no, de la destitución de Gabriel Sepúlveda en la presidencia del TSJ y las de las facultades e integración del Consejo de la Judicatura.

Sin adelantar en qué sentido se dieran tales resoluciones, lo cierto es que existe, sobre esas instancias, un velo de incertidumbre.

Bueno, pues ese es el escenario. Ahora, imaginemos por un instante que el ganador de las elecciones del 2016 no hubiese sido Javier Corral y que el candidato del PRI, Enrique Serrano, hubiese triunfado y que, por tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia fuera el magistrado Gabriel Sepúlveda (militante del PRI y amigo de Serrano y de César Duarte); que el Auditor Superior del Estado fuese, todavía, Jesús Manuel Esparza, también militante del PRI y amigo del ex gobernador Duarte, y de Serrano; que la Secretaria de la Función Pública fuese, otra vez, Liz Aguilera, también priista y amiga de Serrano, o Karina Velázquez, la ex presidenta del PRI estatal; que el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) fuese un destacado priista y que en el Ichitaip hubiesen nombrado a otro priista en la presidencia.

Más aún, que a nombre del Congreso, a la instalación del Comité Coordinador del SEA hubiese acudido una diputada del PRI y que, a su vez, el Presidente de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización del Congreso fuese otro priista y que todos ellos hubiesen realizado la instalación de ese Comité Coordinador del SEA (CC-SEA), integrado por ¡Puros militantes priistas o personas muy cercanas al PRI o a los funcionarios estatales, en ese hipotético escenario en el que el triunfador hubiese sido el priista Enrique Serrano!

¿Se imaginan el escándalo, hasta internacional, que hubiesen armado los dirigentes y militantes del PAN?

¿Se imaginan que hubiesen hecho las organizaciones sociales derechohumanistas y las dedicadas a vigilar la transparencia del gobierno de Chihuahua?

El principal argumento para descalificar tal instalación hubiese sido que el total de sus integrantes eran del partido en el gobierno, o que mantenían estrechos lazos con el grupo gobernante.

Bueno, pues eso hizo del gobierno del amanecer el jueves anterior, aunque con una cantidad mayor de agravantes.

No son cualquier cosa.

El Presidente del TSJ está pendiendo de la resolución de la SCJN, si bien no se le conoce filia pública con el PAN al magistrado Julio César Jiménez Castro, es a quien el gobernador Corral impulsó para que ocupara esa posición; el Auditor Superior del Estado, Armando Valenzuela, es encargado del despacho y es cercano al mandatario estatal, además de que su posición está cuestionada; el presidente del CC-SEA es José Enríquez Tamez, miembro del PAN y que, de acuerdo con la normatividad nacional, no debiera ocupar esa posición, precisamente por su militancia; la Secretaria Estefany Olmos, que no es militante del PAN, pero es claramente de las confianzas del gobernador Corral.

La instalación del CC-SEA, la principal instancia que, de acuerdo con los ejes del gobierno del amanecer, sería la columna vertebral en el combate a la corrupción gubernamental lo hacen parcialmente, con casi la mitad de sus integrantes o ausentes, o sometidos a cuestionamientos judiciales y, peor, que sus nombramientos obedecen a su cercanía con el gobernante.

A esa escenográfica instalación, acudieron la diputada Blanca Gámez (PAN), en representación del Congreso del Estado y Jorge Soto (También del PAN) como presidente de la Comisión de Fiscalización.

Más aún, el CC-SEA no tiene asignado ni presupuesto, ni instalaciones; no posee empleados, ni funcionarios; no tiene una ley reglamentaria y aún no se aprueba por el Congreso del Estado la regulación del nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción y, tampoco, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; por tanto, tampoco están nombrados sus titulares, que son parte fundamental del CC-SEA.

Si el Comité Coordinador del SEA tiene estos problemas ¿Cuál es la razón de la convocatoria para su instalación? ¿Acaso en la reinstalación de Rodolfo Leyva y sus tronantes posturas en contra del gobernador Corral?

Lo hemos dicho reiteradamente, el gobierno encabezado por Javier Corral tendría retos mayores, superiores a los que podrían haber encarado sus antecesores, pues emergía de un vasto rechazo a un gobierno y a su partido por los innumerables y evidentes actos de corrupción.

Los antecedentes, en materia de desarrollo democrático, hacían esperar mejores resultados de una administración dirigida por Corral.

Más aún, estaba obligado a mantener, a costa de cualquier precio, la congruencia; que sus dichos fuesen respaldados por las acciones de gobierno.

La frustrada instalación del CC-SEA es otro ejemplo emblemático de lo contrario ¿Cómo pretender, mediante un acto escenográfico, acompañados solo de los suyos, en medio de una crisis institucional, instalar el órgano operativo de la ofensiva anticorrupción en Chihuahua, si nace cojo, ciego, pobre y cuestionado?

No son exageraciones, nace cojo pues aún le faltan dos titulares, fundamentales para su funcionamiento, el fiscal anticorrupción -¡Nomás!- y el titular del tribunal encargado de vigilar todo lo referente a lo administrativo; ciego, pues aún no tiene regulaciones; pobre pues no tiene presupuesto asignado y cuestionado por la SCJN.

¿Pues qué les pasa?

Lo que menos necesita la sociedad chihuahuense es una política gubernamental de simulación, en momentos en que la contienda presidencial -de la que no se escapan los protagonistas locales- evidencia lo peor de la clase política y en la que el factor común es ese, la simulación.

¿Cómo integrar un organismo para combatir la corrupción gubernamental con puros allegados al grupo gobernante?

¿En qué momento perdieron la brújula ciudadanizadora? ¿O nunca la tuvieron realmente?

¡Híjole!

¿Porqué tanta premura en la instalación de un organismo, supuestamente emblemático del quehacer del gobierno del amanecer?

¿Porqué hacerlo cuando están en una crisis de legitimidad y, peor aún, de legalidad, puesta en entredicho, no por el Comisionado Leyva, sino por un juez federal que, además, ha ordenado que no recurran al mismo procedimiento, en caso de reinstalar a Leyva?

Es decir, que no podrán hacer como que respetan su resolución y luego, como lo hicieron los diputados duartistas con dos de las comisionadas del actual Ichitaip, volverlas a nombrar, pues, recalca, no tienen facultades para hacerlo, es decir, no pueden destituir a su presidente, fondo del asunto que ahora tiene en vilo al órgano garante de la transparencia en Chihuahua y de cuya actuación está tan pendiente el gobierno que le prometió a sus gobernados ser el más transparente del país, pero que ahora efectúa una y mil maniobras para mantener bajo su control a todas las instancias y dependencias encargadas ¡De vigilarlo!

Urge una política de distensión y de reflexión en el grupo gobernante; contra su percepción crece la desilusión popular hacia su quehacer, y el rechazo a su concepción autoritaria del ejercicio del poder es, por momentos, avasallante.

Aún están a tiempo de recuperar el rumbo perdido. No tienen mucho.

asertodechihuahua@yahoo.com.mx; Blog: luisjaviervalero; Twitter: /LJValeroF; Facebook: Aserto

Opinión

Los muros que lloran: las redadas y el alma chicana. Por Caleb Ordoñez Talavera

En el norte de nuestro continente, justo donde termina México y comienza Estados Unidos, hay una línea invisible que desde hace décadas divide más que territorios. Divide familias, sueños, culturas, idiomas, economías… y últimamente, divide también lo humano de lo inhumano.

Esta semana, Donald Trump —en una etapa crítica de su carrera política, con una caída notoria en las encuestas, escándalos judiciales y un sector republicano que empieza a verlo más como un riesgo que como un líder— ha regresado a una vieja y efectiva estrategia: la del miedo. El expresidente ha lanzado una ofensiva pública para prometer redadas masivas contra migrantes, deportaciones “como nunca antes vistas” y políticas de “cero tolerancia”.

La razón no es nueva ni sutil: apelar al votante blanco conservador que ve en el migrante un enemigo económico y cultural. Ese votante que, ante la inflación, la violencia armada o el desempleo, prefiere culpar al que habla español que exigirle cuentas al sistema. En medio del descontento generalizado, Trump no busca soluciones reales, busca culpables útiles. Y como en otras épocas oscuras de la historia, los migrantes —sobre todo los latinos, sobre todo los mexicanos— vuelven a ser carne de cañón.

Pero hay una realidad más profunda y más dolorosa. Quien ha vivido el cruce, legal o no, sabe que la frontera no es sólo un punto geográfico. Es una cicatriz. Las políticas migratorias —de Trump o de cualquier otro mandatario— convierten esa cicatriz en una herida abierta. Cada redada, cada niño separado de sus padres, cada deportación arbitraria, no es solo una estadística más. Es una tragedia personal. Y más allá de lo político, esto es profundamente humano.

En este escenario, cobra especial relevancia la figura del “chicano”. Este término, que nació como una forma despectiva de llamar a los estadounidenses de origen mexicano, fue resignificado con orgullo en los años 60 durante los movimientos por los derechos civiles. El chicano es el hijo de la diáspora, el nieto del bracero, el hermano del que se quedó en México. Es el mexicano que nació en Estados Unidos y que, aunque tiene papeles, no olvida de dónde vienen sus raíces ni a quién debe su historia.

Los chicanos son fundamentales para entender la cultura estadounidense moderna. Están en las universidades, en el arte, en la política, en la música, en los sindicatos. Y sin embargo, cada redada, cada discurso de odio, también los golpea. Porque no importa si tienen ciudadanía: su apellido, su acento o el color de su piel los expone. Ellos también son víctimas del racismo sistémico.

Hoy, más que nunca, México debe voltear a ver a su gente más allá del río Bravo. No como simples paisanos lejanos, sino como parte de nuestra nación extendida. Porque si algo une a los mexicanos, estén donde estén, es su espíritu de resistencia. Los migrantes no huyen por gusto, sino por necesidad. Y a cambio, han sostenido economías, levantado ciudades y mantenido viva la cultura mexicana en el extranjero.

Las remesas no son solo dinero: son prueba de amor, sacrificio y esperanza. Y ese compromiso merece algo más que silencio institucional. Merece defensa diplomática, apoyo consular real, y sobre todo, empatía nacional. Cada vez que un mexicano insulta o desprecia a un migrante —por su acento pocho, por su ropa, por sus papeles— se convierte en cómplice de la misma discriminación que dice condenar.

Las fronteras, como están planteadas hoy, no son lugares de paso. Son cárceles abiertas. Zonas donde reina la vigilancia, el miedo y la burocracia cruel. Para miles de niños, esas jaulas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) son su primer recuerdo de Estados Unidos. ¿Ese es el país que dice defender los valores cristianos y la libertad?

Además, no podemos hablar de migración sin hablar del racismo. Porque este no es solo un tema migratorio, sino profundamente racial. Las políticas antiinmigrantes suelen tener rostro y acento. No se aplican con la misma fuerza para migrantes europeos o canadienses. El blanco pobre puede aspirar a mejorar; el latino pobre, a ser deportado.

Trump lo sabe, y por eso lo explota. En un año electoral donde su imagen se desmorona entre procesos judiciales, alianzas rotas y amenazas internas, necesita un enemigo claro. Y el migrante latino cumple con todos los requisitos: está lejos del poder, es fácil de estigmatizar y difícil de defender políticamente.

Pero aún hay esperanza. En cada marcha, en cada organización de ayuda, en cada abogado que ofrece servicios pro bono, en cada chicano que no olvida su origen, se enciende una luz. Y también en México. Porque un país que protege a sus hijos, donde sea que estén, es un país más digno.

No dejemos que los muros nos separen del corazón. Hoy más que nunca, México debe recordar que su gente no termina en sus fronteras. Y que el verdadero poder no está en las redadas ni en las amenazas, sino en la solidaridad. Esa que nos ha hecho sobrevivir guerras, pandemias, traiciones… y que ahora debe ayudarnos a defender lo más humano que tenemos: nuestra gente.

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